ÁREAS de
INVESTIGACIÓN

Desarrollo socioeconomico y Geopolitica del Desarrollo

| Artículos de opinión

Un acuerdo jurídica y económicamente “sostenible” con los “buitres”

Autor | Néstor R. Reineri


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
buitres, holdins, holdouts, acuerdo, Griesa, endeudamiento



21-03-2016 | El pretendido “acuerdo” con los “buitres” (nada de “hold outs”: no demos por el pito más de lo que el pito vale; son BUITRES, y adoran serlo) presenta una serie de riesgos que han sido cuidadosa y prolijamente ocultados por el gobierno y sus voceros; esos riesgos son de tal magnitud, que su mera existencia amerita el rechazo, sin más, de la propuesta. Los aludidos son:


El más obvio, importante e innegable: el de que “arreglar” con el 7% implique “desarreglar” casi automáticamente al 93% (“hold ins” o acreedores del canje) ¿Existe algún impedimento para que los últimos se presenten ante el juzgado de Griesa, planteando ser “me too”? Tal vez, alguna restricción procesal ¿De que inicien acciones legales ante ése u otro juzgado para obtener un pronunciamiento favorable? No ¿De que, ante un pronunciamiento inicialmente desfavorable, repudien el acuerdo del canje argumentando que fueron estafados en su “buena fe” por la Argentina, que primero propuso un arreglo, y ahora los “traiciona” ofreciendo uno mejor a los recalcitrantes (“buitres”), caída la cláusula RUFO? No, tampoco ¿De que alguien plantee un “pari passu” al revés, para generalizar los términos de la sentencia a los “hold ins”? Impredecible ¿De que, ante un pronunciamiento desfavorable sobre las cuestiones anteriores, insistan pidiendo daños y perjuicios, basado en la “mala fe” contractual de la Argentina, al cambiar los términos del acuerdo con los acreedores? Menos que menos. Y, por último, ¿de que los “hold ins”, intenten una “aceleración de los pagos”, o reclamen un resarcimiento por el tiempo que tuvieron inmovilizados sus fondos por la delirante “orden” de Griesa? Obviamente, NO.

Una segunda “generación” de riesgos se refiere específicamente a la posibilidad de que los “hold ins” encuentren un émulo de Griesa, o recurran al Griesa original, y vean satisfechas sus pretensiones incluso sin razón jurídica que los asista (ya vimos que en EEUU eso no es demasiado relevante, y ahí está la DELIRANTE y ANTIJURÍDICA interpretación del “pari passu” como elocuente testimonio): ¿alguien, basado en argumentos legales y fácticos, puede NEGAR la posibilidad de que eso suceda, y que “cerrar” este litigio no significará que se multipliquen por otro lado? Negarlo, sin más, parece antes “wishful thinking” (“expresión de deseos”) que pensamiento pragmático...

Si para resarcir al 7% “recalcitrante” (“buitre”) hay que emitir bonos por aproximadamente US$ 15.000 millones, una regla de tres simple nos permitirá estimar que - si eventualmente los “hold ins” decidieran comportarse como “me too” a manera de retorsión por el “arreglo” bajo análisis y tuvieran éxito en esa empresa -, el stock de deuda a emitir ascendería a... unos US$ 214.000 millones, equivalentes a alrededor del 40% del PBI. Ello elevaría la relación deuda (en moneda extranjera) / PBI a casi el 50% (hoy ronda el 8%). Asumiendo una tasa de interés del 7% anual, sólo para afrontar los pagos del “servicio de la deuda” (los intereses) el saldo de la balanza comercial debería equivaler a NO MENOS del 3,2% del PBI de cada año (y los compromisos comerciales, que los financie Magoya); ni hablar de las DEVASTADORAS CONSECUENCIAS de un shock externo adverso como el que significó y significa la crisis internacional desatada en 2008: de un evento así al “incendio” del país hay MENOS que un paso (corto). La pregunta va de suyo: ante semejantes riesgos implícitos y no neutralizables, ¿vale la pena el “arreglo”, o es preferible dejarlo “desarreglado” y buscar financiamiento en fuentes alternativas, como créditos bilaterales o de OOMMCC? Si desde 2017 en adelante los pagos de deuda bajan significativamente, ¿no sería más prudente esperar al menos hasta entonces para “acordar”?

Si Griesa es capaz de dictar una orden judicial donde ASEGURE que los “hold ins” no tendrán recursos ni ante su juzgado, ni ante otro, que le otorgue derecho a pretender pagos adicionales, tal vez tenga sentido derogar las leyes. Caso contrario, NO, pues no se puede descartar que ello equivalga a firmar la propia esclavitud.

Una alternativa practicable y jurídicamente “sostenible”
¿Existe algún curso de acción que permita “arreglar” con unos sin “desarreglar” con los otros? Increíblemente (o no), SÍ, EXISTE. La cuestión no es tan compleja, en el fondo: se reduce a alterar la FORMA en que se imputan los pagos en el “acuerdo”, a fin de que se cumplan las siguientes condiciones en forma simultánea:

1. Se reconoce a los demandantes pagos por capital e intereses iguales a los que habrían recibido de hacer aceptado el canje en 2005, más los intereses “corridos” a la tasa de los bonos del canje;

