El diario La Nación mudó sus instalaciones a un edificio ubicado en el municipio de Vicente López. El establecimiento fue construido por la empresa Ribera Desarrollos como parte de un megaproyecto inmobiliario aledaño al Río de la Plata. La iniciativa incluye torres de oficinas, hoteles, 8.900 cocheras, salas de cine y un shopping. La desarrolladora inmobiliaria es propiedad de Carlos De Narváez, hermano del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La inauguración de esa mole de 110.000 metros cuadrados modificó la cotidianeidad de los vecinos. El consumo eléctrico de la torre propiedad de La Nación sobrepasa la capacidad soportada por la infraestructura actual y provoca reiterados cortes de luz. Lo curioso es que el diario, a través de sus páginas, apoyaba las denuncias vecinales que acompañaron el desarrollo del megaproyecto inmobiliario. Desde 2009, los habitantes de Vicente López se quejaban por el impacto ambiental de la obra, la falta de infraestructura, el uso del espacio público con fines comerciales, la dudosa autorización otorgada por el Concejo Deliberante y la falta de participación ciudadana durante el proceso de aprobación del mega emprendimiento. En una nota sobre la obra de Vicente López del 16 de Abril de 2010, el matutino expresaba: "Para que quede en la memoria de todos se está haciendo un documental con la historia que implica fondos públicos que avanzarán sobre espacios que los vecinos reclaman. Se construirán un hotel, torres y un camino ribereño. Se teme que se desaparezca la biodiversidad que allí existe."

El proyecto pudo ejecutarse debido al otorgamiento de una excepción al uso del suelo previsto por el Código de Ordenamiento Urbano de la localidad. En efecto, el Código establecía que esa zona estaba anulada para uso administrativo, comercial, residencial, de esparcimientos y de servicios. Ante las irregularidades que acompañaron el proceso, los vecinos de Vicente López recurrieron a la justicia impugnando la habilitación otorgada. El intendente denunciado, Jorge Macri, está imputado por esa causa.

Lo curioso del caso es que los problemas de infraestructura, aparejados por el inmenso edificio, fueron advertidos por la misma empresa desarrolladora inmobiliaria. En 2011, la arquitecta Elsa Álvarez remitió una nota a Edenor en donde manifestaba que la obra tendría una potencia instalada de 4.000 KVA. La profesional agregaba que esa demanda no podría ser abastecida con la red de distribución actual.

Teniendo en cuenta esas cuestiones, la habilitación del edificio contradijo abiertamente la ley provincial de ordenamiento territorial y uso de suelo Nº 8.912. Esa normativa establece en su artículo 62 que "podrán habilitarse total o parcialmente sólo después que se haya completado la infraestructura y la instalación de los servicios esenciales fijados para el caso, y verificado el normal funcionamiento de los mismos". En otras palabras, la habilitación del emprendimiento vulneró las normas vigentes en la materia.
La "solución" propuesta fue la instalación de una subestación transformadora previa autorización del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS). En el marco de una audiencia pública celebrada el año pasado, los vecinos rechazaron la instalación de esa subestación debido a las consecuencias negativas que pudiera acarrear para la salud de la comunidad. Además, exigieron el desarrollo de un estudio ambiental que debería haber estado formulado de manera previa a la habilitación.

En la misma nota antes citada, la periodista Laura Rocha sostuvo "que el patrimonio ambiental de una ciudad no es propiedad de los políticos de turno" haciendo referencia a los permisos de habilitación otorgados sin consenso vecinal en Vicente López. Otras notas del mismo diario denunciaban la habilitación de construcciones sin las correctas obras de infraestructura y medidas medio ambientales. No obstante, la mudanza de las instalaciones del diario parece haber sepultado en el olvido no sólo esos reclamos sino también los problemas eléctricos que el edificio generó en las últimas semanas a los ciudadanos de la zona.

Finalmente, cabe señalar que la inversión millonaria de la firma de las familias Saguier y Mitre se produjo en simultáneo con un viejo pleito que mantienen con la AFIP por alrededor de 330.000.000 pesos. El diario eludió el cumplimiento de la deuda impositiva debido a una medida cautelar que ya lleva más de 10 años de vigencia.