En el mes de noviembre del año 2012 el Ente Regulador de la Electricidad a partir de la Resolución 347/2012 autorizó a las empresas concesionarias de servicio de electricidad en el Área de Metropolitana EDENOR y EDESUR a la aplicación de un monto fijo para cada categoría de consumo destinado exclusivamente a inversiones en infraestructura y mantenimiento. La norma anteriormente mencionada comenzó a regir a partir del 1 de noviembre de 2012.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la empresa EDENOR, esta empresa proyectó invertir durante todo el año 2013 unos 1000 millones de pesos, 500 millones aportados por la empresa y los restantes 500 aportados por el gobierno nacional. Por lo que cabe concluir que el Estado está presente e interviene en toda la cadena que integra el sector eléctrico, y que hacen a la mejora de los servicios públicos para todos los habitantes del país. Lamentablemente, la empresa sub-ejecutó su parte.

El gobierno nacional ha encarado la mayor inversión histórica en obras de expansión del tendido eléctrico de alta tensión, tendiendo más de 5.000 kilómetros de líneas de extra alta tensión, cerrando el anillo de interconexión uniendo a casi todo el país (menos Tierra del Fuego). La potencia instalada de generación eléctrica en todo el país hoy asciende a los 31.393 MW, lo que implica un incremento del 73% respecto del año 2003 (23.000 MW). Todos estos son datos demuestran que la oferta eléctrica se encuentra actualmente garantizada, más allá de tener que realizar importaciones puntuales de electricidad de países vecinos cuando existen picos de demanda, en los períodos de calor extremo prolongado.

En las inversiones en el sector eléctrico el Estado siempre estuvo presente (desde la elevación de la cota de Yacyretá pasando por la finalización de Timbúes y General Belgrano hasta la terminación de Atucha II, estás algunas obras emblemáticas de la actual gestión). Cabe destacar que la ampliación de la capacidad de transporte fue sostenida financieramente en su totalidad por el Estado, siendo uno de los principales logros en materia de energía de estos últimos diez años.

En este sentido fue el Estado quien encaró estas obras sin ponderar criterios de rentabilidad como en la década de los 90 (donde sólo se inauguraban centrales de ciclo combinado, en detrimento de Atucha II y Yacyretá) sino que orientó inversiones en la búsqueda de una mayor diversificación de la oferta energética.

Por último cabe recordar que las tarifas que hoy abonan la gran mayoría de los usuarios de la región metropolitana del Gran Buenos Aires son las más bajas de la región. Esto se debe a que es el Estado quien subsidia la diferencia entre el valor real de la tarifa y el efectivamente abonado por los hogares, y lo hace en pos de mejorar el poder adquisitivo de estos usuarios que desde hace 10 años tienen una tarifa competitiva aumentando significativamente el consumo por habitante, y mejorando su nivel de vida.