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El fracaso de las privatizaciones: el caso Segba

Autor | Hernán M. Palermo


Palabras Claves
segba, agua y energia, hidronor, neoliberalismo, dictadura, colonización cultural, edenor, edesur, distribución, electricidad



16-01-2014 | El modelo privatista implicó una profunda reforma energética y una ruptura con la concepción energética amalgamada desde la primera etapa peronista. La energía eléctrica dejó de ser pensada y planificada como un bien estratégico para ser entendida como un "commodity" más -tal como ocurrió con el caso de los combustibles fósiles- susceptible de cambiar de precio y de manos continuamente. El modelo privatista incorporó a distintos actores empresarios que, en la toma de decisiones, su único leitmotiv fue el lucro y la rápida ganancia. Se ponía fin a una organización integrada de la energía controlada por el Estado imponiéndose una racionalidad empresarial que lejos estuvo -y esta- de entender la electricidad como un derecho. Más allá de los marcos regulatorios, las decisiones en lo que se refiere a inversiones quedó determinado por la obtención de beneficios empresarios destruyéndose la noción central y prioritaria de "bien público". Hoy en día, seguimos padeciendo las consecuencias de aquel proceso iniciado a mediados de los setenta y concretado en los noventa.


En los años 90 se construyó un "diagnóstico neoliberal" que afirmaba que el Estado era un gestor ineficiente, "un elefante en un bazar" y que el capital privado era el único que estaba en condiciones de administrar los recursos esenciales como el gas, la electricidad, el petróleo, etc., que durante buena parte de la historia estuvieron bajo control del Estado. Este fue el discurso que sustentó la enajenación de empresas tales como YPF, SOMISA, Aerolíneas Argentinas, ENTeL, Obras Sanitarias y SEGBA, entre otras. Este proceso, quedó sentenciado cínicamente -entre festejos- en una famosa expresión de Roberto Dromi (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la República Argentina durante la presidencia de Carlos Menem): "nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado".

En la privatización de SEGBA, como en todas las privatizaciones, el discurso de la "ineficiencia" y el "carácter deficitario" de la empresa, fue una construcción definitoria para justificar su desguace y venta. Por el contrario, el capital privado fue identificado con la competencia, la eficiencia y la rentabilidad. Hoy, a poco más de 20 años de la privatización del sistema eléctrico, siguen asomando las consecuencias negativas que ha tenido para la sociedad argentina la ejecución de aquel decálogo menemista. Pero antes de adentrarnos en la privatización de SEGBA repasemos un poco de su historia.

Los primeros ensayos de alumbrado
En 1887 surgen en la Ciudad de Buenos Aires los primeros ensayos de alumbrado eléctrico del país. En aquel, entonces con una potencia menor a 10 Kw generada por la primera central de generación, se alumbró la céntrica y visitada calle Florida. Por aquel entonces una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad. También logra instalarse en aquellos años una central eléctrica en la ciudad de La Plata, siendo estos los primeros experimentos argentinos de generación de energía eléctrica. Lentamente comienzan a instalarse grandes empresas extranjeras que veían en el control de la generación y distribución de la energía un negocio altamente rentable. Se consolidan así compañías extranjeras tales como la Compañía Primitiva de Gas y Electricidad, la Compañía de Electricidad de Buenos Aires y la River Plate Electric Light and Traction. En 1894 se instala la Compañía General de Electricidad de Buenos Aires, contando con un capital estimado en 6.000.000 de francos provenientes de diversos países de Europa. Se intentaba instalar una nueva central eléctrica que proporcionara 2.400Kw de corriente alternada y 680 Kw de corriente continua.



