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La lucha contra el cambio climático. La posición del kirchnerismo

Autor | OETEC-ID


Palabras Claves
Acuerdo de París, adaptación, calentamiento global, cambio climático, Carbono Cero, compartidas, COP-20, COP-21, dióxido de carbono, emisiones, fundamentalismo ambiental, gases de efecto invernadero, GEI, Greenpeace, INDC, mitigación, ONU Ambiente, Plan RenovAr, reducción, represas, responsabilidades comunes, Río Turbio



12-10-2016 | En tiempos en los que los términos "cambio climático" y "calentamiento global" inundan los medios de comunicación, resulta oportuno explicar no solamente su significado sino y muy especialmente los diferentes enfoques entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con los de la actual administración. Pero el punto es que los enfoques siquiera se limitan a ser diferentes sino que son completamente antagónicos. ¿Por qué? Influenciado por el desembarco de Greenpeace en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -en compañía de otras organizaciones similares-, la posición de la República Argentina en materia de lucha contra el cambio climático pegó un giro de 180 grados. Este viraje, es decir, la nueva concepción sobre cómo encarar la lucha contra el calentamiento global -diagnóstico basado en modelos matemáticos cuya crítica por parte de la comunidad científica internacional va en exponencial aumento-, reviste crucial interés pues desnuda magistralmente como, en función del rumbo que las naciones tomen en relación al cambio climático, la energía puede convertirse en la más fenomenal, eficiente y sutil herramienta de ajuste de nuestros tiempos (léase "tarifazo") o en elemento primordial para avanzar en un camino sostenido de industrialización, autosuficiencia económica e inclusión social. Los postulados del fundamentalismo ecologista profesados por Greenpeace y alineados a la política energética y ambiental de la Unión Europea de alcanzar una matriz energética compuesta en un 100% por renovables al 2050 (eólica, solar y trazas de hidráulica), resultan indispensables a los objetivos políticos y económicos trazados por la administración macrista en su salvaje ajuste. Es que la política energética nacional está siendo modelada de acuerdo al fundamentalismo ambiental. El incremento de las tarifas en gas y electricidad no escapa a esta lógica; menos que menos el Plan RenovAr, como tampoco el congelamiento de la Central Térmica de Río Turbio, el Plan Nuclear y los proyectos de construcción de las mega represas planificadas entre 2003 y 2015. La avanzada es tremenda. A propósito y promovido por el oficialismo, el Congreso Nacional -que recibió por estos días la visita de ONU Ambiente y su propuesta de "Carbono Cero para América Latina"- se apresta además a convalidar un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo en relación al Acuerdo de París, con nuevas metas de reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), muy superiores a las presentadas por la Argentina antes del 10 de diciembre. En este sentido, los objetivos propuestos por nuestro país en octubre de 2015 y de cara a la COP-21 no están nada mal ni son insuficientes, como argumenta el macrismo. En este informe analizaremos la posición de los gobiernos kirchneristas y por qué es necesario limitar la reducción de las emisiones de CO2 comprometidas -sobre todo las del sector energético-. También explicaremos por qué la actual administración conservadora, que despotrica y atenta contra el consumo y el mercado doméstico, que abre las importaciones de forma masiva haciendo quebrar a miles de pequeñas y medianas empresas y comercios -ya quebradas varias economías regionales-, que reprimariza la economía (una economía atrasada precisa menos energía) y que dispara el desempleo y la exclusión, se propone mayores metas de reducción de los GEI a las pactadas. Realmente, si algo le falta a la nefasta política social que lleva adelante Cambiemos y que tiene en vilo en materia energética a la población, es alentar desde argumentaciones "ecologistas" (en nombre del dióxido de carbono) mayores reducciones del consumo energético de parte de los hogares, las industrias, los comercios y los demás sectores que hacen al funcionamiento de la República Argentina.