2. El excedente (a negociar: en este sentido creo que es mejor “dejar caer” el preacuerdo ya negociado y volver “a fojas 0”, que meter la pata y no poder salir del atolladero al cual voluntariamente nos tiramos de cabeza; los costos del “no acuerdo” son conocidos, soportables y mensurables, mientras que los costos implícitos derivados del acuerdo pueden escalar y quedar fuera de control en un santiamén) debe ser planteado, presentado y formalizado NO como “intereses”, “intereses compensatorios / punitorios”, sino como algún concepto relacionado con el proceso judicial en sí mismo (multas, astreintes, “daños y perjuicios”, “lucro cesante” o lo que sirva, sea como sea que se llame en el Derecho estadounidense). Al vincularse al JUICIO, y no ser una re - determinación de deuda, los acreedores que no iniciaron juicio NO TENDRÍAN DERECHO ALGUNO A RECLAMO sobre la base de la aplicación de la sui géneris versión de Griesa del “pari passu”: quien no hizo juicio, no tiene “derecho al pataleo” sobre esa parte, que no puede ser razonablemente considerada como un pago “voluntario”. En realidad, habría todavía una posibilidad adicional de “blindar” más el arreglo si, como parte del acuerdo, los “buitres” aceptaran ingresar al canje y cobrar con bonos del canje la parte equivalente a la que les habría correspondido como “hold ins”, pudiendo cobrar el excedente vía nuevos bonos, más bonos del canje, o en efectivo. Eso BLOQUEARÍA toda posibilidad de acción legal por parte de cualquier “hold in”;

3. De la forma planteada Y SÓLO ASÍ sería casi imposible (o, al menos, reduciría marcadamente la probabilidad de ocurrencia, pero mientras existan Griesas en el mundo, no será idénticamente igual a 0) que algún “hold in” pueda iniciar acciones legales tendientes a reclamar compensación a fin de equipararse a los “hold outs” y tener éxito. Por consiguiente, la emisión de deuda necesaria para pagar y terminar el conflicto sí puede ser razonablemente estimada y mantenida dentro de un rango compatible con el crecimiento de la economía del país.

El curso de acción planteado presenta una marcada ventaja adicional: al no cambiar los términos de pago y recibir los “buitres” bonos del canje (en parte de pago o por la totalidad: a negociar; por su parte, si se emitieran más bonos con “cupón atado al P.B.I.”, incluso podría negociarse una quita nominal mayor, que podría resultar en una quita efectiva menor… pero convirtiendo a los acreedores en “socios” del país, y no en enemigos), la “ley cerrojo” podría seguir vigente y operativa, mientras que el cierre del conflicto dejaría vigente, pero sin aplicación práctica para este caso, a la ley “de pago soberano”. Sólo se necesitaría que el Congreso avale: a) el excedente negociado, y que b) autorice la emisión de títulos para pagar y cerrar el juicio, cosa que resultaría MUCHO más aceptable para la oposición (o sea, nosotros), tanto en términos económicos, como simbólicos (si bien tenemos que avenirnos a pagar, los “buitres” tienen que entrar al canje: “empate técnico” y todos contentos).

Tengamos presente que el excedente económico del país es uno solo; mientras más les paguemos a los “buitres”, menos dinero habrá para que las provincias recuperen el 15%, según la sentencia firme de la CSJN. Es en defensa de su propio interés (y por la salud de sus finanzas) que las provincias deberían apoyar esta alternativa.

Ergo, un acuerdo basado en los lineamientos propuestos permitiría una victoria política al oficialismo, pero también y en simultáneo a la oposición, que podrá mostrarse ante la sociedad colaborando con la “gobernabilidad”, sin ceder a presiones espurias ni avalar endeudamientos ruinosos. Al final sería “lo que Griesa diga”... ma non troppo. En mi opinión, esta estrategia permite conservar intacta la bandera del “desendeudamiento” sin obstruir al oficialismo más que lo indispensable para evitar daños a la salud económica del país, y FUNDAMENTALMENTE, para esquivar la cadena del endeudamiento que – de la mano del “arreglo” – podría caer nuevamente sobre las espaldas de la Argentina. Nos veremos obligados a darle de comer a los “buitres”, pero no hasta el hartazgo y a costa de (o poniendo en riesgo) nuestro futuro.

Addenda del 03/03
Visto el espíritu de “colaboración” del Sen. Pichetto lo lleva a declarar que la bancada del FpV dará quórum al tratamiento de los proyectos en el Senado (http://www.cronista.com/economiapolitica/Fondos-buitre-Pichetto-dice-que-daran-quorum-y-profundiza-la-grieta-en-el-kirchnerismo-20160302-0078.html), a la vez que indica que “No puedo decirle si vamos a ir con una postura unificada”, en tanto su colega en Diputados, Héctor Recalde informa que “el FPV no dará quórum para tratar las Leyes Cerrojo y la de Pago Soberano”: el titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria fue entrevistado en el programa ‘Con todo el país’, y afirmó: “Estamos en contra de la forma en que negoció el Gobierno y vamos a ver quién gana en el recinto” (http://www.radionacional.com.ar/?p=97512), es de esperar que las tensiones en los bloques de Diputados y Senadores se agudizarán con el correr de los días, con alto riesgo de fracturas de difícil “soldadura” a corto plazo. Como la alternativa propuesta hace casi innecesaria la intervención del Congreso, evita en forma simultánea:

El “apriete” ya instrumentado por Monzó en Diputados sobre los legisladores, a fin de lograr quórum y voto favorable;

Lo mismo, sobre las provincias, que tienen en esta opción una herramienta para negociar mejor la deuda pendiente por la restitución del 15% de la coparticipación, decidida por la C.S.J.N. en diciembre último.