Para finales del siglo XIX se produce en la Argentina una transformación estructural en la matriz energética: además de la Compañía General de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires, tres empresas más conformaron la poderosa compañía alemana CATE (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) que un año más tarde obtendría la personería jurídica habilitándola a operar en el país, comprando de a poco el resto de las empresas dedicadas a la generación. Comienza a consolidarse así una tendencia monopólica del capital europeo en la matriz eléctrica. Pronunciando este camino se produce una división del mercado eléctrico entre CATE y CTAA (Compañía de Tranvías Anglo-Argentina). El acuerdo contemplaba que la primera produciría electricidad sin entrar en el negocio del transporte y la segunda se comprometía a comprarle a la primera ese insumo. Con este acuerdo se daba un certero paso a la concentración del capital, obteniendo CATE en 1903 una concesión para la provisión de servicios eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires por un período de 50 años, y la "promesa" de que se desestimara todo proyecto Estatal para la instalación de centrales eléctricas. En una Argentina de comienzos de siglo XX marcada por un Estado liberal en términos económicos y conservador en cuestiones sociales (cabe recordar la Ley de Residencia sancionada en 1902; la implantación de prohibiciones a partir del decreto de Estado de Sitio; la creación de fuerzas policiales especiales para la represión del movimiento obrero, etc.) el capital privado hizo valer su capacidad de lobby frente a la máxima liberal de los sectores dominantes de laissez faire.

En 1912 se constituye en este contexto político la CIADE (Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad), una empresa de capitales suizo-italianos. Al poco tiempo de instalarse en el país, logra obtener de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una concesión también por 50 años, en la misma zona de influencia de la CATE (luego comprada por la CHADE: Compañía Hispano Americana de Electricidad), provocando una duplicación de los servicios, instalaciones, redes, etc. Esta empresa se reparte literalmente el mercado con la CATE. La corporación empresaria demuestra una vez más su eficacia para traspasar los límites que el Estado le impone. Para 1929 el sistema energético estaba controlado por monopolios extranjeros que se distribuyen entre sí el mercado argentino. A finales de la década del veinte, las posiciones sobre el sistema energético no eran homogéneas dentro de los sectores dominantes. Se dividían básicamente en dos grandes modelos: antiindustrialistas y agroexportadores, por un lado, e industrialistas y estatistas, por el otro. Aunque este último sector tenía menos peso en el manejo de los principales resortes del Estado, en relación al poder de los sectores más conservadores y agroexportadores, no dejó de imprimir su influencia. En los tres períodos radicales (Hipólito Yrigoyen, 1916-1922; Marcelo T de Alvear, 1922-1928; Hipólito Yrigoyen1928-1930) se dieron certeros pasos en la consolidación del Estado empresario, como la fundación de YPF, no obstante en materia del sistema eléctrico continuaba en manos del capital extranjero. No obstante, en simultáneo con este proceso de concentración, comienza a germinar un proceso de cooperativización del servicio eléctrico. Su primer ensayo ocurrió en la ciudad de Punta Lara, Provincia de Buenas Aires, con la fundación de la primera cooperativa de Servicios Eléctricos. Este recorrido conlleva a que en 1941 se lleve adelante la fundación de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad.

Punto de inflexión: sistema integrado
Durante el gobierno del Gral. Perón se crea la Dirección Nacional de Energía y las Centrales Eléctricas del Estado, cuyo objetivo fue fundar y explotar numerosas centrales eléctricas en todo el territorio. Asimismo la reforma constitucional de 1949, promovió un giro rotundo en materia energética, dado que el artículo 40 dispuso la propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, de sus recursos naturales (constitución derogada en 1956 a partir de la autodenominada Revolución Libertadora).

Este proceso se completa en 1950 con la creación de Empresas Nacionales de Energía (ENDE) que tenía a su cargo la comercialización, distribución y explotación de los combustibles y de la energía. El Estado adquiere varias compañías de electricidad del interior del país, entre ellas SUDAM, ANSEC y Suizo-Argentina, las que quedan a cargo de la Dirección General Agua y Energía Eléctrica. De esta manera el gobierno consolida un sistema energético integrado y centralizado que junto a la producción de combustibles por parte de YPF se articulaban de forma estratégica. En este modelo, las empresas del Estado eran la punta de lanza de un sistema energético integrado y centralizado, en el que la producción de energía y agua se consolidaron como un "bien público" y la producción de petróleo y acero bienes estratégicos para abastecer el entramado industrial.



