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¿Capitalismo o anarquía de mercado? Reflexiones e interrogantes sobre el nuevo gasoducto

Autor | Federico Bernal


Palabras Claves
gasoducto, Vaca Muerta, CAMMESA, FGS, GNL, exportación de gas, capacidad de transporte, ampliación, TGS, Pampa Energía, YPF, privatización de centrales, Ensenada de Barragán, Brigadier López, interrogantes, DNU, Decreto 465



07-08-2019 | El Decreto 465 (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional publicado en julio, instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a licitación pública nacional e internacional para el diseño y construcción de un nuevo gasoducto entre Vaca Muerta (Cuenca Neuquina) y San Nicolás (provincia de Buenos Aires). Debajo, las reflexiones, interrogantes y advertencias desde el Observatorio OETEC.



Fuente: Diario La Nación, 6 de julio de 2019. Se lee: "El primer tramo tendría un costo de US$800 millones, que será financiado por tres actores: US$500 millones aportaría la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que obtuvo liquidez con las ventas que realizó Ieasa (ex-Enarsa) de las centrales Brigadier López y Ensenada de Barragán-, US$150 millones se podrían conseguir con un préstamo de la agencia estatal estadounidense OPIC y el resto lo financiaría el consorcio adjudicatario". Al diario La Nación ya no le interesa analizar los aportantes para este tipo de obras (privatización de activos estatales y "plata de los jubilados"). Antes de Macri, otra era la historia.

En primer lugar, y como sostuvimos inicialmente, se crea un marco regulatorio especial con una vigencia de 17 años. Ello es así porque se pretende una tarifa en dólares y sin posibilidad de ser revisada. La concesión se otorgará por un máximo de 45 años y sin ningún tipo de regulación estatal en el precio y las tarifas. La "regulación" será entonces determinada entre privados. Además, se ignora la Ley de Obra Pública para no ajustarse a los plazos legales (1) ni al presupuesto ni a la ingeniería básica.

En segundo lugar, se trata de una obra destinada exclusivamente a la Cuenca Neuquina. ¿Y las demás cuencas productivas? ¿Es la Neuquina la única con proyección de desarrollo para esta administración? Es menester advertir aquí, tal y como venimos haciéndolo desde 2017, el abandono generalizado del gas convencional como del tight, tendencia fomentada por las resoluciones 46 y 447. En otras palabras, el abandono de todas las cuencas -con excepción de Austral-. Los datos son realmente alarmantes: en el primer semestre la producción gasífera de la Cuenca Noroeste cayó 12,4% (acentuando la caída del 2018), la del Golfo San Jorge cayó 4,3%, mientras que la Cuyana (que se había recuperado el año pasado de la caída de 2017) se vino abajo -4,7%.

En tercer lugar, advertir que no hay ninguna necesidad ni urgencia para haber hecho lo que se hizo. Y más grave aún, existen leyes que pueden resolver cualquier ampliación del sistema. En efecto, para ampliar la capacidad existente está la Ley 24.076 controlada por el ENARGAS -que incluso, si la ampliación necesaria no es cubierta por la tarifa existente, permite una sobre-tarifa-. Ahora, si lo que se busca con el gasoducto es exportar, la Ley 17.319 habilita a los productores y les otorga el derecho de tener una concesión de transporte para sacar su producción a los efectos de llevarla tanto a los centros de consumo como a exportarla, por cierto, derecho subrogable.

En suma, las leyes 24.076 como 17.319 deberían haber sido las normativas elegidas para esta situación. No obstante, el DNU las atropella y otorga una licencia de transporte que durante 17 años no va a tener regulación de precios y tarifas. O, expresado de otro modo, la regulación caerá en cabeza de terceros, lo cual por ser una licencia de servicio público significa caer en la ilegalidad.

