Los ex secretarios de Energía

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A la hora de sustentar su posición, una de las características más perversas del grupo de los ocho ex secretarios de Energía es la utilización sesgada de la historia reciente. Lapeña, como se describe abajo, fue el responsable de la paralización del Plan Nuclear Argentino y del abandono del plan de construcción de grandes represas hidroeléctricas. Los restantes siete ex, incluido Lapeña, protestan por la falta de inversiones en exploración de hidrocarburos y en la merma de la producción de petróleo y gas natural desde la asunción de Kirchner. Alertaban, es cierto, sobre el fin del autoabastecimiento, nada más que para contrarrestarlo reclamaban un paquete de medidas entre aumentos tarifarios (ligados al dólar), aumento de precios de los combustibles (ligado a precios internacionales), exenciones impositivas al sector privado, desregulación, privatización y anti-estatismo a ultranza. El estado calamitoso en el que se encontraba el sector al comienzo del gobierno de Kirchner fue responsabilidad de estos ocho ex funcionarios.



A continuación, algunos datos de la historia real que el grupo persiste en censurar: 1) durante el período 1990-2006, las empresas del sector nunca lograron superar las reservas certificadas de 1989, por demás alcanzadas en un 90% por YPF Sociedad del Estado, ni reponerlas a las tasas a las que lo hizo la estatal a lo largo de su historia; 2) la Argentina alcanzó su pico de máxima extracción en 1998 producto de la sobreexplotación irracional de sus yacimientos, una consecuencia directa del aumento casi exponencial de la extracción a partir de la privatización de YPF con una reposición de reservas prácticamente nula, sobre todo desde el arribo de Repsol. En efecto, en 1998 la extracción se ubicaba cerca de unos 50 millones de m3, pero las reservas eran las mismas que en 1990, cuando la extracción rondaba un 40 por ciento menos. Repsol, que arribó al país en 1998, no mejoró este comportamiento; 3) al haberse planificado la extracción con el único fin de exportar (las exportaciones pasaron de participar con el 2.5% de la producción total en 1990 a 36,7% en 2001), se menoscabó el horizonte de reservas. Desde el preciso momento que comienza a exportarse petróleo (en 1988), se afecta la futura provisión interna de este energético; 4) la exploración de pozos de petróleo y gas registró su máxima caída histórica entre 1995 y 1999, mientras que los perforados por ejemplo entre 2005 y 2007 figuran entre los valores más altos desde 1998. La vinculación del precio internacional con el esfuerzo exploratorio registrado por las empresas entre 1996 y 2005, intuye a suponer un claro desinterés por ampliar la frontera petrolera del país; 5) durante el período 1990-1999, el promedio de extracción gasífera fue de un 72% superior al registrado durante la década anterior, sin que por ello se beneficiara el mercado interno sino todo lo contrario: todos los gasoductos construidos (10 en total) se destinaron a la exportación. En igual dirección, el horizonte de reservas cayó en idéntico período un 44% (-3,6% anual), sumado al agravante de comenzar las exportaciones de gas en 1997. Entre 1989 y 2003, no existieron inversiones ni se concretaron obras de ningún tipo en materia de: ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (y la ligazón MEM-MEMSP), expansión del sistema de transporte de alta tensión, sistemas de transporte por distribución troncal y construcción de nuevas usinas hidráulicas, térmicas o nucleares. El resultado: una nula diversificación de la matriz energética nacional con el agravante de un incremento de la potencia instalada del parque de generación hacia la termoelectricidad pero con la anulación de los planes nucleoeléctrico e hidroeléctrico nacionales, como fuera dicho. En tiempos del experto Montamat y según datos de la Secretaría de Energía, la extracción de petróleo disminuyó 3,8%, las reservas bajaron 3,2% pero la exportación aumentó un 3,1%. A continuación, algunos detalles curriculares que bien vale la pena tener en cuenta a la hora de escuchar a estos "especialistas":



