ÁREAS de
INVESTIGACIÓN

Agro, Industria y Minería

| Artículos de opinión

La rendición de las provincias

Autor | Horacio Rovelli


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
buitres, federalismo, provincias, gobernadores



29-03-2016 | La historia de nuestro país desde que nos dimos el primer gobierno patrio enfrentó y enfrenta dos modelos, uno primario y rentístico basado en la pampa húmeda y el puerto, y el otro el de los que defienden el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Para el primero sobra territorio (en todo aquel que no se pueda plantar soja o extraer minerales) y gente. Su negocio está en formar parte de las cadenas de valor del sistema económico mundial dominante y para eso cuenta con la tierra más fértil del mundo, a la que se le suma algún grado de industrialización de la producción primaria (manufacturas de origen agropecuario), las actividades extractivas (y a como dé lugar), y a alguna industria que amparada por el Estado (en subsidio energético, en garantizarles un mercado cautivo, en financiamiento a tasas promocionales y en el "regalo" de las privatizaciones), como es el caso de la siderurgia, el aluminio y la petroquímica, puedan competir a nivel mundial. En este modelo los trabajadores son vistos como un costo, más que como un potencial consumidor.


Ese país para pocos (que se apropian de millones de hectáreas) requiere de un patrón de acumulación internacional y sujetarse a normas e intereses extranjeros, los europeizantes del siglo XIX y la primera mitad del XX, y desde la segunda mitad del siglo pasado a la actualidad en función de las grandes corporaciones con eje en los EE.UU.

El país que hoy no aparece en los medios es el de los trabajadores en general y de los productores asociados al consumo interno. Sus expresiones fueron la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio de Artigas, las montoneras de Chacho Peñaloza y Felipe Varela, algún atisbo con Hipólito Yrigoyen y, sin lugar a dudas, su cenit en el primer peronismo. En todos los casos impusieron el modelo de integración nacional que, pese a dictaduras militares, menemismo y otras traiciones y defecciones aún subsiste. Es que la Argentina sólo puede crecer si crece el poder adquisitivo y el número de los trabajadores; y esto se logra primero fortaleciendo el mercado interno. Ese hecho histórico explica también que los impuestos a la actividad interna fueron superando a los gravámenes al comercio exterior que al basarse cada vez más en el consumo, paradójicamente, fue tornando más regresivo el sistema tributario.

El modelo chileno impuesto por la dictadura de Pinochet persiste porque Chile está volcado al comercio internacional y al Pacífico (produce cobre, vino, madera, salmón para el exterior, con lo que ingresa hace construcciones, desarrolla el comercio, etc., pero todo sesgado para los sectores más ricos de la sociedad). Pero la Argentina necesita de su mercado interno y necesita también de la integración con Brasil, con el Mercosur, la Unasur, y la Celac, para poder producir a escalas convenientes y redituables alimentos, ropa, muebles, enseres personales y también radares, equipos médicos, bienes de capital y todo lo que implique la combinación de una mano de obra preparada (y con capacidad de absorber más conocimientos) y disciplinada en las 200 horas mensuales de labor.

Las inversiones y su canalización son totalmente distintas en uno u otro caso. El modelo nacional y popular requiere apuntalar el salario, la educación y capacitación, y por ende todos los condicionantes de una sociedad democrática y plena (leyes laborales, paritarias libres, derechos a la salud y al bienestar social, etc.). En cambio, el modelo de crecimiento hacia afuera cercena derechos, flexibiliza las horas y condiciones de trabajo con el pretexto de igualar la productividad de los países más avanzados, con los cuales se compite. El modelo popular necesita primero de la integración nacional que implica fundamentalmente el equilibrio de las distintas regiones y economías que la componen (donde juega un rol fundamental la coparticipación de los recursos). Segundo, debe complementarse con Brasil (y con Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, etc. etc.) en un mercado común. Inversamente, el modelo de crecimiento hacia afuera compite con Brasil y con los demás países de América Latina en bajar los salarios medidos en dólares para que las inversiones se realicen en la Argentina.

El tiempo de la Justicia
Los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un falló que llevó su tiempo, resolvieron que el 15% (unos $ 90.000 millones) que antes se apropiaba la ANSeS sea devuelto a las provincias a partir del 1 de enero del 2016.

El fallo es claro al sostener que el 15% de detracción de la masa de impuestos coparticipables acordado en el Pacto Federal I del 12 de agosto de 1992, entre la Nación (Presidente Menem, ministro Cavallo) y las provincias, tiene validez desde el 31 de diciembre de 2005. Por ende, la deuda de la Nación con las provincias es desde el 1 de enero de 2006. El gobierno de Macri reconoce el fallo con las tres provincias que hicieron el reclamo (Santa Fe, San Luís y Córdoba), y propone llegar a un acuerdo con el resto de las jurisdicciones en una flagrante desigualdad ante la ley y la Constitución Nacional.