En cuarto lugar, se utiliza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el financiamiento, entre otros aportantes menores. Los recursos que pondrá el FGS han surgido de la privatización de los activos de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, en el marco del Decreto 882 (ver bibliografía). Notable. Primero, porque la enajenación de empresas del Estado para financiar, desde el Estado, un supuesto servicio público cuyos precios y tarifas serán fijadas entre privados. O sea, un negocio de privados con plata del Estado derivada de la privatización de empresas estatales. Segundo, las usinas en cuestión fueron adquiridas por Central Puerto (Nicolás Caputo, entre otros) y un consorcio entre Pampa Energía (Marcelo Mindlin, entre otros) e YPF. Pampa Energía es co-controlante de TGS, la gran beneficiada con el nuevo gasoducto, mientras que YPF la punta de lanza de los proyectos de exportación de GNL. Como se aprecia, negocio más que redondísimo. Interrogante: TGS reportó ganancias a la CNV en 2018 por 11.415 millones de pesos. El 23 de abril pasado, su Asamblea General Ordinaria de Accionistas repartió dividendos por 7.182 millones de pesos (63% de lo ganado). En dólares, 171 millones aproximadamente. ¿Cuánto pondrá TGS para el financiamiento del gasoducto si gana la licitación? Asimismo, la ganancia operativa de esta transportista en 2018 fue de 366 millones de dólares. ¿Y de este monto?


Fuente: TGS, Reseña Informativa y Estados Financieros al 31 de marzo de 2019, Pág. 34. A los 6.942 millones se agregaron luego 240,5 millones, totalizando "ambos pagos un dividendo en efectivo de $7.182.500.000". Subrayado es nuestro.

En quinto lugar, tenemos la participación de CAMMESA. Sabido es que el gasoducto, como consta en el Decreto 465 y en el pliego correspondiente, será construido en dos tramos, cada uno con sus respectivos plazos. Citamos textual: "… una primera etapa de QUINIENTOS SETENTA KILÓMETROS (570 km), [entre] la planta de tratamiento de Tratayén (Provincia del NEUQUÉN) con Salliqueló (Provincia de BUENOS AIRES) con conexión al sistema de Transportadora de Gas del Sur, y una segunda etapa de CUATROCIENTOS CUARENTA KILÓMETROS (440 km) que continúa hasta un punto final de conexión a los tramos finales del sistema de transporte de Transportadora de Gas del Norte, en inmediaciones de la Ciudad de San Nicolás, ambos en la Provincia de BUENOS AIRES".

Pues bien, sucede que se obliga a CAMMESA a tomar en firme 10 millones de m3 para la realización del primer tramo. La tarifa, que aún es desconocida (y que el ENARGAS no regulará), la pagará CAMMESA, pero por un gas que no podrá adquirir, ya que para eso es necesario el segundo tramo. El segundo tramo, cabe recordar, habrá de terminarse en aproximadamente 5 años.

Interrogantes obligados. Preguntó CAMMESA a las autoridades competentes, esto es, a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles: (2) ¿Por qué un contrato en firme para un gasoducto que recién le va a aportar gas en 5 años? Si CAMMESA tiene sus centrales en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe por donde pasa TGN, ¿por qué se hace un gasoducto dirigido primero al sur? Asimismo, ¿preguntó CAMMESA cuánto le costaría -comparativamente hablando- llevar el gas a sus centrales a partir de los gasoductos existentes, con sus respectivos plazos de ejecución y extensiones resultantes? Dicho de otra forma: ¿Qué otras obras podrían realizarse para lograr el mismo resultado? Por ejemplo: llevar el gas desde Centro Oeste por San Nicolás; o desde el Neuba I y Neuba II (por TGS); o el segundo anillo de 70 kilómetros entre Cardales y Mercedes y sus dos plantas; o una combinación entre estas alternativas. Si son menos de 500 kilómetros, CAMMESA podría disponer mucho antes los 10 millones de m3, ampliando en etapas, lo cual permite liberar capacidad de forma progresiva (mejora la eficiencia). Por último, si bien cierto que el ahorro en barcos de gasoil es real, la clave es que dicho ahorro futuro implique en este presente la menor erogación posible. ¿Es factible conseguir igual ahorro con las obras antes mencionadas, pero erogando menos? Otro interrogante: Quienes no vendan por este gasoducto, ¿qué precios tendrán para que sus inversiones -volumen de suministro- no decaigan precisamente en invierno? ¿Se trasladarán a los usuarios esos precios en caso que resulten tener que ser mayores?