Daniel Montamat. Fue director de Gas del Estado entre 1985 y 1987, director y presidente de YPF entre 1987 y 1989. Luego se dedicó a asesorar empresas energéticas y también al Gobierno. De hecho, en 1990 el secretario de Empresas Públicas de Carlos Menem, Luis Prol, lo contrató como asesor petrolero, tal como destacó Horacio Verbitsky en su libro "Robo para la corona". Desde ese lugar jugó un papel clave al recomendar el nombramiento de José Estenssoro al frente de YPF. Las leyes y decretos que Roberto Dromi y Julio César Aráoz habían impulsado en 1989 habilitaban la concesión de áreas de YPF y su asociación con otras petroleras, pero no permitían vender cuencas, destilerías, barcos y ductos. Para eso se requirió otra ley y Estenssoro fue clave en esa segunda etapa, que tuvo a Montamat como un cerebro en las sombras. En diciembre de 1999 fue convocado por el presidente Fernando de la Rúa para hacerse cargo de la Secretaría de Energía, desempeñándose entre diciembre de 1999 y agosto de 2000. En ese momento fue cuestionado por la Oficina Anticorrupción por presunto conflicto de intereses, ya que su consultora Montamat & Asociados se dedicaba a asesorar a las empresas energéticas que el funcionario debía controlar. El jefe de Gabinete Rodolfo Terragno informó entonces que el propio Montamat le había asegurado que al asumir el cargo su consultora pasó a pertenecer a una prima que tenía el mismo apellido. El paso de Montamat por la secretaría marcó una continuidad de las grandes líneas estratégicas impuestas por el menemismo, pese a que el enorme apagón que sufrieron los clientes de Edesur en febrero de 1999 ya había dejado en evidencia las falencias de ese modelo con tarifas dolarizadas e indexadas a la inflación de EE.UU. Cuando dejó el gobierno, Montamat volvió a trabajar en su consultora, que aún tiene como clientes a las principales firmas del sector. En un discurso ante la Cámara de Comercio de Industrias Francesas en agosto de 2006, este ex secretario de Energía, a la sazón presidente y fundador de una de las consultoras más requeridas por las compañías del sector (locales y extranjeras), opinó entonces que "el problema no es el Estado intruso ni el Estado ausente: el problema es la discapacidad del Estado argentino, que funciona mal". Interesante opinión para quien trabajó en la función pública y fue director de YPF y Gas del Estado. Es, como no podía ser de otro modo, referente principal del grupo de los ex secretarios de Energía. Fue testigo para El Paso Energy en una demanda contra la Argentina ante el CIADI. Fuentes: Página12 (Fernando Krakowiak), OETEC-ID y CLICET.



Carlos Bastos. Fue secretario de Energía entre abril de 1991 y octubre de 1996. Durante ese período tuvo un papel protagónico en la privatización de Segba, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Gas del Estado. La enajenación del patrimonio público concretada entonces vino de la mano de un fuerte ajuste de tarifas y su posterior dolarización e indexación por la inflación de Estados Unidos. A partir de octubre de 1996 se desempeñó como consultor de empresas y en marzo de 2001 volvió a la función pública con Fernando de la Rúa. En esa segunda oportunidad, fue ministro de Infraestructura hasta que el estallido de diciembre de 2001 terminó con el gobierno de la Alianza. Luego de la devaluación, puso su experiencia y los conocimientos acumulados en la gestión pública al servicio de empresas privadas que demandaron por sumas millonarias a la Argentina. Se presentó como testigo en los reclamos iniciados contra el país por las norteamericanas AES International y El Paso Energy en el CIADI; sirvió igual para la italiana Camuzzi. Su tarea fue detallar qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado. También estuvo procesado por enriquecimiento ilícito durante su gestión como secretario de Energía, por incrementar supuestamente su patrimonio a partir del cobro de sobresueldos. Criticaba en estos términos las políticas energéticas del Presidente Kirchner: "Intervenir en la operación de los mercados, subsidiar el sector eléctrico, crear los fondos fiduciarios para costear nuevas inversiones en gasoductos y ampliaciones del sector eléctrico, no ha hecho más que sacar de su tumba al fantasma del Estado empresario, cuyo hedor (¡¡sic!!) se condensa en las actuales sospechas de corrupción que pesan sobre algunos funcionarios" (La Nación - 31/5/07). Finalmente y para este operador de mercado, los cortes del suministro eléctrico del 2006 y 2007 le valieron la opinión de "crisis energética" (La Nación 31/5/07). ¿La misma vara para medir similares escenarios? Sobre el gran apagón de febrero de 1999, "que hizo de Buenos Aires un caos" (90% del sudeste bonaerense a oscuras. Clarín - 2/28/99), definido a su vez por La Nación (28/2/99) como "el mayor corte de energía en la historia argentina", Bastos no sólo no habló "crisis energética" sino que expresó: "aconsejaría el relevo de la empresa [Edesur], por supuesto aplicando primero las penalidades que correspondan" (La Nación 28/2/99). Sobre los cortes de energía ocurridos entre noviembre y enero de 2000, Bastos alegó que "de ninguna manera los inconvenientes actuales pueden atribuirse a la privatización ni a los contratos de concesión" (La Nación 16/1/00). Fuentes: Página12 (Fernando Krakowiak), OETEC-ID y CLICET.



