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| Artículos de opinión

Poder Judicial y Democracia

Autor | Mario Pedro Yutiz


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
Mario Yutiz, Carlos Pagni, Corte Suprema, Lorenzetti, YPF, Chevron, Vaca Muerta, narcotráfico



13-11-2015 | En el marco de una nota de clara impronta opositora y antisciolista el columnista del diario La Nación, Carlos Pagni, me involucra de manera aviesa y difamatoria. Concretamente, y mezclando mi relación familiar con el vicegobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, me adjudica un rol de operador o puntero judicial intermediando con el ministro Casal para acordar con el gobierno entrante, nombramientos de magistrados en la Provincia de Buenos Aires. La infamia, que concluye interrogándose maliciosamente si "sigo integrando Justicia legítima" persigue el objetivo de dañar mi imagen por un lado, en tanto magistrado identificado como activista de la propuesta de democratización del Poder Judicial, y sugiriendo un desmembramiento del espacio opuesta a la rosca judicial -que integro- con el pasaje de uno de sus miembros al ala triunfante en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.


Pero no voy a fatigar con mis antecedentes de militancia política previa a mi ingreso en el Poder Judicial -en el marco del movimiento nacional y popular- ni tampoco con mi pertenencia ideológica -que no se "canceló ni suspendió cuando asumí como magistrado- al pensamiento abrevado en la obra y la acción de hombres como Jorge Abelardo Ramos, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Juan Perón. Entiendo que hoy existe una tarea pendiente que consiste en penetrar la dura corteza de un Poder contra-mayoritario, elitista e históricamente ligado a los largos ciclos históricos de predominio oligárquico y proimperialista.

No resulta para nada extraño que la Corte Suprema de Justicia haya dictado en las últimas semanas una serie importante de fallos abiertamente contrarios a iniciativas del Poder Ejecutivo y favorable a los intereses económicos y mediáticos concentrados. Este máximo Tribunal ha fijado reiteradamente jurisprudencia en el sentido de considerar que las inconstitucionalidades constituyen decisiones extraordinarias reservados a casos flagrantes que violenten la letra o el espíritu de la Carta Magna.

Paralelamente una seria interpretación del funcionamiento de la tan remanida división de poderes conduce a sostener la presunción de legitimidad de las decisiones -leyes- dictadas regularmente por los otros poderes del Estado. Ocurre que -a pesar de esos antecedentes- el máximo Tribunal que preside el Dr. Lorenzetti, con la firma del renunciado Dr. Fayt, declara la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias y reinstala en su vigencia un decreto firmado por Aramburu y Rojas por el cual las propias Cámaras -léase corporaciones- deciden los nombramientos de subrogantes que duran años entre aquellos magistrados más afines.

También en vísperas del balotaje hace lugar a una acción contra YPF donde se le exige publicitar en su totalidad el contrato celebrado con la firma Chevron, desentendiéndose de la vigencia de las llamadas clausulas de confidencialidad que son habituales en contratos de esa envergadura. No creo que ésta exigencia, que objetivamente lesiona la capacidad negociadora de la empresa nacional, sería aplicada para ingresar en los libros y documentación de los grandes grupos monopólicos que constituyen el llamado "círculo rojo".

Para éstos días, también, lanza con gran despliegue mediático una Comisión de lucha contra el narcotráfico, insistiendo en fijar políticas de persecución penal en un tema que es competencia del Ministerio Público Fiscal a partir de la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, donde los fiscales están a cargo de la investigación y los jueces garantizar el debido cumplimiento de toda la normativa vigente. Pero resulta que el Dr. Lorenzetti insiste en asumir protagonismo en la lucha contra el llamado "flagelo" del narcotráfico acompañando tendencias punitivistas y "severas" que han demostrado su total ineficacia.

Finalmente, en otra decisión, vuelve a dilatar y frustrar la plena vigencia de la Ley de Medios -cuya constitucionalidad había finalmente aceptado- haciendo lugar a una extensión de la medida cautelar que permite al grupo Clarín continuar incumpliendo la norma y burlando la voluntad soberana del Pueblo Argentino.

Teniendo en cuenta lo reseñado precedentemente, estimo imprescindible reafirmar en éste momento histórico nuestra vocación profundamente democrática, no en el sentido de la perorata formal e hipócrita de un democratismo aliado a lo arcaico, a lo antipopular, al gorilismo militante, sino a aquella que emerge de la autoconciencia popular como lo señalara ese jurista patriota que se llamara Arturo Sampay.