ÁREAS de
INVESTIGACIÓN

Desarrollo socioeconomico y Geopolitica del Desarrollo

| Artículos de opinión

Contra buitres y caranchos, más Estado

Autor | Fernanda Vallejos


Conflictos de Interes
La autora no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
buitres, default, caranchos, neoliberalismo, empleo, crisis, Frente Renovador, zonceras, relato



26-08-2014 | La batalla cultural, en el terreno de la economía, obliga a la profundización cotidiana del debate. El desbaratamiento de las zonzeras que se propalan es un imperativo. Tanto como el de seguir fortaleciendo, con sentido de Patria, la mirada estratégica con la cual seguir construyendo una Argentina justa, libre y soberana.


Estos objetivos se vuelven cruciales por estos días, cuando el ataque de los buitres es patente y el esfuerzo de los caranchos domésticos por sembrar la confusión es denodado. En ese sentido apuntan los planteos (que no van en oposición al gobierno, sino en oposición a la Argentina) que, por un lado, siguen insistiendo con el default, al mismo tiempo que buscan sembrar temor y zozobra, pintando una crisis que no es tal y, por último, cerrando la operación, pretendiendo que la supuesta crisis es producto del forzado default. De paso, se niegan las conquistas populares y se critican con violencia todas las políticas que no responden a los cánones de la ortodoxia del ajuste. Por eso, conviene separar la paja del trigo, para no caer en la trampa.

Con respecto a los buitres
Una vez más, no hay default, ni clásico ni de ninguna denominación, porque ha habido cumplimiento de los contratos por parte de Argentina, y el país posee los recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los canjes de 2005 y 2010 y así lo seguirá haciendo. Esto lo reconocen los propios bonistas de la reestructuración. Por caso, un grupo de tenedores que tienen Discount nominados en euros, con legislación del Reino Unido, intimaron al BONY a liberar y transferir los fondos. Ante la ausencia de una respuesta positiva, se gestó una presentación ante un juzgado federal argentino, donde se denuncia una retención indebida e infundada de los pagos en virtud del Contrato de Fideicomiso. En el mismo sentido apunta la denuncia del inversionista George Soros y Kyle Bass, titular de Hayman Capital Management, contra la entidad bancaria por la retención de 226 millones de euros de pagos de bonos argentinos, conocida hoy.

El reconocimiento de los bonistas de la reestructuración de la falta de cumplimiento del fiduciario en el giro de los depósitos realizados por la Argentina, junto a la vocación de cobrar lo que, por derecho, les corresponde, refuerza lo acertado del proyecto de ley de Pago Soberano Local enviado por la Presidenta al Congreso de la Nación. Es que, por medio del mismo, no sólo se reafirma el ejercicio de soberanía de la República Argentina, articulando todos los mecanismos a disposición para hacer efectiva la voluntad de pago de la Nación con el 100% de los acreedores, sino que se busca preservar el derecho de los bonistas de los canjes, lesionados por la arbitrariedad de Griesa.

Otra cuestión es la manipulación de las calificadoras de riesgo y diferentes engranajes del sistema financiero internacional (entre ellos ISDA, de la que forma parte Singer, que determinó el pago de 1.000 millones de dólares en CDS en favor de los buitres y otros tenedores de esos derivados financieros). Por lo que hace a las calificadoras (las mismas que no pudieron o no quisieron anticipar una de las crisis más severas del capitalismo) una mala calificación no tiene capacidad de daño significativo sobre nuestra economía. Primero porque Argentina durante los últimos once años, en los que creció, reconstruyó su mercado de trabajo, asentó los pilares de su desarrollo, lo hizo prescindiendo de los mercados internacionales de crédito. Y vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, con un Estado que despliega políticas activas. Notemos, por ejemplo, que la agencia Moody´s bajó la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en nuestro país, pero se destaca entre las consideraciones sobre "posibles pérdidas para los acreedores", que "las mismas serán muy probablemente modestas". Es que ni siquiera "los mercados" han convalidado una baja en los valores de los activos argentinos, lo que, sin duda, hubiera sucedido de existir, verdaderamente, un default.

