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Imputados el Presidente Macri, Peña, Prat Gay y Garavano. También los legisladores que voten la derogación

Autor | OETEC-ID


Palabras Claves
denuncia penal, buitres, Casanello, imputación, Macri, Peña, Prat Gay, deuda externa, Garavano, Instituto Sampay, Traición a la Patria, Arístides Corti, Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis, Mañana Nacional, OETEC



15-03-2016 | El Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) desea comunicar al pueblo de la Nación que la denuncia penal elaborada por los integrantes de la Asociación Civil “INSTITITUTO ARTURO E. SAMPAY”, radicada en el día de ayer en Comodoro Py y dirigida "contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, Ingeniero Mauricio Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los fondos buitre, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal Thomas Griesa", que dicha denuncia ha sido aceptada por el Juez Casanello quien además ordenó llevarla adelante.


En el programa de radio del OETEC en AM740, Mañana Nacional, el director de este Observatorio entrevistó al Dr. Arístides Corti, coautor de la citada denuncia conjuntamente con el Dr. Francisco Cholvis y el Dr. Eduardo Barcesat.

Corti señaló a Bernal que: "El Juez de la causa ya corrió vista al fiscal para que dictamine acerca de si corresponde el requerimiento de instrucción a los imputados que son concretamente el Presidente de la República, Ing. Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Garavano más los diputados y senadores que puedan votar favorablemente la derogación de la ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, es decir, en línea con el Poder Ejecutivo".

Cabe recordar que al obrar de los denunciados, la denuncia los califica como de “TRAICIÓN A LA PATRIA” (art. 215, inc. 1°, C. Penal), en concurso con “DEFRAUDACIÓN ESPECIAL”, (art. 173, inc. 7°, C. Penal) y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD (art. 248 del C. Penal), solicitando la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad que resulta del concurso delictivo, y la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública. Se califica, asimismo, al obrar de los autores y partícipes penalmente responsables, como “INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA” (ART. 29, C.N.) y se los responsabiliza por el quiebre al Art. 36 de la C.N. (DEBER DE OBEDIENCIA A LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL)".

El Juez Sebastián Casanello, que en febrero último rechazó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri por el dictado de decretos de necesidad y urgencia, ordenó llevar adelante la denuncia penal y requirió medidas de prueba, medidas que el fiscal ya puso en marcha.

En su dictamen (J. N° 7, Sec. 14, c. n° 2752/15), el fiscal señaló: "Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente". Y luego agregó: "La opinión que requiere VS está limitada a poner en movimiento o no el aparato punitivo del Estado. Vamos a hacerlo. Creemos que hay que abrir una investigación penal".

Por último, y siempre dirigiéndose al Juez, manifestó: "Dentro de este marco, y con la premura del caso, VS deberá librar una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los fondos buitres, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo. Con esos instrumentos, VS deberá encomendar también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154".



Bibliografia
"Buitres: denuncia penal imputa a Macri, Peña, Prat Gay y Garavano" (OETEC - 15/03/2016)
http://www.oetec.org/nota.php?id=1649&area=14