El 24 de octubre de 1958 -presidencia de Frondizi- se sanciona la ley 14.772 que crea la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima Mixta), potenciando el modelo energético heredado durante el primer peronismo. El paquete accionario estaría conformado, en un principio, por un 51% en poder del Estado nacional, y el resto en manos las empresas privadas CHADE y de CEP (Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires). En 1961 SEGBA es estatizada totalmente.

En 1967 y en articulación a esta concepción integral, por ley Nº17.574 se crea la Empresa Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) para la construcción y explotación, en la zona del Comahue, de las Centrales El Chocón, Planicie Banderita y la Red de Interconexiónen 500 kV. con el GBA. Finalmente, en 1968 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) encara la construcción de la Central Atucha I, realizándose los estudios de interconexión argentino-uruguayo. La década del 70 estará caracterizada por la entrada en funcionamiento de varias centrales de generación.

La concepción que primaba era la articulación de un sistema energético integrado, centralizado, con una planificación de las necesidades de abastecimiento del país. En este proceso se generaba una articulación virtuosa con las grandes empresas del Estado, entre SEGBA, Obras Sanitarias e Hidronor (El Chocón). YPF y Gas del Estado eran la otra pata en relación a los recursos fósiles. Un modelo que con sus falencias funcionaba de forma articulada y en relación a las necesidades planificadas del abastecimiento del mercado interno.

El comienzo del final
A partir de 1976, comienzo de la última dictadura militar en la Argentina, se sentaron las bases de un proceso de transformación de política económica destinado a reencauzar el orden hegemónico en el sentido de la lógica neoliberal. De aquí en más, la producción industrial deja de ser el centro de la política económica, lo que da lugar a un modelo de acumulación basado en la valorización financiera en relación a la deuda con una clara hegemonía de las políticas neoliberales. En este sentido, cabe remarcar que el Estado tuvo un rol central en la valorización financiera del sector privado, mediante la toma de créditos y el endeudamiento sistemático, haciendo que la tasa de interés interna se elevara por encima de la tasa internacional e implementando una política de transformación del modelo de acumulación centrado en el capital financiero. Para este objetivo, las empresas estatales fueron importantes tomadoras de crédito. Tal es el caso de SEGBA, como YPF, SOMISA, ENTeL, etc., que a finales de la dictadura se convirtieron en empresas sumamente endeudadas. En este contexto, la concentración y centralización del capital fueron ejes centrales en la política económica del ministro de economía de la dictadura Martínez de Hoz. A diferencia de la segunda etapa de sustitución de importación, el capital no solo comenzó a concentrarse en monopolios y oligopolios, sino que inició un acelerado proceso de centralización posibilitando que el capital existente se distribuyera en todos los procesos productivos.

La condición para la implementación de esta política fue la configuración de una matriz de disciplinamiento social y cultural sobre la base del Terrorismo de Estado. Este proceso tuvo un particular desarrollo y virulencia en los espacios de trabajo, en los que existía un importante nivel de resistencia a las políticas empresarias. El disciplinamiento y el terror en el "suelo de fábrica" fueron la condición para el desarrollo de políticas de reconversión productiva.

El diagnóstico neoliberal se apoyó en una serie importante de sentidos y valores construyendo al "Estado empresario" y al "Mercado" como dos modos de administración y asignación de recursos sociales: el primero, caracterizado por el burocratismo, la ineficacia, la ausencia -o el funcionamiento deficitario - de una lógica mercantil y competitiva. Entre tanto, al segundo se lo construyó como una entidad positiva, donde prima la lógica de la competencia y el librecambio. Los títulos de los medios masivos de comunicación lo enunciaban de la siguiente manera:

"¿El fin del Estado Patrón? Al parecer el proceso privatizador de empresas que se encuentran en manos del Estado será encarado con toda energía…la idea es que el país no tenga cargas inútiles que drenen presupuestos" (Revista Somos del 1-04-1977. Sección economía. Editorial de la revista).