Del mismo modo, otra cosa son las maniobras que pudieran orquestarse dentro de la esfera doméstica para generar temor como un mecanismo de extorsión que plantea que si no se le da a los fondos buitre lo que han exigido a través de la pluma de Griesa, podría sobrevenir el caos. En esta línea se inscribe la quiebra fraudulenta de la imprenta Donnelley, no justificada por la situación económica de la empresa, que es líder mundial en ese rubro, con ventas por más de 10 mil millones de dólares anuales, que fue denunciada por el gobierno nacional y que AFIP considera probada, por lo que solicitó la detención de los directivos de la firma. Esta multinacional está vinculada, a través del fondo Black Rock, con el grupo NML de Paul Singer que era dueño del 7% de las acciones de Donnelley. También, desde hace tiempo, es vinculada con diversos fondos especulativos, además de Black Rock y Paul Singer, con Sanfor Weill, ex CEO de Citigroup, y Fred Eckert, un ex Goldman Sachs y, según The New York Times, actual “estrella” entre los buitres. Una vez más, igual adentro que afuera, aparece la complicidad del poder judicial representando el interés de poderes económicos en detrimento del interés nacional, en este caso colaborando con esta quiebra que busca, en sintonía con la estrategia manifiesta a través de algunos medios de comunicación, generar desestabilización política. La presidenta, al dar a conocer la denuncia, recordó las palabras del presidente del fondo buitre Aurelius,quien días atrás había amenazado con que “lo peor está por venir” si no pagan lo que se reclama. También sostuvo, como lo venimos haciendo desde el comienzo de este litigio, que la decisión de los fondos buitre que no quieren negociar es política y geopolítica y se enmarca en el intento de querer reinsertar a la Argentina en el circuito del sobreendeudamiento externo, tirando abajo la reestructuración de deuda soberana lo que pondría la capacidad de generar riqueza y los recursos estratégicos de la Argentina, nuevamente al servicio del drenaje hacia el exterior a través del mecanismo de la deuda, algo que parece tentador tanto para los buitres de afuera como para los domésticos, en articulación con aquellos.

Con respecto a la coyuntura económica
Algunas entidades empresarias están lejos de representar al empresariado nacional que realmente tiene y ha tenido que ver con esta Argentina que, juntos, hemos vuelto a poner de pie sobre las cenizas en las que tres décadas de neoliberalismo nos habían dejado. En cambio, el objetivo primario de la política económica que ha caracterizado a este ciclo político y económico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es la inclusión plena de los 40 millones de argentinos. En primer lugar, a través del trabajo.

Teniendo eso en cuenta, y los intereses que se expresan en las posiciones de los diferentes actores, podemos analizar más acertadamente la coyuntura, poniendo de un lado los datos de la realidad y, del otro, los intentos de manipular políticamente la información con el objetivo de alterar las expectativas económicas de los desprevenidos. La contracción en el volumen de incorporaciones de trabajadores constituye una situación que amerita respuestas desde la política, en articulación con el sector empresarial. Más, para los que entendemos la consecución del pleno empleo como objetivo prioritario de la política económica. Efectivamente, el conjunto de políticas activas del Estado Nacional, luego de las tensiones que se vivieron entre fines del año pasado y principios de éste en el frente cambiario, están encaminadas a sostener los ingresos, el nivel de actividad y el empleo, como cuestión absolutamente prioritaria. La capacidad de respuesta del Estado es lo que, tras la devaluación de enero y en un contexto de demanda externa débil, especialmente la brasilera automotriz cuya merma afecta de manera determinante al sector automotor nacional y, por ende, el desenvolvimiento de la industria, permite que la dinámica del mercado de trabajo esté lejos de un escenario de catástrofe como se lo ha querido presentar desde algunos medios y agrupamientos políticos opositores.