Esos fondos, junto con el aporte de los trabajadores y las contribuciones patronales, formaban parte de los ingresos del organismo previsional para afrontar el gasto en jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo, el Programa Progresar, el Conectar Igualdad, el Seguro de Desempleo, el financiamiento de las Pensiones no Contributivas, el déficit de los sistemas de jubilaciones, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y otros gastos de la seguridad social. Es cierto que el sistema previsional argentino queda severamente dañado en sus recursos, y es así porque en nuestro país está rota la relación entre trabajadores en actividad. El SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino) reconoce para el año 2015, 9.800.000 aportantes, contra 7.200.000 de beneficiarios. La relación da menos de 1,4 activos por 1 pasivo, cuando lo ideal sería 4 o 4,25 trabajadores activos por pasivo. Esa diferencia se financió con impuestos, incluido el 15% de la masa de precoparticipación, hasta el año 2015.

Es justicia para las provincias que reciban lo que le corresponde y que de esta forma no tengan que sujetarse al gobierno nacional, donde desde el 10 de diciembre asume una nueva administración que impulsa solamente aquellos sectores y producciones capaces de integrarse al mercado mundial; el resto (que son casi todas las provincias) pasan a ser consideradas inviables (salvo la tierra para soja y extracción de minerales y en detrimento del impacto ambiental).

Pero los unitarios de ahora (como los de antes y los de siempre), que anhelan un país a su imagen y semejanza, no se quedaron con los brazos cruzados. Primero, limitaron el fallo de la corte a las tres provincias demandantes, y segundo, anularon el DNU2635/2015, para que el proceso inflacionario que ellos mismos desencadenaron con sus alarmistas valores del dólar, "licuen" el poder adquisitivo de los salarios y la recaudación impositiva en pesos, razón por la cual van a tomar deudas en monedas duras (principalmente dólar) con el pretexto de financiar el déficit previsional y fiscal, con el que cierran el círculo.

El tiempo de la infamia
La propuesta que le formuló el gobierno nacional a las provincias para la devolución de las retenciones de coparticipación significará, en el año 2016, transferencias adicionales del Tesoro de la Nación por 37.813 millones de pesos en valores corrientes (y por ende vulnerables al proceso inflacionario en ciernes). A las tres provincias con fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, San Luis y Córdoba) se les restituirá el 15 por ciento de la coparticipación que se les detraía. La transferencia a favor de ellas en este concepto sumará (a valores corrientes, obviamente van a ser menor su capacidad adquisitiva ajustados por la inflación) 14.213 millones de pesos, según la estimación oficial. El resto de las provincias (las 23 jurisdicciones restantes) recibirán un monto extra de solo 11.800 millones en el año 2016, equivalente a la restitución de tres puntos de la coparticipación.
Según el esquema propuesto por el gobierno nacional para los años 2016 a 2019, las provincias seguirán resignando parte del 15 por ciento de coparticipación que se le detraen. La propuesta contempla una transferencia gradual del Estado nacional a las provincias siempre en valores corrientes, en una escala creciente, que arranca en el 3 por ciento de la coparticipación el primer año, 2016 (11.800 millones de pesos), 6 por ciento en 2017 (27.022 millones), 9 por ciento en 2018 (44.587 millones), 12 por ciento en 2019 (62.422 millones) y el 15 por ciento pleno de la coparticipación estimada para 2020 (81.928 millones de pesos). A esas sumas en efectivo, se le agrega la erogación que en cada año hará el Tesoro Nacional en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, conforme al fallo de la Corte Suprema. El importe de esta última cifra fue estimada en 14.213 millones de pesos para el año 2016, 16.274 millones para 2017, 17.901 millones en 2018, 18.796 millones en 2019 y 19.736 millones de pesos en 2020.

Si a eso le sumamos el desfinanciamiento del sector público con una serie de medidas desordenadas, pero todas con un mismo fin, debilitar al Estado y fortalecer a los sectores más ricos de la sociedad, debemos agregar: eliminación de los derechos de exportación (retenciones) y baja en los de la soja, y la disminución de alícuotas de impuestos de bienes suntuarios, que agregados a las políticas recesivas implican menor recaudación del IVA, de Ganancias y de todos los gravámenes ligados al nivel de actividad y al empleo (por ejemplo los aportes previsionales). Semejante dislate justifica (en su lógica) el endeudamiento, y con ello reconocer exacerbadamente la acreencia de aquellos tenedores de títulos públicos nacionales argentinos que no habían ingresado en los dos canjes que se hicieron en los años 2005 y 2010.

