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| Artículos de opinión

Cortes eléctricos: refundar el modelo energético

Autor | Ignacio Sabbatella


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
cortes de luz, Edenor, Edesur, Focede, apagón, Alberto Devoto, Segba, privatización, Midlin, Pampa Energía, Grupo Enel, EDF



06-01-2014 | Un análisis de los recientes cortes de energía eléctrica en el área metropolitana, remontándonos al primer apagón ocurrido después del fin de la Convertibilidad, en el marco de la renegociación de contratos con las empresas privatizadas.


(A)pagar
A las 15.28 del domingo 24 de noviembre de 2002 -según consta en la crónica- comenzó el peor apagón de la historia. Una explosión en un transformador de la estación Ezeiza de la empresa Transener afectó en cadena la provisión de electricidad del Sistema de Interconexión Nacional. En Capital Federal y el Gran Buenos Aires quedaron sin luz más de 16 millones de personas. También fueron afectadas las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, municipios de la costa atlántica y el interior bonaerense, y localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén y La Pampa. El corte duró entre una hora y media y poco más de 4, según los barrios, y dejaron de funcionar subtes, trenes y semáforos. Faltó agua en Capital y el Conurbano. La empresa y el Gobierno descartaron un "sabotaje" y adjudicaron el desperfecto a un "accidente" (Página 12, 25 de noviembre de 2002).

Sin embargo, el "accidente" estaba inscripto en el proceso de renegociación de contratos de las empresas privatizadas tras la sanción de la Ley de Emergencia Económica 25.561 a principios de 2002, la cual -entre otras medidas- puso fin al Plan de Convertibilidad y dejó sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. De ese modo, las tarifas de servicios públicos fueron pesificadas y congeladas. El gobierno provisorio de Eduardo Duhalde fue objeto de fuertes presiones por parte de estas empresas, a tal punto que el mega-apagón de noviembre quedó bajo sospecha para amplios sectores sociales y políticos. Las declaraciones previas de agentes de las empresas distribuidoras daban fundamentos suficientes. En agosto, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Argentina (Adeera) afirmó mediante un comunicado que "las distribuidoras no estamos en condiciones de seguir asumiendo la responsabilidad del servicio eléctrico, tal cual lo espera la ley y el contrato de concesión", mientras que un vocero de Edenor había advertido que el retorno de los apagones sería "una consecuencia natural" de la desinversión a la que las había obligado la devaluación (Página 12, 13 de agosto de 2002). Entonces, el máximo responsable de la secretaría de Energía de la Nación era Alberto Devoto.

Si bien funcionarios de la administración duhaldista admitieron en ese entonces que era necesario adecuar las tarifas -en sintonía con las expectativas privadas-, el gobierno no quiso asumir el costo político de la medida y aplazó la decisión para la nueva administración que surgiera de la elecciones de 2003. Pero los gobiernos kirchneristas tampoco llegarían a un acuerdo con todas las privatizadas, particularmente las eléctricas. La emergencia económica fue prorrogada sucesivamente hasta nuestros días, por lo que el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos (y con ellos, las tarifas) también quedó en suspenso. La desinversión y las presiones por parte de las empresas privatizadas fueron moneda corriente durante la década de la posconvertibilidad.

Once años después del mega-apagón descripto al comienzo, la historia se repite con diferentes matices. Múltiples cortes de suministro eléctrico en la región metropolitana sin generalizarse en un apagón, un gobierno que culpa directamente a las distribuidoras y las empresas que siguen sosteniendo que los problemas son inevitables sin una adecuación tarifaria.

Refundar
La reforma neoliberal del sector eléctrico a partir de 1992 con la sanción de la Ley 24.065 y con la privatización de Segba, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor a partir de ese año, determinó la desintegración vertical y horizontal del sistema conformando tres segmentos diferenciados: generación, transporte y distribución. A su vez, la política energética del neoliberalismo se completó con la desregulación del sector de hidrocarburos y las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado. En consecuencia, un área tan sensible como estratégica para cualquier país del mundo quedó en manos de las fuerzas del mercado y fragmentada en varias unidades de negocios. El Estado perdió su capacidad de planificación al enajenar sus herramientas empresarias y al crear un marco regulatorio favorable a la esfera privada. Pese a que la Ley de Convertibilidad lo prohibía, hasta fines de 2001 las tarifas eléctricas estaban dolarizadas e indexadas según la evolución de los precios de EEUU.

La distribución de electricidad en el AMBA quedó en manos de dos empresas: Edenor y Edesur. Al momento de sancionarse la Ley de Emergencia Económica, Edenor estaba controlada por la compañía francesa Electricité de France (EdF), con una participación accionaria directa y una participación indirecta por intermedio de EASA. Mientras que Edesur estaba controlada por la española Endesa y la chilena Enersis, a su vez controlada por la primera. En 2005 EdF cedió el control de Edenor a Dolphin Energía S.A. que, a su vez, fue adquirida en 2007 en su totalidad por Pampa Holding S.A., cuyo titular es el financista argentino Marcelo Mindlin. En 2009 el Grupo italiano ENEL pasó a controlar Endesa por lo que también dirige a Edesur. No obstante los cambios de accionistas a lo largo de la década, no pareciera haber cambios en la estrategia de Edenor y Edesur. Tanto los concesionarios extranjeros como los locales mostraron el mismo comportamiento: ajustar sus inversiones al mantenimiento mínimo del sistema y hacer campaña mediática para doblegar la resistencia del gobierno a descongelar las tarifas.

Del Focede a la supuesta "crisis energética"
A través de la Resolución 347 de noviembre de 2012, el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso la creación del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede), autorizando a Edenor y a Edesur a implementar un monto fijo diferenciado para cada una de las categorías de usuarios con el fin de destinar esos recursos a un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en distribución, definidas por el Estado y ejecutadas por los concesionarios. A juzgar por los recientes cortes de suministro, las inversiones ejecutadas no han sido suficientes.

Desde hace una década, analistas y medios de comunicación de perfil opositor a la gestión gubernamental vienen vaticinando una crisis energética. Un vaticinio que se renueva con cada problema en el suministro eléctrico o gasífero. Los cortes de electricidad que llegaron con las elevadas temperaturas de diciembre no fueron la excepción. Más que catalogar abstractamente a la situación actual como una crisis energética, se debería comprender que lo que entró en crisis es el modelo energético neoliberal implantado a partir de las reformas estructurales de la década del noventa. En ese sentido, la recuperación del control estatal de YPF representa un hito histórico para revertir sus consecuencias.

Aún falta mucho por hacer en otros eslabones de la cadena energética y, más aún, es necesario volver a entender integralmente al sector energético desde la etapa de obtención de energía primaria, pasando por la generación de electricidad y transporte, hasta la etapa de distribución, sin olvidar el eslabón del consumo. La totalidad del sector sólo puede ser concebido desde la planificación estatal. En definitiva, la re-estatización de las empresas distribuidoras se impone como otra medida necesaria para refundar el sector energético bajo preceptos posneoliberales.



Bibliografia
- Diversos medios de prensa

- Secretaría de Energía de la Nación