Marco internacional, Conferencia de las Partes y Acuerdo de París
La cuestión del cambio climático es encarada internacionalmente desde la denominada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde allí, 194 miembros de Naciones Unidas debaten y resuelven objetivos macro y micro (respectivos a cada nación) en lo concerniente al control de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El órgano ejecutivo de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés). Se reúne anualmente desde 1995.

La República Argentina es país "Parte" de la COP y miembro de la CMNUCC. Conforme fuera establecido en la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o COP-20 (Lima, diciembre de 2014), nuestro país presentó en octubre de 2015 y de cara a la COP-21 su "Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional" (INDC, por sus siglas en inglés). Las INDCs, como consta en el portal oficial de la COP-20, "son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con la CMNUCC y no exceder los 2 grados centígrados de temperatura en el planeta respecto a la época preindustrial. ¿Qué debe contener una Contribución Nacional? Las INDC serán determinadas por los países Parte de acuerdo a sus circunstancias nacionales y proporcionarán información sobre el nivel de ambición nacional en la reducción de gases de efecto invernadero y cómo esta contribuye al objetivo último de la CMNUCC. También contendrá el horizonte de trabajo, la estrategia de implementación, los mecanismos de monitoreo, así como la información cuanti?cable sobre mitigación".

El Acuerdo de París comenzará a regir a partir de 2020. Se divide en tres grandes temas: 1) Mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero (fundamentalmente dióxido de carbono o CO2) a través de la decarbonización de los sistemas energéticos global y local (nacionales) en primerísimo lugar. Por decarbonización se entiende la declinación en la intensidad del CO2 generada por el sector energético; 2) Adaptación, que significa anticipar los efectos adversos del cambio climático y tomar medidas adecuadas para prevenir o minimizar el daño que estos pueden causar, aprovechando las oportunidades que puedan surgir. Se ha demostrado que bien planificada, la adaptación temprana ahorra dinero y vidas; y 3) Financiamiento para la realización de 1 y 2.

En la COP-21 de diciembre de 2015, 195 países adoptaron el primer acuerdo climático global de alcance universal y jurídicamente vinculante. El acuerdo establece un plan de acción mundial para poner al mundo en el camino de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2° C en relación a los niveles preindustriales, apuntando a limitar el incremento a 1,5° C. Para ello se necesita que las emisiones globales de CO2 alcancen un máximo lo antes posible, reconociendo que los países en desarrollo tardarán más tiempo para lograr tal comportamiento en sus emisiones.

INDC de la República Argentina antes del 10 de diciembre de 2015
En octubre del año pasado, nuestro país presentó su INDC "REPÚBLICA ARGENTINA. CONTRIBUCIÓN PREVISTA Y DETERMINADA A NIVEL NACIONAL". Resulta de sumo interés remarcar los conceptos allí vertidos (los subrayados son nuestros).

En la introducción del documento se lee que: "Los impactos que hoy sufre el planeta obligan a tomar medidas inmediatas que implican grandes esfuerzos económicos. Por esta razón, los países que aún no han alcanzado su pleno desarrollo son quienes sufren con mayor gravedad este fenómeno, a pesar de no ser los principales causantes. En ese sentido, el cambio climático incrementa las desigualdades ya existentes entre las diferentes naciones, pudiendo generar un nuevo obstáculo al desarrollo de los países. Para resolver este problema se requiere la puesta en marcha de acciones concretas en materia de adaptación, mitigación, así como la provisión de medios de implementación, pero para que eso sea posible debe existir un marco de referencia consensuado entre todos los países del mundo".

"A los fines de alcanzar un acuerdo entre naciones tan distintas, es importante, en primer lugar, comprender las diferencias que las separan, tanto en sus procesos históricos como en sus metas actuales y futuras. Ello resulta necesario para evitar el incremento de las desigualdades. Por esa razón, el respeto y la plena vigencia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es fundamental para el éxito del proceso. Del mismo modo, es necesario evitar que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, se constituyan en un medio de discriminación arbitraria o injustificable o en una restricción encubierta al comercio internacional". Y como cierre de la introducción: "El cambio climático puede revertirse si todos los países del mundo logran una articulación de esfuerzos humanos y económicos, sin precedentes en la historia de la humanidad, que sólo puede lograrse si existe una decisión política sincera de todos los gobiernos del mundo".