Tanto el ministro de Hacienda y Finanzas como el Secretario de finanzas, dos ex empleados jerárquicos del JP Morgan, se abocaron desde el primer día de su designación (y aún antes en forma oficiosa) a acordar con los tenedores de esos títulos. De allí que se reúnen con el representante del juez Thomas Griesa y mediador, Daniel Pollack, quién fue el que anunció que las partes alcanzaron un principio de acuerdo por una suma de 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al mediodía, hora Nueva York, extendible con previa conformidad de las partes, sujeto a que el Congreso Nacional lo apruebe y se deroguen las denominadas "Ley Cerrojo" y la "Ley de Pago Soberano".

Ese acuerdo y otros posteriores alcanzan aproximadamente al 85 por ciento de los tenedores de deuda Argentina de antes del canje de 2005, y para pagarles harán una nueva colocación de títulos de deuda con los mismos grandes bancos intermediarios con que siempre opera la Argentina ligada al capital internacional, que Prat Gay dijo ante los diputados el 3 de marzo 2016, por hasta 11.684 millones de dólares.

Las cuentas poco claras, sumado a que nadie puede asegurar que los que entraron en los canjes de los años 2005 y 2010 puedan argüir que no se cumple igual trato y accionen contra la Argentina. Es que no se cumple el pari passu para ellos que sufrieron una quita y cobran en plazo, con respecto a los buitres que cobran 13 veces más y en efectivo y al contado.

Esos 11.684 millones de dólares que acrecientan la deuda externa argentina y que se emplea para pagar a los fondos buitres se compondrá de tres series de títulos públicos con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 por ciento anual.

Es más, en las reuniones de las comisiones para tratar el tema de la deuda en el Senado de la Nación, la profesora de Derecho Internacional Stella Maris Biocca sostuvo que la aberración jurídica es tal, que se obliga al país a pagar gastos y honorarios por las incidencias de las causas. "Fueron litigios que incluyen el intento de embargo de la Fragata Libertad e incidencias en Alemania y Bélgica, que además fueron ganadas por la Argentina. Los ganadores no son los que pagan", y un día más tarde el profesor de Economía, Mario Rapoport, en ese mismo lugar afirmó "La deuda externa es una herramienta de disciplinamiento económico por parte de los organismos internacionales, promueve la fuga de capitales y ocasiona crisis sistémicas en países periféricos como el nuestro".

Conclusiones
La subordinación de la mayor parte de las provincias a la política nacional nace en la fuerte dependencia de ingresos, incapaz de cobrar impuestos y de obtener otros recursos propios. Las provincias dependen del Tesoro de la Nación, y ese perverso mecanismo hace que terminen apoyando la aberración jurídica y económica que implica el proyecto de ley de Macri de súper cumplimiento de la sentencia del Juez Thomas Griesa.

Las provincias, que por la Constitución Nacional son dueñas del territorio y deben cobrar los impuestos directos a la propiedad (inmobiliario, patentes, sellos), lo hacen parcial y deficientemente. La prueba más clara es que teniendo 32 millones de hectáreas de tierras cultivables (y entre ellas, las más fértil del mundo), el impuesto inmobiliario cobrado por el conjunto de todas las provincias, no alcanza a ser el 0,5% del PIB (Producto Bruto Interno). Los demás ingresos (muchas de ellas cuentan con regalías mineras e hidrocarburíferas) tampoco les permiten financiar el gasto público provincial, que es más notorio en las provincias pobres del norte argentino, entre la evasión impositiva y la bajísima valuación de activos que realizan todas ellas en mayor o menor medida.

En síntesis, todas las provincias para hacer frente a sus gastos requieren de los recursos de la Nación, y esto explica porque los gobernadores que fueron al Senado de la Nación para interiorizarse del proyecto de refinanciación y toma de deuda para pagarle a los fondo buitres, el jueves 17 de marzo de 2016, estuvieron en general de acuerdo con el proyecto. Una vez más la subordinación a una política liberal y libre cambista y con ello al capital internacional.

La visión del federalismo fiscal imperante es la misma que tuvieron Rivadavia y Mitre, grandes tomadores de deuda en el extranjero para beneficio del gran capital y de ellos en lo personal, deuda que siempre pagaron los pueblos. Si es una verdad histórica que los sectores más ricos y desarrollados necesitan mantener el atraso de las regiones, porque precisamente extraen sus súper ganancias de ese atraso, lo es también dentro de nuestro país. Por eso la política de exclusión de los ricos contra la población se exacerba con las provincias y con las provincias más pobres.

La amplia mayoría de los representantes de las provincias y sus gobernadores, en lugar de denunciar la nueva infamia, aceptan su rol de subordinados condenando a su población. Y es por tal motivo que debemos hacer propia la presentación judicial de los Dres. Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, "al promover la denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo, con la consecuente descalificación para sus autores responsables en tanto que …infames traidores a la patria…" (Art. 29 de la Constitución Nacional).