Fuente: Elaboración propia. El nuevo gasoducto está en celeste. En naranja, la red existente. Luego de haber puesto en marcha una política de exportación dejando de lado el mercado local, cuatro años después se pretende licitar entre gallos y medianoches una concesión por 45 años (35 + 10) sin ningún tipo de regulación estatal en el precio de transporte de gas, ya que el propio decreto exime de la aplicación de tal regulación encuadrada en el Capítulo IX del Título I de la Ley 24.076 durante los primeros 17 años de la concesión.

En sexto y último lugar, si será CAMMESA la encargada de viabilizar económicamente este proyecto al ser la encargada de contratar en firme la demanda inicial (esos 10 millones de m3), quiere decir que serán indirectamente los usuarios y las usuarias del servicio público de electricidad quienes financiarán el nuevo ducto. En este sentido, el DNU exime al usuario residencial de gas natural ser el destinatario -vía traslado a cuadros tarifarios- de los precios y tarifas del nuevo Régimen Especial Temporario. (3) Sucede, no obstante, que sobre el usuario del servicio público de electricidad no hay ningún reparo. Recordemos al respecto que, si bien el sector residencial está todavía subsidiado, los industriales medianos y grandes no lo están, con lo cual la vapuleada industria -que no puede pagar la electricidad desde hace más de 1 año- terminará subsidiando vía mayores tarifas el gas que las termoeléctricas consumirán de acá a cinco años.

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(1) Los plazos expresados en el Anexo III son tan irrisorios por lo exiguo que denotan claramente que esta licitación esta amañada y direccionada.

(2) Desde su asunción, Macri ha entregado los entes reguladores a las propias empresas que debían regular. Tal es el caso del Ing. Carlos Casares, que pasó de ser Gerente de Transporte de Gas del Grupo Techint a integrar el Directorio del ENARGAS. Dicho sea de paso, Casares se encuentra hoy bajo licencia, ya que preside la Subsecretaria de Hidrocarburos, organismo que se manifestó a favor del Decreto y respecto a la necesidad de llevar a cabo la construcción del gasoducto que, oh casualidad, tendrá entre sus principales participantes no solo a Marcelo Mindlin sino a su ¿ex? empleador, Paolo Rocca.

(3) Solo excluye a la demanda prioritaria. Es decir, los usuarios no prioritarios no fueron excluidos.



Bibliografia
OETEC (16/07/2019) "Lopetegui tiene que volver al Congreso y explicar qué activos energéticos estatales venderán en el segundo semestre para cumplir con las metas del FMI"
http://www.oetec.org/nota.php?id=4043&area=5

OETEC (15/07/2019) TGS repartió dividendos en abril por 7.182 millones de pesos
http://www.oetec.org/nota.php?id=4041&area=5

OETEC (14/07/2019) La privatización de centrales termoeléctricas explica el "superávit primario" del primer semestre
http://www.oetec.org/nota.php?id=4040&area=1

OETEC (9/07/2019) "El nuevo gasoducto es una prueba más de la estafa energética de Cambiemos"
http://www.oetec.org/nota.php?id=4027&area=2

OETEC (9/07/2019) DNU (nuevo gasoducto) para los amigos
http://www.oetec.org/nota.php?id=4026&area=1

OETEC (13/06/2019) Sólo una Argentina moderna, industrial y socialmente inclusiva asegurará una Argentina potencia en GNL
http://www.oetec.org/nota.php?id=3985&area=2

Diario La Nación
https://www.lanacion.com.ar/economia/lanzan-la-licitacion-de-un-gasoducto-de-vaca-muerta-nid2265212