Las suspensiones que se produjeron en algunas firmas del sector automotor, donde la conflictividad de agudizó por la utilización política de algunos sectores minoritarios del entramado sindical opositor, de la mano con la amplificación mediática, sirvieron para el intento de generar malestar y preocupación en la sociedad con un tema claramente sensible. Sin embargo,"en general, afectan a una porción muy pequeña del total del empleo registrado". De hecho, según el informe de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, "son pocas las firmas que recurren a esta medida, incluso en fases contractivas. Esto se comprueba en el 2° trimestre de 2014 cuando, a pesar que la proporción de trabajadores suspendidos en relación al total del empleo crece con respecto al mismo trimestre del año anterior, la problemática afecta a 6 de cada mil asalariados registrados." Este guarismo no representa la idea de crisis generalizada que se pretende transmitir. Que no revista esa gravedad no significa, ni es la hipótesis que estamos planteando, que no merezca ser atendida. De hecho, de ese modo ha sido asumido por el gobierno nacional, que viene desarrollando una batería de políticas. Entre ellas la prórroga del Pacto Automotor con Brasil por un año, con mejora del flex (de 2 a 1.5) y la cuota de mercado de la industria argentina en Brasil (de 8 a 11%). Asimismo el lanzamiento del plan Procreauto que ofrece estímulos para la adquisición de automotores.

La intención inconfesable de los sectores opositores (tanto políticos como mediáticos, o sus verdaderos mandantes económicos), es la de manipular las expectativas de la población para afectar decisiones de consumo e inversión que realicen la profecía de la crisis. El análisis de las contradicciones permanentes de las declamaciones opositoras, pone de manifiesto su vocación por la gestación de un escenario donde a los argentinos nos vaya mal para, tal como oportunamente sinceró el senador radical Sanz, lesionar las posibilidades electorales del Frente para la Victoria, mejorando las suyas propias. De un lado, aparece la sobredimensión de las tensiones coyunturales de la mano con la negación de las respuestas del gobierno para la solución de esas coyunturas. Del otro, la crítica persistente de esas mismas políticas expansivas, bajo el clásico ataque neoliberal al gasto público. Pero, fundamentalmente, aparece en el terreno de las propuestas. Así, mientras vociferan una falsa preocupación por la situación del trabajo en esta Argentina cuya tasa de desocupación es del 7.5% -cuando gran parte de los que encarnan esa oposición fueron protagonistas del descalabro que nos llevó a lo que sí fue una profunda crisis donde la desocupación alcanzó al 25% y la informalidad al 55%- sus propuestas de política van en el sentido contrario.
Por ejemplo: la discusión por el Mínimo no imponible de ganancias, que sirve al sindicalismo opositor para justificar los paros que vienen fogoneando -no desde la lógica del reclamo sindical sino desde un posicionamiento político-, sirve para cristalizarlo. Primero, porque, mientras expresa a una minoría de 10% que se encuentra en la cima de la pirámide salarial, está lejos de conformar la agenda central de la gran mayoría de los trabajadores que tiene que ver con seguir resolviendo la informalidad, con la preservación de los 6 millones de puestos de trabajo construidos en los últimos once años y con cómo seguir generando nuevos empleos en la economía. Luego, porque junto con el reclamo por el mínimo no imponible, tal como propone el Frente Renovador, con un costo fiscal de casi $20.000 millones, están las promesas de eliminar las retenciones a las exportaciones, lo que no sólo tendría un costo fiscal adicional de $10.000 millones sino que impactaría sobre las provincias que dejarían de percibir el 30% de esa recaudación a través del Fondo Federal Solidario y sobre los consumidores que deberían pagar, por el kilo de pan, por ejemplo, un 23% más. Por supuesto, el "equilibrio fiscal" exigido por el paquete económico de la oposición obligaría a otros ajustes sobre la inversión social, como las asignaciones o la cobertura jubilatoria, de modo que la capacidad adquisitiva de los sectores populares se vería afectada por doble vía: mayores precios y menores ingresos. Ese combo tiene efectos largamente conocidos: menos consumo, menos demanda, menos inversión, menos actividad, menos empleo. Naturalmente, la crítica del gasto también habla de la inversión pública que, con seguridad, sería blanco de ataque de los cultores del ajuste. El impacto es, otra vez, el conocido: menos obra pública significa menos empleo, menos salarios, menos consumo, menos demanda, menos inversión, menos producción, menos empleo... y el círculo recesivo continua. Y algo más. La obra pública es la que, entre otras cosas, en la última década hizo posible que casi 4 millones de hogares tuvieran conexión a la red eléctrica y más de 2 millones pudieran acceder al gas de red. ¿Sabrán los promotores del ajuste que la inversión en infraestructura, además de ser base del desarrollo y mejorar la competitividad sistémica de la economía -aunque ellos sólo piensen la competitividad precio que por vía de devaluaciones tiene por beneficiarios a los mismos de siempre-, es determinante para la reducción estructural de la pobreza? Es que trabajo y pobreza resuenan en sus bocas como eslóganes de campaña. Pero sus políticas nunca fueron para los pobres ni para los trabajadores.