Concluida la introducción, se avanza en el apartado "Circunstancias nacionales". Transcribimos el párrafo que fija la pertenencia al proyecto político: "Desde el año 2003 la Argentina ha adoptado un modelo económico que ha permitido articular virtuosamente el crecimiento económico y la inclusión social. Con un Estado activo en la promoción del desarrollo económico, en el fomento y la creación de puestos de trabajo y en la distribución del ingreso, la mayoría de los indicadores sociales han demostrado una evolución positiva".

Acto seguido, en el apartado "Vulnerabilidad e impactos del cambio climático" se principia por explicar que "La posición geográfica del país y sus características socioeconómicas determinan un territorio vulnerable al cambio climático y a la variabilidad climática, situación que se ha evidenciado en los últimos años como consecuencia de los sucesivos y crecientes eventos extremos, así como de cambios graduales, que afectaron varias regiones del país".

Después se abre al siguiente y fundamental tema "Perfil de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)". Transcribimos completo dada su relevancia al encuadrar la política energética en el proyecto político descripto arriba: "Cuando se analiza el perfil de emisiones de GEI del país debe considerarse: a) El alto consumo energético vinculado al transporte en un país que cuenta con un extenso territorio; b) El sostenido incremento del consumo de energía en el sector residencial fruto de una política general de desarrollo con inclusión social que tiene como uno de sus ejes garantizar el acceso universal a la energía en condiciones equitativas, como un elemento determinante de calidad de vida de los habitantes; c) El sostenido incremento del consumo de energía en los sectores productivos como insumo estratégico innegable para el desarrollo económico y la generación de empleo; d) La producción de alimentos para satisfacer la creciente demanda mundial, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria global". Es decir, nuestro país proponía cumplir objetivos de reducción de GEI pero con salvedades, esto es, no de forma indiscriminada y abstracta desde el punto de vista medioambiental. Asimismo e indirectamente, afirmaba que la emisión de CO2 está positivamente asociada a la mejora de las condiciones de vida de la población, a la necesaria y aún pendiente interconexión vial y logística del país, así como a su desarrollo económico.

En cuanto a las emisiones de CO2 del país y su distribución por sector, se explica que "De acuerdo a los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio Climático, se estiman emisiones del orden de 429,437 Giga-gramos de CO2 equivalentes para el último inventario nacional de gases de efecto invernadero. A continuación, se observa la distribución de emisiones de acuerdo a los distintos sectores:




Se prosigue entonces con el apartado "Esfuerzos realizados en adaptación y mitigación".

Comienza señalando que "La Argentina ha participado activamente en el proceso de generación y desarrollo del régimen climático internacional, en particular en lo relativo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto. Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires fue sede de dos Conferencias de Partes: la COP4 de 1998 y la COP10 de 2004. Desde ese tiempo el país viene implementando acciones nacionales voluntarias de mitigación y adaptación en diferentes sectores. Sin perjuicio de ello, con la finalidad de hacer frente en forma más eficiente y articulada a los desafíos del cambio climático, la Argentina diseñó la "Estrategia Nacional en Cambio Climático" y, dentro de ese marco institucional, como órgano coordinador, se creó el "Comité Gubernamental en Cambio Climático", espacio en el que participan representantes del Estado nacional y de las provincias".

Se pasa luego a los ejes de acción según los sectores energético, de transporte y agricultura/silvicultura. "En el sector energético se definieron dos ejes centrales: la diversificación de la matriz energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía. En tal sentido el país cuenta con una estructura normativa y con planes estratégicos a largo plazo que promueven, entre otras medidas, una mayor participación de fuentes renovables no convencionales, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles. Asimismo, se han establecido un conjunto de programas y acciones destinadas a la reducción de la intensidad energética del consumo". Como se aprecia, nuestro país se propuso una diversificación de la matriz energética por medio de todas las tecnologías disponibles, cosa que efectivamente logramos. La incorporación de energías eólica y solar así como los biocombustibles fue récord histórico.