Jorge Lapeña. Desempeñó un papel protagónico en el sector energético durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primero como subsecretario de Planificación Energética (1983-1986), después como secretario de Energía (1986-1988) y luego como asesor del presidente (1988-1989). La crisis colosal que atravesó el sector al final de aquel gobierno radical lo dejó maltrecho, pero logró reponerse y se convirtió en un referente del área como titular del Instituto General Mosconi y la consultora Lapeña & Asociados. También forma parte del grupo de los ex secretarios de Energía que cuestionan la política oficial. En 1989, en cambio, era mucho más contemplativo con la crisis energética que no pudo evitar. "El problema que atraviesa el sector eléctrico, si bien es de características graves, no es estructural", remarcó entonces en un informe del Instituto General Mosconi. Lapeña decía, cuando los apagones amenazaban con dejar a oscuras a toda la ciudad, que la potencia instalada era suficiente, pero que la crisis se debía a "una sequía extraordinaria", "un desperfecto inusual en Atucha 1", "la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa" y "alta indisponibilidad del equipamiento térmico". Los acuerdos con el FMI de mediados de los ochenta, el endeudamiento creciente, el empobrecimiento progresivo de la población y los ajustes sistemáticos habían hipotecado nuestro crecimiento y desarrollo. No había ninguna necesidad, y mucho menos recursos, para concluir Yacyretá (iniciada su construcción en 1983) y Atucha II (el contrato para el comienzo de las obras se firmó en 1980). Por tal motivo, Lapeña es uno de los máximos responsables de la altísima dependencia hidrocarburífera que hoy exhibe nuestro país.



Alieto Guadagni. Dos veces secretario de Energía de la Nación: julio de 1982 a diciembre de 1983, y febrero-agosto de 2002 durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Su carrera en la función pública se inició durante la dictadura de Onganía. En 1966 fue interventor del Consejo Federal de Inversiones y en 1967 fue síndico titular de SEGBA. Además, entre 1966 y 1967 fue interventor del Consejo de Seguridad Social. Entre 1968-1970 fue Secretario General del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Secretario de Producción para la Defensa y Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Entre 1970 y 1971 fue Secretario de Recursos Hídricos de la Nación, durante la dictadura de Levingston. Con estos antecedentes, su primera etapa como secretario de Energía tuvo lugar durante la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, presidencia de Reynaldo Bignone. En esta primera gestión fue artífice de la renegociación de contratos con las empresas de capital nacional que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF por licitación pública desde 1977, bajo la denominada privatización periférica de la petrolera estatal. Firmas como Pérez Companc, Bridas, Techint, Pluspetrol y Astra se habían hecho de un negocio sumamente rentable y de escaso riesgo, ya que todas las áreas tenían reservas comprobadas e infraestructura adecuada para su explotación a partir de inversiones previas de YPF. Además, los contratos establecían que el petróleo que extrajeran los contratistas debía ser adquirido por la empresa estatal a un precio que generalmente excedía el costo de explotación que YPF tenía en otras áreas de similares características. Como si fuera poco, los contratistas obtuvieron condiciones aún más ventajosas cuando renovaron los contratos en marzo de 1983, durante la gestión de Guadagni. Según consta en la investigación de Esteban Serrani y Ana Castellani (2010: 7), las nuevas pautas de contratación que beneficiaron a las contratistas privados, incluían: a) El establecimiento de un nuevo nivel de producción básica, sustancialmente menor al volumen de extracción que las empresas mantenían antes de la renegociación; b) La fijación de precios más elevados para la producción básica (ahora reducida por la cláusula anterior) que significó un aumento promedio del orden del 86,4% en los precios (pasando de 26,1 a 48,7 dólares el m3); c) La condonación de las multas por incumplimiento en la producción básica comprometida originariamente en los contratos, por un total aproximado de 40 millones de dólares; y d) El incremento de los precios por producción excedente, que se ubicaron en promedio, por encima de los 140 dólares por m3. De manera que su primera etapa al frente de la Secretaría de Energía no sólo es condenable por haber tenido lugar durante la peor dictadura que asoló a nuestro país, sino también porque bajo su gestión se aprobaron condiciones contractuales que deterioraban aún más el patrimonio de YPF en beneficio de un puñado de grupos económicos, al mismo tiempo cómplices de esa dictadura. Guadagni es consultor privado y desconocemos si fue testigo para alguna empresa extranjera que nos haya demandado ante el CIADI, como por ejemplo lo fue su colega del grupo de los "ex secretarios" Daniel Montamat.



