La pobreza en materia de energía puede ser considerada como una dimensión más de la multidimensional realidad que genera la pobreza en su conjunto y que también se manifiesta en el incumplimiento de otras necesidades básicas tales como la vivienda, la salud, la educación, etc. Ser pobre en términos energéticos significa, en suma, no poder mantener la temperatura de una vivienda en condiciones adecuadas o, por lo menos, contar con serias dificultades para hacerlo.

Tanto la definición conceptual como el tratamiento y las posibles soluciones a las problemáticas referidas a la pobreza energética son tema de agenda y debate en toda Europa, a pesar de que en América Latina su abordaje aún continúe siendo incipiente.

Sin embargo, creemos que esta delicada situación no tardará en llegar a millones de familias argentinas, víctimas directas de la quita de subsidios y el mega tarifazo eléctrico vigente desde Febrero. En tanto, el conocimiento y análisis de este lamentable indicador resulta indispensable a la hora de contabilizar el tendal de "nuevos pobres" que el Macrismo dejará a su paso.

Pobreza energética en la Unión Europea
La pobreza energética se convirtió, con sus respectivos matices, en una realidad que afecta a todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE). Sin ir más lejos, de acuerdo con la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU SILC) de Eurostat (estadísticas oficiales de la UE), para el año 2012 unos 54 millones de ciudadanos europeos (más del 10% de la población total) vivían en hogares que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.

En consecuencia y tal como informa la Asociación de Ciencias Ambientales, la Unión Europea puso en marcha una serie de medidas políticas para tratar de dar respuesta al problema, entre ellas: 1) instar a los Estados miembros a incluir el concepto de pobreza energética a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de consumidores. Prueba de ello son las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas que obligan a los Estados Miembros a desarrollar planes para abordar esta temática; 2) la aprobación, por parte del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de un dictamen denominado "La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica" (Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de febrero de 2011) en el que se propone tomar en cuenta la pobreza energética a la hora de elaborar cualquier propuesta de política energética y se afirma que mejorar la eficiencia energética resulta un aspecto clave para abordar el problema y 3) la aprobación, en 2013, de un nuevo dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) denominado "Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética" (Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2013), en el que se recomiendan medidas como el establecimiento de un Observatorio Europeo de la Pobreza, centrado principalmente en la pobreza energética, la creación de un Fondo Europeo de Solidaridad Energética o el impulso de una campaña de información a nivel europeo sobre la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad en este ámbito.

Por otra parte, año tras año, Europa celebra la "semana de la lucha contra la pobreza energética" del 17 al 22 de febrero en alusión a las extraordinarias oleadas de frío que recorrieron el viejo continente en febrero de 1956. Durante ese mes, Europa soportó heladas excepcionales y un frío intenso durante casi un mes, completando el invierno más duro del que se tenga registro. Dicha conmemoración tiene por objeto resaltar la importancia de la pobreza energética en toda Europa y la responsabilidad que tienen cada una de las instituciones europeas, nacionales, regionales y locales en la materia así como fomentar el debate entre todos los agentes y la propia ciudadanía y la colaboración entre países, instituciones y organizaciones europeas.

Pobreza energética en España
Si bien el término "pobreza energética" venía siendo utilizado en el Reino Unido desde los años 90, recién aparece con mayor fuerza en España después del año 2012 al publicarse la primera edición del informe de pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). A partir de allí, la presencia de este concepto en el ámbito parlamentario y mediático español ha ido incrementándose progresivamente a lo largo del tiempo hasta llegar a convertirse en una temática prioritaria para ciertos sectores, entre ellos varios movimientos sociales que comenzaron a organizarse detrás del emblemático lema "la pobreza energética mata".




La gran crisis económica que azotó a toda Europa y particularmente a España sumada a la ola de gobiernos neoliberales que contribuyó a instrumentarla, estuvo acompañada de una suba generalizada en los precios de los productos energéticos, situación que coadyuvo no sólo a agudizar el problema sino también a profundizar sus lamentables consecuencias. En este sentido y después de la hecatombe económica, fue mucho más difícil para el pueblo español mantener las viviendas con una temperatura adecuada durante los meses fríos, situación que provocó graves problemas de salud que, en su versión más extrema, significaron el fallecimiento prematuro de miles de personas. Por cierto, de acuerdo a las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) podrían ser evitadas unas 7.200 muertes anuales de erradicarse el problema.

Pues bien, según el estudio "Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias" realizado en el año 2014 por la Asociación de Ciencias Ambientales, se estima que en 2012 (el último año con datos disponibles) un 17% de los hogares españoles, con una población de 7 millones de personas, destinaba más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar y que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Un número similar al otorgado por la organización Economics for Energy la cual afirma, de acuerdo al informe "Pobreza energética en España" del año 2014, que uno de cada diez hogares españoles, es decir, unas 1,8 millones de familias o bien unas 6 millones de personas cuentan con graves problemas para afrontar el pago de los suministros básicos de la vivienda como luz y gas.

Crisis económica, suba de tarifas y neoliberalismo
Mientras el poder adquisitivo del salario promedio español cae producto de la grave crisis económica, el aumento en las tarifas energéticas es cada vez mayor. Incluso, el conservador diario El País reconoce que "la factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% desde 2007, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se ha pasado al 6,5% en 2012" (El País 27/03/2014).

A propósito, el mismo matutino afirma que "los españoles pagan más cara la electricidad y el gas que la mayoría de los ciudadanos de los países europeos" y que "la electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda". Sumado a esto, según datos de Eurostat, el precio de la luz sigue subiendo más en España que en la media de Europa siendo que desde la mitad de 2013 a la mitad de 2014 el incremento fue del 4,1%, frente a una suba del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro.

A pesar de que España es el cuarto país dentro de la Unión Europea con mayor número de personas afectadas, por detrás de Italia, Reino Unido y Polonia, las pocas iniciativas políticas presentadas ante el Congreso español por los bloques Izquierda Plural, Grupo Mixto y PSOE fueron rechazadas de cuajo por el Partido Popular, que cuenta con mayoría parlamentaria.

De esta manera, ante el creciente problema de la pobreza energética, el neoliberalismo español en el poder no hace más que desoír el justo reclamo de movimientos sociales y partidos políticos opositores que intentan mitigar sus consecuencias. Mientras el Reino Unido y Francia desarrollan políticas integrales de apoyo a las familias que no pueden pagar la luz y el gas necesarios para garantizar la habitabilidad de su vivienda, España sigue sin otorgar soluciones de fondo y sólo ha implementado un deficiente "bono social eléctrico".

¿Habrá querido la Administración Macri, muy amiga de la Administración Rajoy, imitar este impopular ejemplo con la "tarifa anti-social" del tarifazo?