Imagen: Econojournal (11 de febrero de 2021). Laura Ferrari, directora de Auditoría, Planeamiento y Control en DESA y "mano derecha" de Pagano.

"Mano derecha"
Laura Ferrari trabaja para Rogelio Pagano, principal accionista del "holding" DESA conformado por cuatro empresas eléctricas que brindan el servicio en la provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN y EDES) y de la única compañía que distribuye luz en Salta (EDESA) a la que recientemente la provincia -mediante el aval del Ente Regulador (ENRESP)- le aprobó un aumento tarifario del 22% en pleno contexto de congelamiento nacional.

Ferrari se desempeña como directora de Auditoría, Planeamiento y Control y es la "mano derecha" de Pagano en DESA. Así lo asegura Econojournal en la introducción a una extensa entrevista que el portal compartió el pasado 11 de febrero (ver bibliografía) pero que fue realizada por TRAMA. En este sentido, el periódico especializado en energía cuenta que Ferrari se formó con Pagano en Edenor, y cuando éste dejó Pampa Energía y compró EDESA, "dio el salto con él" (sic).

En líneas generales, la charla giró en torno a los avances digitales que impuso la pandemia en materia de gestión empresarial, como si no fuera un tema mucho más acuciante la mala calidad del servicio básico prestado que se traduce en cortes recurrentes de energía en localidades donde las temperaturas rondan los 50° en verano. Hablamos de los casos de Orán, Tartagal, Embarcación, Santa Victoria del Este, Rivadavia, por citar algunos ejemplos salteños.


Fuente: El Expreso (9 de enero de 2021). Como suele suceder al común de las licenciatarias de distribución eléctrica, la calidad del servicio deja mucho que desear. En el marco de la citada Audiencia fueron muchos los expositores que hicieron referencia a ello. Cortes sistemáticos de energía, variaciones de tensión, daños en los artefactos eléctricos. Pero EDESA envía las boletas con una irrisoria leyenda: "Usted paga de acuerdo al servicio que recibe", como bien recordó en el marco de la Audiencia Pública la diputada provincial Gladys Paredes (FDT).

No obstante, durante la entrevista Ferrari también hizo referencia a los "desafíos" que impuso el congelamiento de tarifas, las implicancias de la pandemia, la prohibición de los cortes y la "inestabilidad" de los marcos regulatorios. Asimismo, reclamó al Gobierno nacional medidas macroeconómicas para que "los procesos de revisión tarifaria no sean un parche".

La misma extorsión pero solapada
Entre algunas de las reflexiones que buscamos destacar de Ferrari resalta una puntual relacionada, lógicamente, con las "dificultades" -según su opinión- del congelamiento tarifario. Se trata de la articulación entre el nivel de ingresos (ganancias) de las empresas bajo el holding y la prestación del servicio que deben brindar de manera eficiente.

Aparece, aunque solapado, un aire extorsivo en las declaraciones de Ferrari: "El desafío está ahí: en pensar cómo alineamos las necesidades de crecimiento, expansión y mantenimiento de las redes de distribución versus el equilibrio financiero y el cumplimiento de los compromisos", manifiesta la empresaria, dando a entender que las inversiones dependerán de los aumentos en las tarifas.

Lo cierto es que Pagano posee el bienestar material que le producen 1,8 millones de usuarios en las provincias de Buenos Aires y Salta y acumuló durante los años de desregulación y anarquía de mercado exorbitantes ganancias. Para ejemplificar, tomemos sólo el caso de EDESA en 2019, que informó ganancias integrales por 243 millones de pesos (3,48 millones de dólares). Esto, reiteramos, sin contar las demás compañías abarcadas en DESA y los años anteriores de tarifazo.


Fuente: Presentación de EDESA Holding a la CNV (2019). El precio del dólar resulta del promedio entre bancos que realiza el BCRA a diciembre de 2019.

Claro que el 2020 fue un año complicado, pero lo fue más todavía para los miles de salteños y salteñas que no pudieron conservar sus trabajos en una provincia donde el poder oligárquico decide mayoritariamente en plena exclusión ciudadana. Lo decía hace unas semanas atrás Alejandro Nartende, referente de la Red de Multisectoriales de Salta en una entrevista que le realizamos en OETEC (ver bibliografía): "estamos en plena desigualdad de armas".