"En el sector transporte la optimización del sistema de transporte ferroviario es concebida como una búsqueda de sustentabilidad ligada a acciones de mitigación del cambio climático. En ese sentido, constituye un marco normativo importante la ley N° 27.132 que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario".

"En el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU), entre otras medidas, se dictó la Ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Ese marco institucional permitió a las provincias llevar adelante un proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes de acuerdo a criterios de sustentabilidad y estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que estos prestan. En ese marco se creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos como medio para implementar mecanismos de compensación al sector privado con la finalidad de enriquecer, conservar, restaurar y promover el manejo sustentable de estos bosques".

Se describen a posteriori la adopción de "diversas iniciativas que han permitido aumentar la producción de alimentos reduciendo el impacto ambiental, entre ellas, el desarrollo de variedades que han permitido la disminución en la utilización de pesticidas y la resistencia al estrés hídrico, la introducción de modificaciones en las fechas de siembra y el desarrollo de sistemas de riego para compensar períodos de déficit hídrico, la introducción de prácticas de cobertura así como de sistemas de alerta temprana". Específicamente destaca el documento como iniciativas estratégicas para este sector la "incorporación de la siembra directa, combinada con la fertilización adecuada y la rotación de cultivos, medidas que han permitido retener humedad en los suelos y mejorar su estructura y fertilidad. Otras medidas incorporadas a las prácticas son la agricultura de precisión, el desarrollo de energía derivada de la biomasa, la promoción de la agricultura orgánica, así como la plantación y el manejo sustentable de los bosques implantados". Por último también, se detalla la puesta en marcha de "complejas herramientas, entre otras, el "Fideicomiso de Infraestructura Hídrica", el "Inventario Nacional de Glaciares" y el mencionado "Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos" y se desarrolló la "Estrategia Nacional de Biodiversidad". Se crearon, asimismo, espacios de articulación interinstitucional para promover la reducción de riesgos de desastres, como la "Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres" y la "Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo"".

Al cierre de este apartado un concepto fundamental y que volveremos al promediar este informe: "Finalmente, en función de que la vulnerabilidad social es un factor determinante del riesgo frente a los impactos del cambio climático, se considera que las políticas de mejora de las condiciones de vida de la población, llevadas a cabo en el marco del modelo de crecimiento con inclusión social, fortalecen las capacidades de adaptación".

La propuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Bajo el apartado "Proceso de elaboración de la contribución nacional", se describe entonces la propuesta de nuestro país en materia de objetivos de reducción de GEI a nivel COP. Dice así: "La contribución nacional que se presenta es el resultado de un proceso político-técnico iniciado en el marco del Comité Gubernamental y la Estrategia Nacional en Cambio Climático. Resultaron insumos esenciales los estudios desarrollados en el marco de la Tercera Comunicación Nacional que incluyó la actualización del inventario nacional de GEI, la identificación del potencial de mitigación nacional, el desarrollo de escenarios de cambio climático, la identificación de los impactos y vulnerabilidades y de las medidas de adaptación para hacer frente a los mismos. Tanto la mencionada comunicación nacional, como la contribución nacional son el resultado de un proceso participativo, que incluyó la visión, opiniones y propuestas de los sectores: público, privado, científico-técnico y de las organizaciones de la sociedad civil a través de la realización de numerosas reuniones, talleres de trabajo y encuestas. El proceso de consulta con los distintos actores permitió analizar las medidas de mitigación y adaptación identificadas en la Tercera Comunicación Nacional y determinar, a partir de allí, un potencial de mitigación, así como acciones en materia de adaptación".

