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Energia

| Artículos de opinión

La Energía (desde adentro) en los tiempos de Macri. Un abordaje desde Santa Cruz

Autor | Andrés Cirnigliaro


Conflictos de Interes
El autor es asesor político y de gestión de Servicios Públicos Sociedad del Estado, provincia de Santa Cruz.


Palabras Claves
Santa Cruz, Servicios Públicos SE, SPSE, generación de electricidad, servicios públicos, derecho humano, mercado, CAMMESA, SADI



15-07-2018 | Desde el 10 de diciembre de 2015, la conceptualización de los servicios públicos se vio modificada por nuevos, pero conocidos, paradigmas. El discurso oficial afirmó, y continúa afirmando, que los valores de los servicios públicos en la Argentina estaban/están desactualizados. Si bien esta frase es disfrazada y adornada con ecuaciones matemáticas abstractas, la realidad es que dicha afirmación es una definición de carácter política. Los servicios públicos en argentina son baratos…… ¿en función de qué? ¿en relación a qué? Si de sus costos de producción hablamos, entonces, la frase más apropiada sería: "los servicios públicos son un bien de consumo, no un derecho". Sin embargo, suponemos que esta frase puede resultar antipopular para las estrategias de marketing del PRO y, por ende, contraproducentes a fines electoralistas.

A continuación, presentamos el caso de Santa Cruz, analizando su estado de situación con respecto al sistema energético y las soluciones conceptuales y pragmáticas ante la sociedad de su territorio. Un solo dato ilustrativo de la importancia del caso estudiado: el gobierno de esta provincia decidió disminuir al mínimo posible los aumentos en materia energética. Por este motivo, de los gastos de energía aprobados en el presupuesto, sólo traslada a los usuarios el 33%. Es decir, el 67% de los costos de la energía son absorbidos por las arcas provinciales. Esta situación convierte a Santa Cruz en la provincia con las tarifas de energía más bajas del país. A través de esta política, y aquí lo medular, se establece que el principio rector de los servicios públicos es su accesibilidad y asequibilidad, y no sus respectivos costos.



Introducción
Si bien existen distintos autores que expresan diversas interpretaciones sobre lo que constituye un Estado, una definición en particular sintetiza la esencia que regirá en el presente informe. En "La formación del Estado argentino", Oscar Oszlak define al Estado como "el resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco institucional considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida social organizada". En esta definición, la preponderancia de las instituciones en el entramado de una sociedad es ineludible. A su vez, la instancia política de dominación de la sociedad a la que se refiere Oszlak, se circunscribe a un territorio determinado. Es así que, de esta definición surgen las tres variables elementales que constituyen un Estado: gobierno, sociedad y territorio.

Los servicios públicos, principalmente los que surgen de los recursos naturales -agua, energía y gas- representan una herramienta de intercomunicación entre estos tres elementos principales. En el territorio se concentran los recursos naturales. En el gobierno, las instituciones se dirimen el control y gestión de dichos recursos. Mientras que la sociedad precisa de la óptima utilización de estas variables para su desarrollo. Este inalterable tejido de componentes convierte a los servicios públicos en la variable más importante para la comprensión de la organización de un Estado. El estudio de los servicios públicos en un determinado Estado conlleva los siguientes conceptos: recursos naturales, demografía, topografía, normativa legal, derechos sociales, derechos humanos, políticas públicas, instituciones públicas y privadas etc.

Es tan amplio el espectro de los servicios públicos, desde lo teórico hasta lo empírico, que entender este rubro significa comprender la esencia misma del Estado. Es decir que, para lograr la organización del Estado que se propone, es menester comenzar por la organización de los servicios públicos.

Desde el 10 de diciembre de 2015, la conceptualización de los servicios públicos se vio modificada por nuevos, pero conocidos, paradigmas. El discurso oficial afirmó, y continúa afirmando, que los valores de los servicios públicos en la Argentina estaban/están desactualizados. Si bien esta frase es disfrazada y adornada con ecuaciones matemáticas abstractas, la realidad es que dicha afirmación es una definición de carácter política. Los servicios públicos en argentina son baratos…… ¿en función de qué? ¿en relación a qué? Si de sus costos de producción hablamos, entonces, la frase más apropiada sería: "los servicios públicos son un bien de consumo, no un derecho". Sin embargo, suponemos que esta frase puede resultar antipopular para las estrategias de marketing del PRO y, por ende, contraproducentes a fines electoralistas.

