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Espectro radio-eléctrico: el "comodín" para no invertir

Autor | Rodrigo Gibson


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés.


Palabras Claves
espectro radioeléctrico, licencias, AR-SAT, spectrum crunch, Movistar, servicio público, Libre.ar, SECOM



13-05-2014 | Existe un contrapunto global en el mundo de las telecomunicaciones móviles que ya tiene su faceta argentina: ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento de los celulares? En los grandes medios se presenta siempre una sola causa a coro con las tres grandes empresas: "falta espectro radioeléctrico". Más escondidas están las voces que explican que ese no es el principal problema. En efecto, los centros de investigación, los conocedores de la tecnología y las políticas públicas explican, sin tanta difusión mediática, que el problema pasa más bien por eficientizar el uso del espectro. La clave es la inversión privada en tecnología y el reacomodamiento de las licencias, puntos claves que las empresas prefieren omitir. A continuación un recorrido por la historia del espectro radioeléctrico argentino y aportes al debate por la eficiencia de su uso.


Nuestro compendio legislativo denomina jurídicamente al espectro radioeléctrico de la siguiente manera: "Es el conjunto de ondas radioeléctricas u ondas hertzianas, sin solución de continuidad, entendiéndose por tales a las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3.000 GHz, que se propagan en el espacio sin guía artificial" (Artículo. 1º, Resolución SC N° 163/96, aprobatoria del Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, y Anexo IV, decreto 764/2000.). Este fenómeno físico se propaga a través del espacio en todas direcciones en forma de ondas electromagnéticas, llevando energía de un lugar a otro; concepto fundamental en materia de telecomunicaciones.

Asímismo y en la mencionada Resolución, se establecía respecto a su naturaleza jurídica lo siguiente: "El espectro radioeléctrico es un bien natural, intangible, escaso y limitado, cuya administración es responsabilidad indelegable del Estado Nacional". En este sentido, se puede afirmar entonces que el Estado ejerce su soberanía de manera similar al igual que lo hace con sus mares o espacio aéreo. La historia reciente sin embargo demuestra que no siempre fué así.

Con el desembarco de la telefonía móvil en la década de los noventa se efectuaron las primeras adjudicaciones de espectro, realizadas de forma directa, eludiendo cualquier tipo de ordenamiento jurídico establecido. Se trató del decreto 62/90, que estableció la necesidad y mecanismos para este tipo de asignaciones. Desde 1996 a 1999 se pretendió regular la administración del espectro, cosa que por el contrario, no se verificó en la práctica. Se evadió todo tipo de normativa sobre las adjudicaciones. Las empresas allegadas al poder adquirían porciones de espectro radioeléctrico que mantendrían ocioso para su reventa posterior, mientras que el canon y tasas que debían abonar nunca se hicieron efectivas, generando cataratas de impugnaciones en tribunales, realizadas por distintas cámaras empresariales cuando se veían relegadas del festín.

Cabe destacar, no obstante, que se reguló el ancho de banda máximo por operador con el propósito de evitar cualquier actitud monopólica: "A los efectos de evitar la concentración de espectro radioeléctrico en pocas empresas en un mismo sitio geográfico, ningún prestador podrá ser titular de un ancho de banda superior a CINCUENTA Megahertz (50 Mhz) en una misma área de servicio para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), incluyendo lo ya asignado para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), el Servicio de Telefonía Móvil (STM) y el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE). Para el cómputo de lo dispuesto en el presente artículo se tomará en cuenta el área geográfica del servicio de menor cobertura" (Decreto 266/98 - Art. 4.2.1).

Durante el período mencionado se realizaron regulaciones asimétricas a través de una serie de leyes y resoluciones importantes, tendientes a regular la modalidad de control y asignación del espectro. Su máxima expresión: la privatización de su control en manos de Thales Spectrum, generando caos y descontento para muchos, y negociados para unos pocos. La magnitud del desmanejo alcanzó su cenit cuando el Estado se vió obligado, el 18 de febrero del 2000, a declarar la Emergencia de Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico. Entonces se denunció "...una grave situación de inconveniencia y anormalidad en la administración de ciertas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en las bandas de alta densidad" (Resol. 180/00). El caos culmina finalmente con el decreto-ley 764/00, que por cierto no resolvió en absoluto la cuestión de fondo.