Asimismo, desde el discurso neoliberal se instaló la idea que la inflación y el déficit fiscal eran producidas por las empresas estatales. Por un lado, debido a que son "deficitarias" el gobierno debería sacar recursos de otro lugar para mantenerlas. Por el otro, los altos precios de las empresas estatales encarecían las tarifas eléctricas, el combustible y otros bienes indispensables, por lo tanto, se veía afectada toda la cadena industrial. El siguiente extracto de la Revista Somos sintetiza las ideas neoliberales de la dictadura que hoy en día, en algunos sectores de la política, pugnan por consolidarse:

"El Estado es dueño, por ejemplo de una escuela artesanal de alfombras, de una hostería, de mataderos, de una boite, de empresas aéreas, de fábrica de todo tipo. ¿Usted lo sabía?. La cuenta es larga. Son más de 300. Prácticamente todas son deficitarias y venden productos de mala calidad y caros. Pero los argentinos no se sabe bien por qué, deben poner dinero de su propio bolsillo para mantenerlas. Es una suma muy grande que por otra parte, alienta la inflación. ¿Es justo?" (Titulo, revista Somos, del 23-03-1979).
Otro punto que también construyó el discurso neoliberal es la idea del "exceso de personal" de las empresas del Estado:

"Lo que sí se sabe es que esas empresas, por empezar, son ineficientes. Tienen exceso de personal…" (Revista Somos del 23-03-1979. Nota de Tapa. Es una editorial de la revista).

Al comenzar el período democrático las empresas del Estado acumulaban importantes deudas producto del modelo implementado durante la dictadura cívico-militar. En el contexto de la democracia las ideas neoliberales continuaron su desarrollo. El principal argumento era el déficit del cual el Estado no podía ya hacerse cargo. De esta forma se fortalecieron los discursos a favor de la desregulación y la privatización. A partir del nombramiento de Rodolfo Terragno en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los aires privatistas tomaron un mayor impulso, promoviendo vehementemente la privatización y desregulación de varios sectores:

"Todas las áreas de servicios públicos van a estar abiertas a la iniciativa privada…es decir una sensible disminución del Estado en los permisos de operación" ("El desafío de Terragno. Vamos a Provocar Situaciones Críticas". Revista Somos del 28-10-87, páginas 74 y 75. Entrevista a Rodolfo Terragno, ministro de obras y servicios públicos del gobierno de Alfonsín).

El final
A pesar de los intentos de apertura privada en las empresas estatales y la fuerte impugnación al Estado en términos mediáticos, el modelo neoliberal culminó por desarrollarse en su mayor plenitud durante la década de los noventa. Las privatizaciones -imagen invertida de las nacionalizaciones de los años cuarenta- se sustentaron bajo un argumento que pregonaba que desprenderse de las empresas del Estado acabaría con la inflación, la corrupción y otros males endémicos de la Argentina. Es así que el rol del Estado neoliberal se redujo a otorgar seguridad a los inversores privados y facilitar su desarrollo en el juego del libre mercado: "estar integrados al mundo" parecía la única salida y ello implicaba indefectiblemente privatizar y seguir a raja tabla los preceptos del Consenso de Washington (eran los tiempos de las "relaciones carnales" con los Estados Unidos). La privatización del conjunto energético alcanzo a toda la cadena productiva, liberando los precios y dando apertura a la entrada del capital privado, específicamente españoles y franceses. Particularmente la privatización de SEGBA, en los primeros años de la década del noventa, implementó un proceso que podemos denominar de "tupacamarizacion", es decir fragmentación de la empresa en múltiples unidades de negocios antes de su transferencia al sector privado. De esta manera se subdividió una empresa que estaba integrada verticalmente en generación, transporte y distribución. Otra característica -a diferencia de la privatización de YPF, ENTel, Aerolíneas Argentinas y otras- fue la creación de marcos regulatorios y entes de control como el ENRE, que en la práctica cumplieron un papel testimonial.

