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Ex Secretarios de Energía bajo la lupa. El caso de Alberto Devoto (agosto de 2002-mayo de 2003)

Autor | Ignacio Sabbatella


Palabras Claves
Alberto Devoto, ex secretarios de energía, neoliberalismo, Duhalde, Lavagna, Ley de Emergencia Económica, tarifas, cortes de luz 1999, retenciones a las exportaciones



29-05-2014 | Se analiza a continuación la gestión de Alberto Devoto como Secretario de Energía de la Nación, entre el 8 de agosto de 2002 y el 24 de mayo de 2003, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde.


Alberto Enrique Devoto fue Secretario de Energía durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Asumió el 8 de agosto de 2002, sucediendo a Alieto Guadagni, y finalizó su gestión el 24 de mayo de 2003, un día antes que asumiera la presidencia Néstor Kirchner. Licenciado en Economía Política, fue Presidente de Agua y Energía Eléctrica S.E. entre 1986 y 1987 y vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) entre 1993 y 2002. Había sido nombrado Secretario de Política Económica por Roberto Lavagna cuando éste asumió como Ministro de Economía el 1º de mayo de 2002. Devoto era un hombre de plena confianza de Lavagna, a quien asesoró cuando se desempeñó como Secretario de Estado de Industria y Comercio Exterior, durante los años 1986-87, en su paso por el gobierno de Raúl Alfonsín (La Nación, 1º de mayo de 2002).

Tras la salida de Guadagni, Lavagna no dudó en nombrarlo como nuevo Secretario de Energía. Devoto heredó los problemas que su antecesor se mostró incapaz de resolver: el aumento del precio de los combustibles y el desabastecimiento de los mismos; y la renegociación de contratos con las privatizadas de luz y gas. Ambos problemas se relacionaban con la salida de la Convertibilidad y la megadevaluación del peso, además del congelamiento de tarifas y la aplicación de retenciones a las exportaciones de crudo y derivados dispuestos por la Ley de Emergencia 25.561. Al igual que durante la gestión de Guadagni, la presión de las petroleras y de las empresas privatizadas continuaría moldeando la política energética de esta nueva gestión.

Puja tarifaria y cortes de luz masivos
Un ejemplo de la presión corporativa fueron las manifestaciones públicas de Oscar Vicente, vicepresidente de Pérez Companc, cuyos activos energéticos fueron vendidos a Petrobras durante este período. Si bien consideraba que era imposible trasladar a tarifas el impacto total de la devaluación, opinó que "por algo hay que empezar. Peor es no hacer nada. Si no hay ajuste tarifario del precio del gas en boca de pozo, en noviembre nadie va perforar pozos y el invierno que viene no habrá gas" (La Nación, 15 de agosto de 2002).

Asimismo, en este período se produjeron dos grandes cortes de energía eléctrica que quedaron bajo un manto de sospecha. El primero tuvo lugar el 15 de agosto en el que resultaron afectadas más de un millón y medio de personas, principalmente de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la caída de 4 torres de transporte de energía de alta tensión, provenientes de la región del Comahue, bajo administración de la empresa Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener). Voceros de la compañía argumentaron que la caída de las torres había sido provocada en forma intencional y notificaron el hecho a las secretarías de Energía y de Seguridad. Devoto coincidió con la versión de Transener sobre la intencionalidad del hecho, ajeno a la responsabilidad de la empresa (La Nación, 17 de agosto de 2002).

El segundo corte fue durante la tarde del domingo 24 de noviembre, un apagón breve pero de alcance histórico. Otra vez estuvo involucrada Transener. Una explosión en un transformador de la estación Ezeiza de la empresa afectó en cadena la provisión de electricidad del Sistema de Interconexión Nacional. En Capital Federal y el Gran Buenos Aires quedaron sin luz más de 16 millones de personas. También fueron afectadas las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, municipios de la costa atlántica y el interior bonaerense, y localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén y La Pampa. El corte duró entre una hora y media y poco más de 4, según los barrios, y dejaron de funcionar subtes, trenes y semáforos. Faltó agua en Capital y el Conurbano. La empresa y el Gobierno descartaron un "sabotaje" y adjudicaron el desperfecto a un "accidente" (Página 12, 25 de noviembre de 2002).