Y es que Pagano, a través de EDESA, consiguió una suba de tarifas en la provincia en pleno contexto de congelamiento a nivel nacional. En este sentido, agregaba Nartende, "si Nación quita un solo beneficio, Salta colapsaría". Estamos ante un gobierno provincial neoliberal que permite "que las empresas ganen sin importarles el costo que esto significa para usuarios y usuarias".

Sin embargo, su vocera Ferrari insiste en que será un "desafió" mantener las redes, y al mismo tiempo, cumplir con los compromisos -prestar el servicio eléctrico que les ha sido concesionado-, si las tarifas no suben lo que ellos pretenden. Como si esta ecuación hubiera mejorado en algo luego de cuatro años de impagables tarifazos. Habría que preguntárselo a la gente de Orán o de Tartagal que viven a los cortes… O a los pueblos originarios, donde la electricidad ni siquiera asoma.

Las "reglas de juego"
El malestar generado por la desconexión en los pueblos del Chaco Salteño, La Puna y el Interior profundo de Salta, supone riesgos en la salud de miles de familias que viven de modo indigno. Por su parte, aquellas que pueden acceder a la conexión, EDESA les impondrá un incremento del 22% en la factura por un pésimo servicio y luego de un año trágico.

"La dificultad [del congelamiento] aparece cuando no podemos planificar de una manera eficiente. La planificación eficiente requiere asegurar recursos que no están siempre tan seguros y más aún en un contexto económico de aumento de los precios internos", defiende Ferrari. Y agrega: "Los costos tienden a crecer, y si los ingresos quedan congelados, la remuneración de capital es nula".

Asimismo, apunta sobre la "inestabilidad" de los marcos regulatorios y alude que "no está clara la base sobre la que se van a establecer las reglas de juego". Se refiere la mano derecha de Pagano a la "revisión de las tarifas" a la que parece confunde con el proceso de "renegociación tarifaria integral" abierto a partir de la publicación del Decreto 1020 y que buscará negociar con las empresas, en un primer término, tarifas de transición, y en segundo orden, una nueva RTI que durará 5 años.


Fuente: Congreso de la Nación Argentina. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Artículos dedicados a la cuestión energética y tarifaria.

Pero el ajuste del proceso de revisión y de renegociación a los marcos regulatorios -"reglas de juego", en apreciación de Ferrari- ya estaba contenido tan tempranamente como en la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (ver imagen). Allí, ya se señalaba que el objetivo era propender a una "reducción de la carga tarifaria real para los hogares e industrias".

Volviendo al Decreto 1020 del Poder Ejecutivo Nacional, se menciona al Fallo de la Corte Suprema de 2016 señalando que "resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación". Vaya circunstancia la de la pandemia, entonces, para que el Gobierno planifique cambios en el armado de tarifas que se habían vuelto confiscatorias.

Por último, la propia Constitución Nacional (artículos 14 bis y 75 inciso 22); la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26) advierten que los servicios públicos -como la electricidad y el gas natural- están íntimamente relacionados con el derecho a una vivienda digna.

Conclusión
Como vemos, las "reglas de juego" están más que claras y obedecen al marco regulatorio eléctrico, los decretos del Gobierno nacional relativos a servicios públicos y cuestión tarifaria del año 2020 (Ley 27.541 Decreto 311 y extensivos y Decreto 1020), el fallo de la Corte Suprema de 2016 y la mismísima Carta Magna.

Quizás lo que la señora Ferrari o el señor Pagano reclaman sea jugar con el as en la manga que les garantizó la administración anterior, de la misma línea política a la que responde la gobernación de Salta, que les permitió llevar adelante un insólito e injustificado aumento de la tarifa eléctrica en plena pandemia y congelamiento.

Por eso su intentona de deslegitimar, definiendo de "parche", el proceso de revisión tarifaria y el delineamiento de la próxima RTI. Pues saben que el Gobierno nacional buscará realizarla -como bien sostiene el Decreto 1020- bajo los criterios de justicia, razonabilidad y transparencia. Y sobre todo, defendiendo los intereses de las y los usuarios luego de cuatro años nefastos donde lo único que se hizo fue rendirles pleitesía a los mercaderes de la energía.