Asimismo, dada la centralidad y hegemonía mediática de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, las realidades de las provincias quedan, frecuentemente, opacadas y relegadas. En el caso de la energía, las distribuidoras -en su mayoría provinciales o municipales-, las cuales son el último eslabón de la cadena después de la generación y el transporte, enfrentan un dilema pendular entre los aumentos sistemáticos del precio mayorista y el contacto directo y territorial con la demanda y la necesidad de este tan vital elemento. El abordaje que cada distribuidora asume ante la complejidad coyuntural deriva de las decisiones políticas y estratégicas de sus respectivos gobiernos.

A continuación, presentamos el estudio del caso de Santa Cruz, analizando su estado de situación con respecto al sistema energético y las soluciones conceptuales y pragmáticas ante la sociedad de su territorio.

El caso de Santa Cruz
Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) es el organismo provincial responsable de la distribución del agua, la energía, la energía pública y el tratamiento de los líquidos de desagüe cloacal, en todo el conjunto del territorio de la provincia de Santa Cruz. La prestación de cuatro servicios por parte de un solo ente dentro de la esfera del Estado convierte a SPSE en una experiencia única en la materia, en todo el país. Por este motivo, su estudio y análisis resultan particularmente atractivos. Para lograr un mayor grado profundidad en el análisis, el presente informe se enfocará en el rubro de la energía. Evaluar y destacar una metodología contrapuesta a la tendencia nacional actual puede resultar útil como ejemplo conceptual y empírico alternativo dentro de un universo que, a priori, aparenta sumisión absoluta a las leyes del mercado.
Santa Cruz es la provincia con menor cantidad de habitantes por kilometro cuadrado del país. 347.593 habitantes (1), distribuidos sobre 243.943km2, y conglomerados en 15 municipios y 5 comisionados de fomento.

SPSE abarca 114.478 titulares de servicio esparcidos en cada uno de los 20 distritos de la provincia. A modo de comparación, sobre una superficie de cobertura de 4.637 km2, Edenor contaba al cierre de 2017 con 2.950.329 clientes. Es decir, sobre un área equivalente al 2% de la superficie total de la provincia de Santa Cruz, Edenor tiene un 2.500% más de usuarios.

Por otra parte, en Santa Cruz el 60% de las localidades se encuentran por fuera del rango de cobertura energética del SADI. Consecuentemente, la compra de energía no se limita al Interconectado, e incluye alquiler/compra de grupos generadores, compra de combustible y gas para su respectivo abastecimiento, y sus costos de mantenimiento, entre otros. En la nota al pie 2, las tablas comparativas entre las localidades dentro del SADI (izquierda) y las dependientes de la generación aislada (derecha).

En lo que respecta a CAMMESA, el cambio de paradigma en la política energética nacional iniciado administrativamente por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 134/2015, seguido por la Resolución 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería, significaron, para SPSE, un aumento en la compra de la energía mayorista, al presente mes, del orden del 1.600%. En términos taxativos, la factura N°0051-00031744 correspondiente a mayo del 2015 tenía un importe de $5.374.208, mientras que la N°0051-00048481 de mayo del 2018 alcanzó los $75.520.442,64. El siguiente gráfico refleja la progresión de los aumentos en el transcurso de la gestión actual de gobierno:


Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA y SPSE.

Ahora bien, considerando la descripción geográfica, demográfica y técnica de la provincia previamente descripta, CAMMESA solo representa el 40% de los costos totales en materia de energía que afronta SPSE.

Política energética provincial
En el mes de mayo de 2018, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el presupuesto provincial para dicho año. La tabla que sigue refleja los valores estipulados en ítem II-GASTOS CORRIENTES de la partida presupuestaria destinada a SPSE.


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SPSE.

De la anterior tabla se desprende una segunda, que evalúa los gastos aprobados en el presupuesto provincial 2018 y la cantidad de kw facturados mensualmente. De estas dos variables surge el valor unitario promedio del kw actual comparado y su valor real:


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SPSE.

En ejercicio de la plena conciencia del deterioro de estas variables como consecuencia la política económica nacional circunscripta al neoliberalismo, la provincia de Santa Cruz decidió disminuir al mínimo posible los aumentos en materia energética.