En Enero del 2004, el Estado Nacional asumió la decisión política de recuperar el Control del Espectro Radioeléctrico, declarando, a través de la Resolución CNC Nº 242/04, la caducidad del contrato de concesión por el control del mismo otorgado a la empresa Francesa Thales Spectrum de Argentina S.A., decisión fundada en el incumplimiento de las condiciones del citado contrato por parte de la empresa concesionaria, empresa que había perjudicado al Estado en más de 300 millones de pesos.

La re-nacionalización del control del Espectro es un hecho histórico que merece ser destacado debiendo considerarse la importancia que revistió recuperar la administración desde un punto de vista estratégico y de Seguridad Nacional, posibilitando ejercer un control directo sobre las radiocomunicaciones, en usos civiles, militares, sistemas de aeronavegación y marítimos, así como también en el monitoreo y la detección de interferencias en frecuencias vedadas e internacionales.

Un año después, en 2005, Unifon y Movicom Bellsouth se fusionan dando origen a la actual Movistar. Una vez más, se puso en el tapete la discusión del espectro radioeléctrico, ya que las 4 empresas que estaban operando en ese momento tenían un ancho de banda de 35 mhz y estaban impedidas por ley a tener más de 50 mhz, por lo cual, dejaba en posición dominante a ésta (70mhz) respecto del recurso natural limitado con sus competidores. En este sentido se acordó la fusión, donde la actual Movistar quedaba con 50 mhz de ancho de banda y cedía al Estado el resto, aproximadamente 20 mhz.

Durante algún tiempo hubo expectativas del sector privado por hacerse acreedores de esta preciada porción de la torta, aguardando con ansias su oferta pública. Y la oferta pública finalmente llegó. El Estado la hizo efectiva el 9 de mayo de 2011, convocado por Resolución Nº 57 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Luego de analizar los distintos pliegos presentados, el poder ejecutivo determinó que ninguna tenía los requisitos necesarios para la asignación del espectro, por lo cual, en atributo de su facultades y mediante la SECOM en Resolución Nº 71 de fecha 4 de septiembre de 2012 , dejó sin efecto el Concurso Público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales y Radiocomunicaciones Móvil. Acto seguido y por Decreto 2426/2012, determinó que ARSAT Sociedad del Estado, creada en el 2005, fuera la destinataria de esta porción del espectro con la expectativa de crear un cuarto Operador que balice el mercado.

ARSAT recibió un ancho de banda para el Área de Explotación I, de 30 Mhz, para el Área de Explotación II de 37.5 Mhz y para el Área de Explotación III de 35 Mhz, dividido para los dos servicios PCS y SRMC. Posteriormente, ARSAT creó Libre.Ar para manejar esta porción de espectro asignada, la cual tiene un desafío por delante, ocupar esa franja ociosa sin duplicar innecesariamente la red de radio bases. Un dato alentador es que en tan solo dos años, el ancho de banda asignado a ARSAT, según distintos estudios, estiman que duplicó su valor y hoy se sitúa por encima de los mil millones de dólares.

En suma, el reclamo sectorial de las distintas empresas de telecomunicaciones, demandan la liberación de frecuencias y otorgamiento de mayor ancho de banda. Haciendo burdas analogías argumentan que tienen tecnológicamente una Ferrari circulando por caminos de empedrado. Por su parte, el Estado explica que la relación entre la tecnología celular usada por las tres grandes y la disponibilidad de espectro es como un Fairline 69 circulando por una mega autopista. En efecto se trata de un debate mundial donde las empresas cargan las culpas del mal servicio en la escasez de espectro y los entes públicos explican que el punto central es cómo hacer más eficiente el espectro, a través de mejoras en la infraestructura para lo cual las empresas tienen que invertir, mucho y bien.

El fundamento central es que si no se invierte en tecnología pronto no va a alcanzar todo el espectro para responder a la demanda que viene creciendo en forma sostenido por el uso masivo de dispositivos con alta transferencia de datos como smartphones y tablets.

Hoy las empresas pueden suplir cualquier déficit de espectro en áreas puntuales, reforzando con radio bases, pero ese es un coste que no piensan asumir. De allí que tomen la salida más fácil: culpar a la falta de espectro radioeléctrico. El tema en cuestión no es qué hace el Estado con esa pequeña porción de espectro, que en su momento estuvo en manos privadas, sino qué están haciendo las empresas con lo que ya tienen asignado, por cierto mucho mayor y totalmente desaprovechado.