Fuente: La Política Online (10 de marzo de 2020). "Tras el desplome en los precios del crudo a nivel internacional que puso en vilo a toda la industria, los gobernadores petroleros acordaron una reunión con el secretario Lanziani para pedir un barril criollo de 50 dólares", informa el matutino.

"Argentina transitó varios ciclos de caída en los valores de los petróleos de referencia y se han tomado medidas paliativas a fin de disminuir el efecto negativo que esta situación implica tanto para la economía nacional como también para las arcas y la actividad de las provincias productoras de este recurso", sostuvo Belen Ennis, Directora General del OETEC.

En este sentido, recordó que "durante la gestión de la ex Presidenta y actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dichas medidas consistieron básicamente en la implementación (negociación mediante) de un valor de crudo de referencia local, también llamado "barril criollo", con el objetivo de sostener la actividad petrolera".

Por su parte, Juan Francisco Fernández, Vicedirector del citado Observatorio, indicó que "en paralelo al barril criollo se negoció el denominado Plan Gas, que fijaba un escalador de precios para todo el gas producido por encima de una curva base o aquel que fuera de nueva extracción".

En 2014, "el valor promedio para el petróleo local fue del orden de los 50 US$/barril, ya que existía un precio por encima o por debajo según la penalización que existe para el petróleo de acuerdo a la calidad del mismo", complementó Fernández.

Asimismo, "desde el año 2013 en adelante, y en casi todas las provincias productoras, se llevó a cabo la negociación por la extensión de aquellas concesiones convencionales -en cuyos contratos se incluyeron cláusulas gatillo fijando el valor de 45 US$/barril- como piso para la revisión y reconsideración de los planes de inversión negociados entre partes", explicaron desde OETEC.

Y agregaron: "si bien se sancionaron decretos y leyes al respecto -tales los casos del Decreto 929 (1) o la Ley 27.007-, donde se buscó promocionar nuevas inversiones para aquellos yacimientos de tipo no convencionales, la realidad es que tuvieron escasa aplicación a partir de finales de 2015/2016 cuando fueron dejadas sin efecto por la gestión neoliberal del ex Presidente Mauricio Macri".

No obstante, "esta última normativa tuvo aplicación inmediata en el caso del contrato celebrado entre YPF-Chevron por el área no convencional de la Cuenca Neuquina, mientras que el funcionamiento del registro de inversiones de control y seguimiento de la misma se vio dificultado por la superposición de tareas entre jurisdicciones", advirtieron Ennis y Fernández.

"Lamentablemente, ambas normativas no tuvieron en cuenta la autonomía provincial. Si bien las provincias se avinieron, lo cierto es que las mismas registraron un gran desgaste además de experimentarse una importante pérdida de tiempo en materia de negociaciones entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", puntualizó Fernández.

Mientras que Ennis concluyó: "Por ello, de aplicarse alguna normativa similar, ésta debe partir de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con el Estado Nacional presente, por supuesto, pero con eje en las provincias y cuencas más golpeadas, no sólo por la coyuntura actual sino también por la que tristemente heredaron de la gestión hidrocarburífera totalmente anti-federal que tuvo el macrismo".

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(1) El Decreto 929/2013 crea un régimen de promoción de inversiones para la explotación de hidrocarburos, con el propósito estratégico de lograr el autoabastecimiento. Las empresas que deseen ser beneficiarias del mismo deberán presentar ante la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas los proyectos de inversión pertinentes por un monto mínimo de US$ 1.000 millones, los cuales deberán ser realizados durante los primeros cinco años. Si se cumple el compromiso contractual, los beneficiarios tendrán derecho a partir del quinto año de exportar hasta un 20% de su producción y disponer del 100% de las divisas generadas por tal operación comercial. Cabe señalar que para el caso en que la Autoridad de Aplicación decida que esos volúmenes exportables deban ser destinados a satisfacer necesidades del mercado interno, las empresas no se verán afectadas porque dicha Autoridad "establecerá por vía de reglamentación a tales fines un mecanismo de compensación pagadero en pesos", ya que dichos volúmenes serán comercializados al precio del mercado interno vigente al momento de tal decisión.