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A once años de la renacionalización del gas natural

Autor | Federico BernalRicardo De Dicco


Conflictos de Interes
Los autores no manifiestan conflictos de interés


Palabras Claves
GNEA, gasoducto del NEA, gas natural, gas por redes, acuerdos gasíferos, saqueo, ex secretarios, Menem, Frei, Enargas, Ministerio de Planificación, desarrollo, seguridad jurídica popular, renacionalización, garrafas, subsidios, Néstor Kirchner, diario La Nación, lobby, crisis energética



08-04-2015 | El sofisma neoliberal de "crisis energética" como crítica al Plan Energético Nacional 2004-2019 cumple este mes exactamente once años. Arrancó en abril de 2004, cuando el Presidente Néstor Kirchner anunció su decisión de revertir los acuerdos gasíferos firmados por Menem y Frei a mediados de la década del 90. ¿Cuál era la situación al año de asumido el primer gobierno kirchnerista? La Argentina exportaba gas natural a Chile, recurso estratégico y natural no renovable de gran participación en la matriz energética nacional. Millones de argentinos y provincias enteras sin acceso al servicio público de gas distribuido por redes ni gasoductos troncales padecían entonces el engendro de ver cómo las administraciones de Menem y De la Rúa construían gasoductos para llevar nuestro recurso más allá de la cordillera, ignorando por completo las necesidades de consumo local, desabasteciendo y boicoteando la industrialización, golpeando fuerte la calidad de vida de la sociedad. El resultado: 15 millones de argentinos sin acceso al servicio público de gas natural. ¿Error de planificación energética? De ninguna manera. No había error alguno en los administradores locales, pues quienes gobernaban a la nación no residían en la Casa Rosada sino en el extranjero. Pingue negocio para las corporaciones aquella Argentina saqueada a la vieja usanza colonial. Sin embargo y desde 2004, los más de 3.000 kilómetros de gasoductos construidos para el pueblo argentino, los 2 millones de hogares incorporados al servicio público de gas, las monumentales obras del Gasoducto del NEA (ya en marcha) y del Gasoducto Transmagallánico (en operación), así como la reciente optimización en el plan "Garrafa para todos" confirman que la máxima lanzada por Kirchner en abril de 2004 de "priorizar el mercado interno... y a los argentinos" frente al saqueo gasífero heredado del neoliberalismo fue mucho más que eso. Se trató de la segunda medida de renacionalización hidrocarburífera de la región (luego de las leyes de hidrocarburos de 1999 y 2001 en Venezuela). No puede analizarse seriamente la cuestión gasífera (y energética) en la Argentina -que ahora vuelve al debate con la discusión en torno a los subsidios y las garrafas- sin antes realizar el repaso histórico que aquí humildemente aportamos.


La estafa gasífera
A mediados de 1995, las administraciones de la Argentina y de Chile firmaron un acuerdo de complementación económica estableciendo las normas de regulación de la interconexión gasífera y suministro de gas entre ambas naciones. El mismo comprometía a nuestro país a efectuar exportaciones de gas natural a Chile de acuerdo a las tarifas y volúmenes que empresas privadas de ambos lados de la frontera consensuaran. Dicho acuerdo se logró bajo el supuesto pretexto de que en la Argentina existía un excedente importante de gas natural y que por tal motivo había que exportarlo. Sin embargo y en aquel entonces, más del 60% de la población argentina carecía de acceso al gas natural por redes, la participación de este hidrocarburo en la matriz energética se venía incrementando por el aumento de la potencia instalada del parque de generación térmico-fósil y la prospectiva para los siguientes diez años señalaba que tales compromisos no podían llegar a ser cumplidos. Esta información era de conocimiento pleno en la Secretaría de Energía de la Argentina y de la entonces Comisión de Energía de Chile al momento de firmarse el citado acuerdo en 1995. Los volúmenes exportados a Chile se vendían a US$ 2 el millón de BTU, mientras que del otro lado de la frontera se comercializaban a US$ 29 el millón de BTU. Una verdadera estafa.