Ahora si de verdad quieren medidas proempleo, la lista es larga, y es pura iniciativa del gobierno nacional: el sostenimiento de paritarias libres con aumentos promedio de los salarios de 30%, la creación del programa progresar para la terminalidad educativa que incorporó un nuevo universo de 500 mil perceptores de 18 a 24 años, y ahora su articulación con el Plan ProEmplear, que actualiza una herramienta muy utilizada en 2009, el RePro. El Pro Emplear implica el pago, durante un año, de una suma mensual de $2000 destinados a completar el salario de los trabajadores, mientras "las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal". También apunta a facilitar la inserción laboral de los jóvenes que tendrán la posibilidad de acceder a los programas de capacitación laboral en las propias empresas y, una vez concluido el entrenamiento, si el empresario decide contratar al trabajador, el Estado aportará $2700 del convenio colectivo, por entre 6 y 12 meses, lo cual constituye un incentivo a la contratación. El beneficio será extensible a los adultos que cobren seguro por desempleo. En conjunto favorece a unas 815 mil personas y significa una inyección de $3034 millones. La lista sigue con el aumento de 40% en AUH (cubre a 3.5 millones de niños y jóvenes) y asignaciones familiares en general, aumento de 30.5% sobre jubilaciones y pensiones, al mismo tiempo que se lanza la segunda moratoria previsional, llevando la tasa de cobertura desde el 95% actual hacia su universalización. Todo ello significa fortalecer el ingreso de los argentinos y, por ende, el consumo y la demanda efectiva, determinante de la inversión y la producción.

Además hay que contar una inversión de $80.000 millones en obra pública, a lo que se suma el programa Vivir más Cerca, anunciado hace pocos días, que permitirá construir 105.000 soluciones habitacionales en todo el país, con una inversión de 28.000 millones de pesos (se crearán 100.000 puestos de trabajo directo y 160.000 indirectos). Esto también es una respuesta que, junto con el robustecimiento de la demanda agregada, apuntala específicamente al sector de la construcción que venía con una floja performance en los primeros meses del año.

Por otra parte, también se ha lanzado, en lo que va del año, el Fondear, que dispone 10.000 millones de pesos para financiamiento productivo, mientras se expanden las líneas de crédito productivo por potestad de la Carta Orgánica reformada del BCRA que implican que el sistema bancario destine el 5% del volumen total de sus depósitos a financiar la inversión productiva, a tasas y plazos regulados y accesibles, con énfasis en las pymes. Desde su implementación, por ese canal, se colocaron 53.700 millones de pesos.

Para cerrar, huelga que abunde que el conjunto de medidas enunciadas, hablan de razones muy concretas para sustentar expectativas de una economía más dinámica en el segundo semestre del año. Eso mismo es lo que, por caso, expresó la CEPAL en su último informe sobre perspectivas de crecimiento. De hecho, salvando las distancias, pero sí a título ilustrativo, en 2009 fue el paquete de políticas anticíclicas desplegadas por el Estado Nacional el que permitió la rápida recuperación y las altas tasas de crecimiento de los años 2010 y 2011. Por último, en la EIL, la mayoría (59%) de los empresarios consultados expresaron como expectativa que aumentarán su dotación de personal en los meses que siguen. Para que esa expectativa se realice -y aun se potencie-, hay un actor que sigue siendo el determinante: el Estado. Las políticas contracíclicas, sosteniendo los ingresos y con margen para seguir robusteciendo un programa potente de obra pública, siguen siendo la respuesta.