Y acá una síntesis del espíritu de la propuesta argentina (nuestra "contribución" a la COP) con anterioridad al 10 de diciembre de 2015: "...La prioridad de la República Argentina es continuar la senda de crecimiento con inclusión social que le permita incrementar el bienestar de todos los sectores de la población, en particular de los más vulnerables. La contribución se determinó identificando las medidas tanto de adaptación como de mitigación que se acoplan con los esfuerzos dirigidos a ese objetivo. Asimismo, se consideró la participación actual del país en las emisiones globales y su contribución a la seguridad alimentaria global. La Argentina ha identificado un potencial de mitigación que le permitiría contribuir a la lucha contra el cambio climático. Parte de ese potencial puede alcanzarse con un gran esfuerzo económico y social de todos los argentinos, pero únicamente podrá realizarse por completo si se cuenta con los medios de implementación necesarios".

La República Argentina por tanto resolvió como metas de contribución las siguientes:

Meta incondicional: "La Argentina propone una meta de reducción de sus emisiones de GEI del 15% en el año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU [escenario base tendencial "Business as usual"] al mismo año. La meta incluye, entre otras, acciones vinculadas a: promover el manejo sostenible de los bosques, la eficiencia energética, los biocombustibles, la energía nuclear, las energías renovables y el cambio modal en el transporte. Los criterios para seleccionar las acciones, incluyeron el potencial para reducir/capturar emisiones de GEI y los co-beneficios asociados, así como la posibilidad de aplicar tecnologías desarrolladas nacionalmente".

Meta condicional: "La Argentina podría lograr una ampliación en la meta de reducción si se dan las siguientes condiciones: a) financiamiento internacional adecuado y predecible; b) el apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías; c) el apoyo a la creación de capacidades. En este caso, podría alcanzar una reducción de sus emisiones de GEIs del 30% en el año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU al mismo año. La meta contempla tanto el incremento del alcance de medidas en marcha, como la implementación de nuevas medidas. En la mayor parte de los casos se han identificado y analizado los costos/beneficios económicos de las mismas. Los criterios para seleccionar las acciones incluyeron el potencial para reducir/capturar emisiones de GEI y los co-beneficios asociados, así como la posibilidad de aplicar tecnologías desarrolladas nacionalmente".

Es decir y como se ilustra del gráfico de abajo, nuestro país propuso una reducción mínima del 15% en las emisiones de GEI al año 2030 (con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU) y una reducción máximo del 30% (15 puntos porcentuales adicionales) siempre y cuando se cuente con "financiamiento internacional adecuado y predecible", " apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías", así como también " apoyo a la creación de capacidades".



Fuente: "REPÚBLICA ARGENTINA. CONTRIBUCIÓN PREVISTA Y DETERMINADA A NIVEL NACIONAL", octubre de 2015. El escenario de línea de base "Business as usual" (BAU) se construye de acuerdo a una proyección del crecimiento económico en ausencia de políticas de mitigación al cambio climático. La proyección inicia en el año 2005 y llega al 2030 con emisiones de GEI equivalentes a 670 Mt CO2e. La contribución contempla seis gases de efecto invernadero: Dióxido de carbono (??2); Metano (??4); Óxido nitroso (N2O); Hidrofluorocarbonos (HFC); Perfluorocarbonos (PFC); y Hexafluoruro de azufre (SF6)".

Y finalmente, el eje en las "necesidades de adaptación", al afirmar que "La Argentina considera que la adaptación es su principal prioridad en materia de cambio climático teniendo en cuenta que los efectos adversos de este fenómeno ya se evidencian en el territorio nacional. En este contexto ha venido implementando, con medio propios, una serie de acciones en la materia. Sin perjuicio de ello y en función del apoyo que reciba en forma de financiamiento internacional, desarrollo y transferencia de tecnología y creación de capacidades podría extender y profundizar sus acciones en adaptación entre otras en los siguientes ejes de trabajo: a) La intensificación y ampliación de los sistemas de alerta temprana sobre lluvias intensas, inundaciones y olas de calor y de los sistemas de respuesta y recuperación de los desastres de origen climático; b) El enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos; c) La ampliación de la superficie agrícola bajo irrigación y las mejoras en la eficiencia de la gestión del recurso hídrico; d) La mejora en el proceso de toma de decisiones en "Manejo de cultivos"; e) La reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de los procesos de gestión de salud vinculados a impactos directos e indirectos del cambio climático; f) La implementación de medidas Estructurales y no Estructurales para hacer frente a los eventos extremos; y g) la promoción de la conservación de la biodiversidad y la Adaptación Basada en Ecosistemas. En gran parte de los casos, se han identificado y analizado medidas concretas con los costos/beneficios económicos asociados a las mismas. Nada en esta contribución puede interpretarse como que Argentina esté asumiendo compromisos que no estén contemplados en el objetivo, principios y disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, especialmente en lo referente a su seguridad alimentaria y al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas".

