Fuente: ENRE (18 de febrero de 2021).

Por intermedio del Decreto N° 277/20 y siguiendo lo dispuesto por el Presidente de la Nación, la Intervención del ENRE encaró a partir de marzo de 2020 una auditoría técnica, jurídica y económica de la Revisión Tarifaria Integral y una revisión de los concursos de los miembros del Directorio del ENRE. Pues bien, dicha revisión arrojó como resultado que los citados concursos incurrieron en vicios graves que los convierten en nulos de nulidad absoluta.

El Ente destaca que "una de las irregularidades observadas es la falta de publicidad plena" además de "los criterios de objetividad e idoneidad técnica". Asimismo, puntualizan en que "la falta de vinculación con empresas del sector eléctrico resultan fundamentales para la selección de Directores y Directoras".

En ese sentido, la conformación del Comité de Selección previsto por las Resoluciones Min.EM Nº 205/17 y Nº 154/18, integrado por el "Consejo Consultivo de Políticas Energéticas", cuerpo creado a partir de la Resolución Min.EM Nº 164/16, "resulta sumamente cuestionable, debido a que se encontraba integrado por el denominado Grupo de Ex-Secretarios de Energía que formaron parte de la declaración de compromiso asumida por la Alianza Cambiemos en agosto del 2014".

Se detalla en el informe publicado por el ENRE que en la auditoría se encontró "un manifiesto incumplimiento de las normas sustanciales relativas a la observancia de conflictos de intereses y ética en el ejercicio de la función pública en las designaciones llevadas a cabo".


Fuente: Currículum Vitae del Dr. Chambouleyron publicado en el portal de Compass Lexecon. Página 3. En la página 4 figura otro asesoramiento a empresa distribuidora de electricidad, año 2004.

Menciona la gravedad de la situación hallada en ese contexto y resalta: "el deber primario del funcionario público, según lo establece el Código de Ética, es el de lealtad con su país". Sin embargo, añade, "Andrés CHAMBOULEYRON, Ex Presidente del Directorio del ENRE, ha participado en arbitrajes internacionales en calidad de experto por diferentes demandantes contra la República Argentina, en la causa Azurix Corp. C. República Argentina (CIADI N° ARB/03/30) y Daimler Chrysler FinancialServices AG c/República Argentina (CIADI N° ARB/05/1)".

Cabe mencionar "que el Presidente Macri nombró como Vocal interino, durante el desarrollo de los concursos al Ingeniero Carlos Manuel BASTOS, quien participó y participa en arbitrajes internacionales en calidad de experto y testigo de demandantes contra la República Argentina, en la causa AES Corporation C. República Argentina, Caso CIADI Nº ARB/02/17, la cual se encuentra en trámite a la actualidad y además intervino por la parte actora en varios precedentes en los que la Nación fuera demandada", apunta el ENRE.

Y concluye: "Los procedimientos de selección de candidatos y la posterior elevación de las ternas pertinentes, la falta de publicidad en la convocatoria del primer concurso, la arbitrariedad manifiesta llevada a cabo por la Administración en la integración de los comités de selección, la direccionalidad en los nombramientos y los arbitrarios cambios de criterio respecto de las aptitudes para el cargo de quienes luego fueron designados (…) permite sostener que existieron manifiestas irregularidades en el procedimiento que tornan nulos dichos nombramientos".


Fuente: OETEC. Chambouleyron explicándole a la sociedad los "beneficios" del tarifazo en febrero de 2016. Este señor operó, desde fines de los noventa hasta su asunción como funcionario el 10 de diciembre de 2015 como "testigo experto" de parte de sendas empresas extranjeras -eléctricas y gasíferas, entre otras- en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Desde el armado del Comité de Selección, pasando por los nombramientos de los directores y directoras, hasta la presidencia del "ex testigo" Andrés Chambouleyron, todo ello, se trató de una afrenta contra la defensa de los derechos de las y los usuarios del servicio público eléctrico y la seguridad energética y jurídica de los mismos.

Celebramos, entonces, esta importante decisión que confirma lo que este Observatorio halló y advirtió oportunamente sobre la existencia de serios conflictos de intereses entre los ex funcionarios del organismo en tiempos de Macri (ver bibliografía), conflictos que eran flagrantes, y sobre todo, muy vergonzosos.

Esperamos que la Justicia también tome cartas en el asunto. Porque semejante violación de las leyes 24.065 de Régimen de la Energía Eléctrica y 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública no puede quedar sólo en la nulidad de los actos. El rigor de la Ley debe caer sobre aquellos funcionarios públicos que, poniendo por encima sus propios intereses, fueron desleales con su país y con su pueblo.