Seguridad jurídica popular mancillada
Según el ENARGAS, los volúmenes exportados de gas natural durante el período 1997-2007 suman 52.041,2 millones de metros cúbicos, es decir, el equivalente al pico de producción anual registrado en 2004, o si se prefiere el equivalente a 1,2 veces la demanda anual de gas natural por redes del aparato productivo nacional en 2013. Más importante aún, esos volúmenes de gas natural exportados durante 10 años equivalen a 2 veces los volúmenes de gas natural importados de Bolivia durante el período 2004-2013, o a casi 3 veces los volúmenes de gas natural licuado (GNL) importados durante el período 2008-2013. Dicho de otra forma, de haberse defendido y respetado durante los años 90 la seguridad jurídica de los ciudadanos argentinos, representada en las leyes 17.319 y 24.076 (prohíben la exportación de gas cuando el mercado interno está insatisfecho), se hubiera evitado que un pequeño grupo de empresas beneficiada con el 70% de libre disponibilidad de las divisas generadas por exportación de gas, explotara y depredara irracionalmente nuestros yacimientos (al día de hoy muestran un horizonte de vida inferior a los 7 años). En 1995, la administración de turno debería haber exigido a las empresas invertir sus ganancias para ampliar la capacidad de transporte troncal y de distribución de gas por redes, así como desembolsar inversiones de capital de riesgo en exploración, tanto en la adquisición de nuevas tecnologías de recuperación como en la ampliación de las fronteras productivas de yacimientos en explotación; también, se las debería haber obligado a invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos y en el desarrollo de formaciones shale, al igual que en el aumento sostenido de la producción gasífera mediante una explotación racional de este recurso natural estratégico no renovable. Pero nada de eso se hizo; no era la idea de quienes gobernaban verdaderamente al país desde el extranjero.

Herencia energética neoliberal revertida
Luego de la inauguración del gasoducto NEUBA II en 1988 no hubo ninguna inversión hasta 2004 que permitiera aumentar la capacidad de transporte troncal de gas natural en el interior del país; no obstante, se construyeron una decena de gasoductos de exportación (inaugurados entre 1996 y 2003) que a lo largo de su extensión no brindaban acceso al gas natural por redes a ninguna localidad argentina. Esta información es de público acceso y se encuentra perfectamente detallada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) de la República Argentina. En efecto, las exportaciones a granel de gas natural de la Argentina (más del 90% destinadas a Chile, y el resto a Brasil y a Uruguay) comenzaron en el año 1997, y mantuvieron un crecimiento significativo y sin interrupciones hasta el año 2004. A partir de 2005, y notablemente desde 2007, dichas exportaciones gasíferas comenzaron a declinar por solicitud de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, a los efectos de satisfacer las necesidades del mercado interno, en coincidencia con el respeto a la seguridad jurídica de los ciudadanos argentinos (leyes 17.319 y 24.076). ¿Cómo fue que empezó a revertirse semejante robo al pueblo argentino? El gobierno nacional resolvió exigir a las empresas operadoras a satisfacer prioritariamente las necesidades de consumo gasífero del aparato productivo nacional, en detrimento de las exportaciones que sólo beneficiaban a empresas privadas, las cuales habían demostrado que las rentas extraordinarias internalizadas durante el auge de exportación gasífera (1997-2007) y los respectivos aumentos sistemáticos en las tarifas dolarizadas de gas por redes (1993-2000) no fueron destinadas a la expansión del sistema nacional de transporte troncal y al sistema de distribución, respectivamente, sino por el contrario una parte del capital obtenido fue transferido al exterior y otra a la construcción de una decena de gasoductos de exportación que en su trayecto dentro del territorio argentino no abastecían a ninguna aglomeración urbana.

A once años de la renacionalización del gas natural
Cuando el Presidente Néstor Kirchner decidió comenzar a revertir este plan maestro de depredación y postración nacional, el lobby de las empresas que negociaban en detrimento del pueblo argentino y su seguridad jurídica entraba en acción. El 29 de abril de 2004, el diario La Nación y su escriba Joaquín Morales Solá publicaba "La crisis energética profundiza las heridas con Chile". Sostenía el inefable periodista que frenar las exportaciones de gas perjudicaría nuestra relación con Chile y a los hogares de Santiago, cuando básicamente el grueso de las exportaciones se destinaban a una empresa (Methanex) que lo procesaba y exportaba a terceros países. Los medios del atraso y la exclusión criticaban al Presidente por priorizar el mercado interno y aspirar al horror, como señaló críticamente el mismo Morales Solá, de no querer "ni una lámpara apagada en los hogares argentinos, ni tampoco que haya una estufa o una cocina sin gas". Es que la política gasífera que defendían y defienden las corporaciones mediáticas y empresariales La Nación y el Grupo Clarín -entre otros- es la de un mercado interno desabastecido a expensas de exportaciones masivas, industrias postradas, provincias excluidas, decenas de millones de compatriotas sin servicio público de gas (¡sin provisión alguna de gas!), etc. La histórica decisión del Presidente Kirchner de renacionalizar el gas natural cumple once años. Gas natural como activo estratégico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de la calidad de vida de la población y una industrialización genuinamente federal. Abordaremos en la segunda parte de esta nota los avances registrados por la obra del gasoducto del NEA -segunda fase de dicha renacionalización junto con la recuperación de YPF- desde la seguridad energética y la seguridad jurídica del pueblo argentino, por cierto, este último, concepto vital que aguarda ser incorporado a la Constitución Nacional.