"Responsabilidades comunes pero diferenciadas"
En la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o COP-20 (Lima, diciembre de 2014), nuestro país se mostró alineado con China, Rusia, India y Brasil, entre otras naciones en desarrollo, coincidiendo en la necesidad de reducir la emisión de GEI pero rechazando hacerlo a expensas de perjudicar un camino de desarrollo ascendente, con eje en la industrialización, la modernización económica, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. A esta posición se la conoce como "responsabilidades comunes pero diferenciadas". A propósito, algunos conceptos claves allí vertidos:

1) Las naciones con mayor peso en América Latina, la Argentina y Brasil -en sintonía con India, China y Rusia- dejaron en claro en la COP-20 que los esfuerzos de mitigación del cambio climático deben discriminar entre grado de industrialización alcanzado, desarrollo económico, estado de la población, responsabilidades presentes e históricas en los niveles de contaminación ambiental y capacidades tecnológicas de los países en cuanto a nuevas formas de generación energética. Tal posición se denomina "diferenciación concéntrica" o, como fuera dicho, de "responsabilidades comunes pero diferenciadas".

2) La delegación argentina manifestó en la COP-20 que "la responsabilidad histórica y los niveles de emisión actuales no pueden asignarse de igual manera a todos los países. El calentamiento global ha tenido como principal causante a los países hoy desarrollados. Por lo tanto existen tres principios que son irrenunciables al diseñar un nuevo acuerdo. Primero, "responsabilidades comunes pero diferenciadas"...; segundo responsabilidad histórica en la misión; y tercero, la equidad...".

3) La propuesta de la Argentina y las naciones en desarrollo mencionadas propone encuadrar la problemática del cambio climático desde la política, esto es, en función de los objetivos de un proyecto político y que en 2014 se fundamentaba en metas de desarrollo y autosuficiencia económica con justicia social. En este sentido, la Argentina expresó: "El abordaje del cambio climático no puede desvincularse de la agenda del desarrollo, erradicación de la pobreza y mejora de la distribución del ingreso entre países". Nuestro país afirmó además lo estratégico de "avanzar en transferencias tecnológicas masivas que permitan a los países más vulnerables contribuir a la mitigación global al mismo tiempo que resolver cuestiones locales provocadas por el impacto del calentamiento. Esta sinergia permitirá [en simultáneo]... reducir la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo...". Al cierre del discurso de nuestra delegación, una notable síntesis del desafío ecologista pero a imagen y semejanza de intereses nacionales: "Tenemos una gran oportunidad: reconocernos iguales en nuestra diversidad; permitirá esto que la temática ambiental se convierta en un aporte que garantice paz, igualdad y desarrollo con inclusión social en todo el mundo".

Conclusiones
Los objetivos propuestos por la Argentina en octubre de 2015 y de cara a la COP-21 en su "Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional" (INDC) no están nada mal ni son insuficientes, como afirma la actual administración nacional. Los conceptos medulares de la propuesta fueron: 1) Que la lucha contra el cambio climático debe restringirse a objetivos de desarrollo, inclusión social y desprimarización económica, productiva e industrial; 2) La consideración de la participación actual del país en las emisiones globales bajo el marco de las "responsabilidades comunes pero diferenciadas"; y 3) Potencial de mitigación sólo "realizable por completo si se cuenta con los medios de implementación necesarios".