Emilio Apud. A pesar de figurar en el portal de la Secretaría de Energía como secretario de esta cartera en marzo de 2001, este ingeniero y consultor privado estuvo al frente de la gestión pública en dicha dependencia apenas ocho días. En efecto, su asunción tuvo lugar el lunes 12 de marzo de 2001 y su renuncia el martes 20 de marzo de igual año. Su efímera trayectoria en la gestión pública estuvo atada a la suerte que corrió Ricardo López Murphy como Ministro de Economía durante la presidencia de Fernando De la Rúa, en el marco de una crisis económica, política y social sin precedentes que estalló el 19 y 20 de diciembre de aquel año. Ingeniero industrial de origen radical, dirigía la Fundación Cívico Republicana que encabezaba López Murphy, con quien había compartido funciones en el equipo de campaña de Eduardo Angeloz durante las presidenciales de 1989. Allí se había generado la confianza que el Ministro de Economía depositó en Apud. Hasta el 12 de marzo, Apud había ocupado el cargo de Delegado Argentino ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande constituida por medio del Convenio Argentino-Uruguayo de 1946 sobre el aprovechamiento de los rápidos del Río Uruguay. Si se tiene en cuenta el fin de semana de por medio entre el 12 y el 20 de marzo, Apud fue secretario de Energía durante 7 días hábiles solamente. Por lo tanto tiene poco y nada para mostrar de su gestión pese a autoadjudicarse una voz experta en materia energética en los medios de comunicación.



Julio César Aráoz fue Secretario de Energía de la Nación entre el 8 de julio de 1989 y el 14 de octubre de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Previamente, fue Diputado de la Nación por la provincia de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Su paso por Energía estuvo enmarcado en la reforma estructural del sector de hidrocarburos que llevó adelante el menemismo. Bajo los principios neoliberales, la reforma se erigió sobre tres pilares: la desregulación del mercado y la transformación de los hidrocarburos en commodities, en una primera etapa, y la fragmentación y privatización de YPF, en una segunda etapa. Aráoz fue uno de los ideólogos, además de ejecutor, de la primera etapa que se desarrolló en el primer año y medio de la presidencia de Menem, junto a Roberto Dromi -Ministro de Obras y Servicios Públicos- y Octavio Frigerio -interventor de YPF. En la segunda etapa, la del desguace y privatización de YPF, el protagonista principal sería José Estenssoro -a cargo de la dirección de la empresa- con la ayuda inestimable de José Luis Manzano a la hora de negociar en 1992 la Ley 24.145 de Privatización de YPF y Federalización de los Hidrocarburos. El Secretario de Energía en esta etapa sería Carlos Bastos. Durante la gestión de Aráoz, la extracción de crudo se incrementó un 7% entre 1988 y 1990 y las exportaciones dieron un extraordinario salto del 124%, con lo cual la relación exportacióon-extracción pasó de un 2 a 4%. En cambio, la extracción de gas se mantuvo relativamente estable, apenas un aumento del 1% entre 1988 y 1990. En materia de refinación, hubo un incremento del procesamiento de crudo: 6% en 1990 respecto a 1988. Un aumento similar a la producción de gasoil (8%) pero con un inédito incremento de la exportación del 667%. Aproximadamente el 13% de la producción de gasoil de 1990 se destino a la venta externa. La exportación de nafta súper también creció fuertemente, un 352%, pese a que su producción se retrajo un 13%. El 53% de la súper elaborada en 1990 se destinó a la exportación. El perfil exportador-depredador de los propios recursos tenía razón de ser, desde que la planificación socioeconómica del país se proponia desmantelar el aparato productivo nacional, el mercado interno, el empleo y la capacidad de consumo del pueblo argentino. Finalmente, cabe destacar que desde OETEC se le envió un correo electrónico al se�or Ar�oz, el 20 de junio de 2014, incluyendo las siguientes preguntas, a la fecha aún sin ser respondidas: 1) ¿Ha sido Ud. o es testigo para una empresa extranjera en alguna demanda ante el CIADI al Estado nacional (por ejemplo como lo fueron Daniel Montamat y Carlos Bastos)?; 2) ¿Es cierto que Ud. tiene un pedido para ser investigado como supuesto informante y colaborador de la D2, la Oficina de Inteligencia de la Policía provincial durante la dictadura?; y 3) ¿Niega o ratifica lo siguiente: El abogado de Derechos Humanos y querellante en la causa La Perla, Claudio Orosz, explicó que a partir de un material que fue secuestrado en la SIDE en 1999, "nos dimos con un memorandum donde hay antecedentes respecto a Julio César Aráoz, donde surgiría que era informante y que colaboraba de forma directa con la división de información D-2 de la Policía provincial" (La Mañana de Córdoba, 27 de mayo de 2014)?