Las consecuencias de la privatización del sistema eléctrico fueron varias:
1. Se produjo una reducción drástica de trabajadores -práctica común a todas las privatizaciones- con una baja de cerca de 16.000 trabajadores entre 1990 y 1998.

2. Un crecimiento acelerado del personal tercerizado. Este último proceso refuta la tesis del "exceso de personal" pregonado por el discurso privatista, dado que en todas las empresas privatizadas (YPF, SOMISA, SEGBA, Gas del Estado y otras) la suma del personal tercerizado con el personal denominado "propio" es aproximadamente igual al personal que estas empresas tenían al momento previo de la privatización. Con lo cual la reducción de personal acompañó una estrategia selectiva de disciplinamiento laboral y dio sustento a nuevas formas precarias y flexibles de contratación.

3. La "tupacamarizacion" en espacios productivos independientes dividió lo indivisible. Sobre la generación, se definió que podría conformarse un mercado competitivo de varias empresas. De esta manera se vendieron las centrales térmicas de SEGBA (Central Costanera, Central Puerto, Central Pedro de Mendoza y Central Dock Sud) y las hidroeléctricas del interior. En relación al transporte, las líneas de alta tensión fueron vendidas independientemente de las líneas de menor tensión. Estas últimas fueron vendidas en unidades regionales. La distribución pasó en parte al control provincial y la otra parte en tres empresas comerciales privadas: Edenor, Edesur y Edelap. A diferencia de la generación, para el transporte y la distribución se implementó un modelo de empresas monopólicas.

El modelo privatista implicó una profunda reforma energética y una ruptura con la concepción energética amalgamada desde la primera etapa peronista. La energía eléctrica dejó de ser pensada y planificada como un bien estratégico para ser entendida como un "commodity" más -tal como ocurrió con el caso de los combustibles fósiles- susceptible de cambiar de precio y de manos continuamente. El modelo privatista incorporó a distintos actores empresarios que, en la toma de decisiones, su único leitmotiv fue el lucro y la rápida ganancia. Se ponía fin a una organización integrada de la energía controlada por el Estado imponiéndose una racionalidad empresarial que lejos estuvo -y esta- de entender la electricidad como un derecho. Más allá de los marcos regulatorios, las decisiones en lo que se refiere a inversiones quedó determinado por la obtención de beneficios empresarios destruyéndose la noción central y prioritaria de "bien público". Hoy en día, seguimos padeciendo las consecuencias de aquel proceso iniciado a mediados de los setenta y concretado en los noventa.

Actualmente y a pesar de las importantes inversiones por parte del Estado en materia de generación y transporte quedó vulnerable la unidad distribución, particularmente en el área metropolitana. Evidentemente el modelo privatista ha fracasado y es momento de retomar aquellas nociones que llevaron a conformar un sistema energético estatal integrado y centralizado.



Bibliografia
Drolas Ana. (2005) Los conflictos del trabajo: experiencias en torno al espacio. Las posibilidades del aprendizaje político en el espacio de trabajo. Tesis de DEA presentada en la Universidad Complutense de Madrid

Drolas Ana. (2008). Los efectos estructurantes de la intervención humana en el proceso productivo sobre las formas organizativas de las empresas. Un estudio en empresas generadoras y distribuidoras de electricidad. Tesis de doctorado. Buenos Aires. Mimeo.

González, H. (1992): “El mercado eléctrico mayorista. Su regulación y las consecuencias de la aplicación del nuevo Marco Regulatorio Eléctrico”, en Revista Realidad Económica, Nº 108, Buenos Aires.

Graziano, R., (1989), La gestión sindical en Segba, Centro Editor de América Latina.

Revista Somos Años 1977-1987

Revista Contacto (de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) (febrero 1967; julio y octubre 1968; enero, mayo, junio y julio 1973, marzo 1975; mayo 1986; julio 1988; agosto 1995; noviembre 1996).