Reducir las emisiones de CO2 -sobre todo proponerse hacerlo desde el sector energético- impacta en el desarrollo social, económico, productivo e industrial de una nación. No resulta sorpresivo, en este sentido, que las naciones que más CO2 liberan a la atmósfera sean justamente las más desarrolladas, las más industrializadas (o camino a serlo), así como las que ostentan los mejores índices de desarrollo humano, entre otras variables. Investigaciones científicas e informes del Banco Mundial, la OMS, la UNDP y la Agencia Internacional de la Energía son contundentes al respecto.

Tampoco resulta sorpresivo, y esto es clave, que esta administración conservadora, que despotrica y atenta contra el consumo y el mercado doméstico, que abre las importaciones de forma masiva haciendo quebrar a miles de pequeñas y medianas empresas y comercios -ya quebradas varias economías regionales-, que reprimariza la economía (una economía atrasada precisa menos energía) y que dispara el desempleo y la exclusión, se proponga mayores metas de reducción de los GEI a las sostenidas por el gobierno anterior. ¿Por qué?

Influenciado por el desembarco de Greenpeace al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -en compañía de otras organizaciones similares-, la posición de la República Argentina en materia de lucha contra el cambio climático pegó un giro de 180 grados. Este viraje, es decir, la nueva concepción sobre cómo encarar la lucha contra el calentamiento global -diagnóstico basado en modelos matemáticos cuya crítica por parte de la comunidad científica internacional va en exponencial aumento-, reviste crucial interés pues desnuda magistralmente como, en función del rumbo que las naciones tomen en relación al cambio climático, la energía puede convertirse en la más fenomenal, eficiente y sutil herramienta de ajuste de nuestros tiempos (léase "tarifazo") o en elemento primordial para avanzar en un camino sostenido de industrialización, autosuficiencia económica e inclusión social. Los postulados del fundamentalismo ecologista profesados por Greenpeace y alineados a la política energética y ambiental de la Unión Europea de alcanzar una matriz energética compuesta en un 100% por renovables al 2050 (eólica, solar y trazas de hidráulica), resultan indispensables a los objetivos políticos y económicos trazados por la administración macrista en su salvaje ajuste. En este sentido debe analizarse incluso el Plan RenovAr.

Es por ello que desde OETEC consideramos imprescindible que el Congreso Nacional, antes de convalidar cualquier proyecto de ley como el elaborado por el Poder Ejecutivo en relación al Acuerdo de París, conozca las nuevas metas de reducción de GEI aspiradas por el macrismo, así como los estudios que den cuenta de su impacto en lo social, productivo, industrial, económico y energético, si es que dicha propuesta se propone incrementar los porcentajes a los que nuestro país ya se había comprometido en su INDC de octubre del año pasado.

Realmente, si algo le falta a la nefasta política social que lleva adelante Cambiemos y que tiene en vilo en materia energética a la población, es alentar desde el fundamentalismo ambiental mayores reducciones del consumo energético de parte de los hogares, las industrias, los comercios y los demás sectores que hacen al funcionamiento de la República Argentina en nombre del dióxido de carbono.



Bibliografia
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http://www.oetec.org/nota.php?id=1687&area=1

OETEC (16/03/2016) Energía, medioambiente y represas en Santa Cruz. ¿Quién dirige la política energética nacional? http://www.oetec.org/nota.php?id=%201654&area=%201

OETEC (07/03/16) Represas en Santa Cruz: Carta Abierta al Presidente de la Nación
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OETEC (18/02/2016) Greenpeace, las represas en Santa Cruz y la central Río Turbio
http://www.oetec.org/nota.php?id=1579&area=1

OETEC (29/12/15) Las represas de Santa Cruz: en defensa del empleo, la industria y la seguridad energética
http://www.oetec.org/nota.php?id=1493&area=1