Sin embargo, el "accidente" estaba inscripto en el proceso de renegociación de contratos de las empresas privatizadas tras la sanción de la Ley de Emergencia, la cual -entre otras medidas- dejó sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. De ese modo, las tarifas de servicios públicos fueron pesificadas y congeladas. En este contexto, el mega-apagón quedó bajo sospecha para amplios sectores sociales y políticos. Las declaraciones previas de agentes de las empresas distribuidoras daban fundamentos suficientes. En agosto, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Argentina (Adeera) había afirmado mediante un comunicado que "las distribuidoras no estamos en condiciones de seguir asumiendo la responsabilidad del servicio eléctrico, tal cual lo espera la ley y el contrato de concesión", mientras que un vocero de Edenor había advertido que el retorno de los apagones sería "una consecuencia natural" de la desinversión a la que las había obligado la devaluación (Página 12, 13 de agosto de 2002).

El ajuste pedido por las empresas promediaba un 40% de aumento, mientras que el FMI pedía una recomposición tarifaria del 30% en las negociaciones que mantenía con el Gobierno. Desde el Gobierno se aseguraba que el aumento no sería de más del 10%, pero debía convocar a audiencias públicas que fueron objetadas por asociaciones de consumidores dadas las irregularidades existentes. El Poder Judicial entonces suspendió las audiencias convocadas por los entes reguladores de gas y de electricidad.
El tono amenazante continuaría a través de Francisco Mezzadri, Presidente de la Cámara Argentina de Inversores en el sector eléctrico, quien sostuvo que "en la medida en que los accidentes estén vinculados con problemas de mantenimiento", es probable que se registren nuevos inconvenientes y que "la población tiene que atenerse a las consecuencias de esta política económica, que son una fuerte reducción en el nivel de vida y bienestar de la gente" (La Nación, 26 de noviembre de 2002).

Devoto y los cortes de luz
Apenas dos días después del mega-apagón, cuando todavía no estaban los resultados del peritaje sobre sus causas, el Gobierno de Duhalde salió a instalar mediáticamente la necesidad de recomponer las tarifas. En esa línea, Devoto dijo sin ruborizarse que "si uno mantiene una tarifa congelada con una cantidad de costos que necesariamente están creciendo, estamos anunciando un futuro de cortes" (La Nación, 27 de noviembre de 2002).

Recordemos que la relación de Devoto con los cortes de electricidad tiene un antecedente singular. Durante la seguidilla de cortes a fines de 1999, Devoto como vicepresidente del ENRE aseguró que las interrupciones estaban "dentro del promedio" y que, en realidad, la ola de quejas por las reiteradas interrupciones en la provisión de energía respondía a una especie de "psicosis" de la gente, que es "electrodependiente" y que "se descarga" de todos sus problemas "en el tema de la electricidad" (Página 12, 28 de diciembre de 1999). En lugar de poner la lupa sobre las empresas cuyo servicio controla el ENRE, Devoto no sólo se alineó con las mismas sino que optó por el ridículo al culpar la "psicosis" de los usuarios.

Volviendo al período de análisis, el Gobierno de Duhalde decidió avanzar con un decreto de necesidad y urgencia ante los cuestionamientos procedimentales. A través del Decreto 2437 del 2 de diciembre de 2002, se dispuso la readecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica hasta tanto concluya el proceso de renegociación de los contratos. En promedio, el decreto establecía aumentos del 7% en gas (en todo el país) y de entre el 9 y el 10% en electricidad, para los clientes de Edenor, Edesur y Edelap. A modo de paliativo, se establecía que no habría aumentos para los usuarios con un consumo menor a 300 kW/h por bimestre en electricidad y menor a 500 m3 al año de gas.

Con todo, la evaluación del sector privado no fue positiva. Fernando Ponasso, presidente de Edenor, cuestionó la "tarifa social" contemplada en los aumentos dispuestos por el Gobierno: "haber excluido de las subas a una franja no es razonable. Debería aplicarse un sistema acorde con las reglas de equidad". Además, sostuvo que "la posibilidad de que aparezca el desabastecimiento es cada vez mayor. La crisis de California no fue técnica, sino política. No se tomaron las decisiones adecuadas". Recordó también los problemas energéticos en Brasil un año antes: "Brasil tenía previsto crecer un 4% ese año, y sólo lo hizo un 1,5%. El sector eléctrico es capaz de destruir valor". Y concluyó con tono amenazante: "Las empresas no estamos mirando el partido desde la tribuna: estamos jugándolo dentro de la cancha. Pero hay que decirles a los volantes centrales que pongan más" (La Nación, 11 de diciembre de 2002).

El 12 de diciembre la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Susana Córdoba suspendió los aumentos dispuestos por decreto, haciendo lugar a una solicitud del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La cautelar fue pedida sobre la base del artículo 9 de la Ley de Emergencia, en la que se previó una instancia de negociación entre el Ejecutivo y las privatizadas para redefinir los contratos de servicio, teniendo en cuenta el impacto de los ajustes en la economía, la calidad de los servicios y los planes de inversión, la rentabilidad de las empresas y el interés de los usuarios. Mientras que en el caso de la empresa Aguas Argentinas y las concesionarias de los peajes se formaron comisiones de renegociación, no se hizo en el caso de gas y electricidad. La medida judicial entendía que hasta que no se culmine esa instancia de renegociación, no corresponde otorgar ajustes en las tarifas.