Por este motivo, de los gastos de energía aprobados en el presupuesto, la Provincia solo traslada a los usuarios el 33%. Es decir, el 67% de los costos de la energía son absorbidos por las arcas provinciales. Esta situación convierte a Santa Cruz en la provincia con las tarifas de energía más bajas del país. Debajo, un gráfico de barra extraído del Ministerio de Energía de la Nación donde se comparan los valores de la energía entre las distintas provincias:


Fuente: Ministerio de Energía y Minería de la Nación. La columna verde indica el costo mayorista MEM, la azul el costo de transporte y la roja el costo de distribución. El subrayado es nuestro, y marca la tarifa para la provincia de Santa Cruz, usuario residencial con consumo de 300 kWh/mes.

En línea con lo expuesto previamente, la provincia tiene líneas de acción complementarias para afrontar la coyuntura macro y microeconómica. Tal es el caso del programa provincial articulado entre SPSE y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia Ser.Sol (Servicios Públicos Solidarios), a través del cual se evalúa la situación de vulnerabilidad de los grupos convivientes, para que en los casos de criticidad aplicar un porcentaje de descuento sobre los servicios públicos aun mayor. Se aplica la modalidad de abordaje territorial personalizado en conjunto con las áreas locales de desarrollo social, en contemplación de la conformación del grupo conviviente, la situación habitacional, la situación sanitaria, patologías y enfermedades crónicas y a acceso a red de gas.

A través de esta política, la provincia ratifica que el principio rector de los servicios públicos es su accesibilidad y asequibilidad, y no sus respectivos costos.

Reflexiones
¿Son los servicios públicos elementos vitales para el desarrollo? ¿Pueden ser adoptados como derechos humanos en el orden constitucional? Si es así, ¿la carga de la responsabilidad recae en el Estado o en la ciudadanía? ¿Cuál debería ser la construcción de su costo? ¿Se pueden generar consensos en la sociedad al respecto?

La respuesta a estos interrogantes dirimen una conceptualización sobre el rol de los servicios públicos en la organización de una sociedad. Por ende, caracterizan la matriz de la relación Estado-Sociedad. Si bien la discusión debería ser amplia, democrática y participativa, se pueden aproximar algunas definiciones en función de lo expuesto precedentemente.

Los servicios públicos son elementales para el desarrollo. Por tanto, son derechos sociales. Y los derechos sociales son derechos humanos.

Los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. Por ende, la carga de la responsabilidad técnica y económica recae sobre el Estado.

En consecuencia, la participación de la ciudadanía debería estar disociada de sus costos de producción. De coincidir con las premisas precedentes, la discusión subsiguiente deberá enfocarse en los aspectos pragmáticos de aplicación de estos conceptos, a través de la herramienta más importante de cualquier sociedad: la política.

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(1) Según Proyección 2010-2040- INDEC.

(2)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SPSE. A nivel SADI, son 9 localidades; mientras que 10 para la Generación Aislada. Medido en usuarios, el primero concentra 96.169 (88%) vs 13.269 (12%) para el segundo.



Bibliografia
OETEC (14/07/2018) La crisis energética del régimen neoliberal
http://www.oetec.org/nota.php?id=3348&area=1

OETEC (29/06/2018) Peña en el Senado y el festín del 0,0001%: ganancias, dividendos y dolarización
http://www.oetec.org/nota.php?id=3320&area=5

OETEC (9/05/2018) "Debatir en el Congreso si la energía es una mercancía o un derecho humano es el primer triunfo del pueblo argentino contra el tarifazo"
http://www.oetec.org/nota.php?id=3220&area=1

OETEC (21/04/2018) Cornejo: ¿Consumimos el doble de energía que nuestros países vecinos? Y si así fuera, ¿cuál sería el problema?
http://www.oetec.org/nota.php?id=3181&area=1

OETEC (18/12/2017) Totalmente falso que nuestro consumo sea "inusualmente alto" y que despilfarramos energía que es escasa. Ni despilfarramos ni es escasa
http://www.oetec.org/nota.php?id=%202243&area=%201

OETEC (2/10/2017) Los resultados de las "inversiones estatales" en energía (2003-2015): crítica al Proyecto de Ley 2018
http://www.oetec.org/nota.php?id=2833&area=5

OETEC (16/12/2016). La barbarie energética del señor Presidente (sobre el consumo per cápita)
http://www.oetec.org/nota.php?id=2241&area=14

OETEC (13/7/2016) Alto consumo energético per cápita: ¿Malo o bueno?
http://www.oetec.org/nota.php?id=1922&area=1

OETEC (21/04/2016) "Ahora sí vivimos una crisis energética"
http://www.oetec.org/nota.php?id=%201753&area=%201