Fue entonces que el propio Devoto admitió la posibilidad de que el Gobierno dictara un decreto de necesidad y urgencia para modificar el artículo 8 de la Ley de Emergencia, el cual disponía la pesificación de las tarifas y la eliminación de las cláusulas de indexación automática (La Nación, 13 de diciembre de 2002). A su vez, el presidente de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera), Ernesto Badaracco, advirtió que al próximo presidente le tocará un año con cortes de electricidad. Afirmó: "con estos precios no es posible invertir. Si no se invierte va a faltar energía y si alguien distorsiona esta verdad está confundiendo a la opinión pública" (La Nación, 13 de diciembre de 2002).

En este marco, y pese a las medidas judiciales, el Gobierno de Duhalde volvió a la carga a comienzos de 2003. Mediante el Decreto 120 de 2003 de necesidad y urgencia determinó que el Poder Ejecutivo podía establecer en forma transitoria y hasta que concluya el proceso de renegociación de los contratos de las concesiones y licencias de los servicios públicos dispuestos por los Artículos 8º y 9º de la Ley 25.561, revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias para dichos contratos. Con estas atribuciones autoconcedidas, dictó a su vez el Decreto 146 del 29 de enero de 2003 por el cual volvía a autorizar un incremento de las tarifas en la misma línea que el Decreto 2437/02. Nuevamente la medida fue suspendida por dos fallos judiciales ante las presentaciones realizadas por un conjunto de asociaciones de usuarios y consumidores y por el Defensor del Pueblo de la Nación.

En su sólida investigación, Daniel Azpiazu y Martín Schorr concluyen que en pos de satisfacer los intereses empresarios "en ningún momento se encaró una revisión integral de los contratos de las compañías, tal como hubiera correspondido de haberse respetado el "espíritu" y la "letra" de la Ley de Emergencia. Esto último no sólo se visualiza en los distintos aumentos en las tarifas que se autorizaron, sino también, y fundamentalmente, en el hecho de que toda la "discusión" terminó circunscribiéndose casi de manera exclusiva en la cuestión tarifaria o, más específicamente, en los diferentes intentos oficiales por incrementar las tarifas, aun cuando ello suponía ir en contra de buena parte de la normativa establecida por el propio Poder Ejecutivo, de la Constitución Nacional y de diversas resoluciones del Poder Judicial" (2003: 247).

Exportación de gas y libre disponibilidad de divisas
Las amenazas públicas de que el gas faltaría en el corto plazo no detuvieron y ni siquiera pusieron en cuestión los proyectos de exportación en marcha a través de gasoductos transfronterizos. Es más, el Gobierno de Duhalde contribuyó a la profundización de esta estrategia trazada por el sector privado al inaugurar un nuevo gasoducto con destino al mercado uruguayo.

El gasoducto Cruz del Sur fue inaugurado el 29 de noviembre de 2002 por los entonces presidentes Eduardo Duhalde, de Argentina, y Jorge Batlle, de Uruguay. En las crónicas de ese acto no figura la presencia de Devoto, pero el mismo tuvo lugar durante su gestión como Secretario de Energía.

Cruz del Sur une las ciudades de Ensenada y de Montevideo con una longitud de 200 kilómetros y se sumó al ducto ya existente Petrouruguay S.A. El consorcio del gasoducto estaba integrado por los siguientes accionistas: British Gas (Operador), 40%; Pan American Energy, 30%; ANCAP, 20% y Wintershall, 10%. En una primera etapa, estaba previsto que la Argentina exporte 3,5 millones de m3/día de gas natural y posteriormente se iría incrementando hasta llegar a exportar 5,5 millones de m3/día que es la capacidad inicial del sistema. El gas provendría desde las cuencas Neuquina y Austral para abastecer los principales núcleos urbanos e industriales de Colonia, San José, Montevideo y Canelones en Uruguay.

En cuanto a la exportación de crudo y derivados, se abrió un inesperado foco de conflicto cuando el Banco Central emitió una comunicación a comienzos de diciembre de 2002 a través de la cual se avalaba un informe del procurador general de la Nación, Rubén Citara, en el que se consideraba que las petroleras debían liquidar el 100% de las divisas en el mercado local. Desde la desregulación del sector propiciada en 1989 por el menemismo, las petroleras tenían la obligación de ingresar al país sólo el 30% de las divisas obtenidas por la exportación de hidrocarburos y derivados, gozando de la libre disponibilidad del porcentaje restante.

Aunque nunca llegó a materializarse en una resolución o decreto el tema generó alarma entre las petroleras. Por esa razón, Devoto salió a calmar los ánimos durante la celebración del Día del Petróleo organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) al anunciar que el Gobierno preparaba un decreto por el que se restablecían a partir del 1° de enero las condiciones de liquidación de las exportaciones del sector (La Nación, 14 de diciembre de 2002). Finalmente, por medio del Decreto 2703 del 27 de diciembre de 2002 se estableció la obligación de ingresar "como mínimo" el 30% de las divisas obtenidas por la exportación de hidrocarburos. La referencia al "mínimo" partía de la apelación del Gobierno a la buena voluntad de las exportadoras para que ingresaran un porcentaje mayor, aunque fue objeto de cuestionamientos legales por parte de las petroleras.

Combustibles
Los precios de los combustibles tuvieron alzas superiores al 100% en promedio desde la devaluación hasta fines de 2002. La política seguida fue la búsqueda de acuerdos con las petroleras y las refinadoras.

El más importante fue "Bases para el acuerdo entre productores y refinadores para la estabilidad de precios de petróleo crudo y de las naftas y el gas oil", alcanzado el 2 de enero de 2003 y homologado por Resolución 85/03 de la Secretaría de Energía. Mediante este acuerdo, productoras y refinadoras se comprometían a no aplicar nuevos aumentos, fijando un precio sostén de 28,5 dólares por barril para la comercialización en el mercado interno. Para ese entonces, el precio internacional había trepado a casi 33 dólares, debido al conflicto venezolano y a la amenaza latente de una guerra entre los Estados Unidos e Irak. Las condiciones para mantener el acuerdo eran que el dólar no supere los 3,65 pesos, ni el barril de petróleo WTI cotice por sobre los 35 dólares durante 10 días seguidos. El Gobierno se comprometía a no modificar el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) ni el sistema de liquidación de las exportaciones de crudo.

El 11 de abril el Gobierno y las empresas productoras y refinadoras de petróleo firmaron una prórroga hasta el 31 de mayo. De esa manera, se logró mantener a raya el problema de los precios temporalmente aunque a costa de resignar medidas más profundas en materia de retenciones.

Los números de la gestión y el saqueo gasífero
Para evaluar la gestión de Alberto Devoto al frente de la Secretaría de Energía analizamos los indicadores más importantes para los meses de agosto de 2002 a mayo de 2003, inclusive, en comparación con el mismo período del año anterior.

Durante esos diez meses, el crudo registró una caída interanual del 3,1% en extracción y un 22% en exportación, con lo cual el porcentaje de las exportaciones sobre extracción disminuyó del 39% al 31%.

La extracción de gas aumentó un 3% en relación al mismo período del año anterior. Las exportaciones retrocedieron apenas un 1% y por esa razón el coeficiente entre exportación y extracción se mantuvo en el 13%. Para tener una dimensión de las implicancias de la venta irracional de un recurso no renovable como el gas, que además es el componente más importante de la matriz energética nacional, realizamos un cálculo comparativo. Durante los diez meses de gestión de Devoto se exportaron 4.953.396.000 m3 de gas natural por un monto de 226.787.190 dólares. El precio promedio del millón de BTU fue de 1,2 dólares. Ni siquiera existían retenciones a la exportación de gas en aquel entonces a partir de las cuales el Estado pudiera captar parte de esa renta. Teniendo en cuenta que el precio promedio al que se vio obligado a importar el país durante 2013 para satisfacer las necesidades internas fue de 12,2 dólares el millón de BTU (diez veces más), el gas malvendido durante la gestión Devoto tendría un valor actual de 2.230.768.827 dólares. Un mal negocio para la población, un buen negocio para las empresas privadas.

En materia de refinación, el procesamiento de crudo aumentó un 3%, pero la elaboración de gasoil cayó un 1% y la de nafta súper un apreciable 28%. La exportación de ambos combustibles se redujo levemente (1 y 2%, respectivamente) pero el coeficiente de exportación/producción siguió siendo alto. En el caso del gasoil se mantuvo en un 15% pero en el de la súper creció desmesuradamente: alcanzó un 61%. Es decir que de cada 10 m3 producidos en refinerías argentinas, más de 6 m3 fueron vendidos en el exterior. Los datos se sintetizan en la tabla Nº 1.



Bibliografia
- Clarín

- La Nación

- Página 12

- Secretaría de Energía de la Nación

- Azpiazu D. y Schorr M. (2003). Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde. Siglo XXI: Buenos Aires.