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Social, Laboral y Territorial

| Artículos de opinión

La construcción de las dimensiones ideológico-políticas de la privatización: la "sana competencia"

Autor | María Lorena Capogrossi


Conflictos de Interes
La autora no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
Privatización, YPF, competitividad, Carlos Menem, La Nación, Repsol, renacionalización, expropiación, crisis energética



08-12-2013 | Desde mediados de los ochenta, los países latinoamericanos se convierten en el escenario privilegiado para la aplicación de recetas de corte neoliberal gestadas desde los organismos financieros internacionales. Lo que se conoce como Consenso de Washington significó el "derrame" de paquetes de ajuste hacia los países de economía dependiente. De este modo, no sólo se implementan a nivel local diversas leyes que flexibilizan el mercado de trabajo, sino también se diagraman programas para la privatización de empresas públicas, que tienen repercusiones sociales, económicas y políticas que aún perduran, con consecuencias enormes en la estructura productiva de cada país. En la Argentina, estos procesos cristalizan a partir de 1989 cuando asume la presidencia Carlos Saúl Menem. El período es inaugurado por las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado y por una serie de normas y decretos vinculados a la desregulación de activos públicos. En este caso, nos interesa observar un ámbito productivo particular: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Aquí nos centraremos en uno de los ejes del discurso construido para legitimar la privatización de las empresas públicas. En el caso de YPF uno de esos ejes estuvo centrado en que la enajenación de activos públicos fomentaría la competencia en el sector, abriendo el mercado energético a nuevos capitales. Al contrastar estas afirmaciones con los datos de esos años, veremos que lo que ocurrió fue una profundización de la concentración de ciertos grupos económicos.


El proceso de privatización de empresas públicas en la Argentina puede leerse desde múltiples dimensiones, como lo han demostrado la gran cantidad de artículos, notas periodísticas y libros producidos en los últimos quince años. En este caso, nos vamos a detener en uno de esos aspectos, particularmente en la construcción del discurso legitimante del proceso privatizador. Analizar brevemente este aspecto es clave para poder comprender, políticamente, la importancia de las transformaciones derivadas de la expropiación de acciones de Repsol-YPF en mayo de 2012. Historizar es fundamental para poder pensar políticas públicas que se aparten del modelo económico, social y político de los noventa.

Para ello es necesario señalar ciertas características de la YPF estatal, antes de que sus activos fueran enajenados en 1992, cuando se sancionó la Ley de Federalización de Hidrocarburos. Esta empresa abarcaba tanto las actividades de exploración, explotación, producción y elaboración, como las de comercialización y distribución, y constituía una de las principales fuentes de empleo del país, si consideramos que para fines de 1989 la petrolera ocupaba al 13% del total de empleados del sector público. Hasta 1992 la actividad estaba regulada por la Ley de Hidrocarburos, sancionada en 1967, y una de sus particularidades era que permitía la participación de capitales privados en toda la cadena petrolera. Sin embargo, esa participación tenía límites que impedían la monopolización del sector por esos capitales.

Cuando Carlos Saúl Menem asume la presidencia en 1989 la política petrolera se modifica sustancialmente. Desde ese momento el subsuelo deja de ser considerado "patrimonio imprescriptible e inalienable de la Nación" y se avanza en la desregulación del sector. La Ley 23.696, o de Emergencia Económica, permitió la enajenación de las empresas públicas, entre las que se contaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sin embargo, esto fue posible porque a lo largo de este período fue legitimándose un discurso donde el Estado debía retirarse para dejar paso al libre juego del mercado. Ese discurso propugnaba que las empresas públicas no podían ser rentables si permanecían bajo la órbita pública pues era necesario propugnar el ingreso de capitales privados para fomentar la competitividad.

Haciéndose eco de ese argumento neoliberal, el diario La Nación publica el 24 febrero de 1989 un artículo titulado "Por qué privatizar". El eje de esa editorial es que la dependencia argentina es producto de la existencia de empresas públicas, llenas de privilegios y subsidios innecesarios, y este sería el principal obstáculo para la inserción del país en el proceso tecnológico mundial. La solución propuesta desde esa palestra de opinión es la privatización. El desempleo derivado de esas transformaciones, para el editorialista, supondría un "costo social menor" al compararlo con los niveles de inversión, competitividad, crecimiento económico y de productividad que aportaría el ingreso de capitales privados en los directorios de los entes privatizados. Lo que no señala este periódico es que los aumentos de productividad vendrían de la mano de la incorporación de un paquete de mecanismos de flexibilización laboral, como las modificaciones en los contratos de trabajo, los premios por productividad, la polivalencia funcional, etc. Tampoco le interesa advertir que la "inyección de capital" privado que volvería rentables a estas empresas, estaría acompañada de un proceso de transnacionalización de la economía derivado de la desaparición de las limitaciones legales a la libre importación y exportación de insumos y materias primas.

En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la construcción de los argumentos político-ideológicos que buscaron legitimar su privatización se centraron en, al menos, tres ejes. El primero sostenía que YPF mantenía un desequilibrio presupuestario crónico derivado de la incapacidad empresarial del Estado y de la enorme cantidad de subsidios innecesarios que se debían suprimir. Siguiendo esta tendencia discursiva neoliberal a la que la administración Menem había suscripto, la Sindicatura General de Empresas Públicas realiza en octubre de 1989 un informe sobre YPF en el que propone eliminar los rubros que suponen una erogación injustificada de recursos y que son aquellos vinculados a prestaciones sociales, recreacionales, edilicias y educacionales que las empresas del Estado realizaban en regiones alejadas de los centros productivos más dinámicos. El segundo eje hacía hincapié en que la privatización supondría una mayor competencia en el sector, terminando así con la monopolización estatal del petróleo y el gas. Por último, queremos señalar un tercer argumento que sostenía que estos cambios no afectarían a los trabajadores porque se convertirían en empresarios a partir de la implementación de los Programas de Propiedad Participada. Aquí sólo nos vamos a detener en el segundo de estos argumentos para poder tratarlo con mayor profundidad.

Desde su campaña electoral, Carlos Saúl Menem, venía anunciando la necesidad de privatizar las empresas estatales como paso necesario para fomentar la competencia. Esto queda registrado en una crónica que La Nación hace, en abril de 1989, de una reunión que mantuvo el candidato del FREJUPO con representantes del empresariado. Allí sostiene la necesidad de enajenar los activos del Estado siguiendo un programa orientado a equilibrar el sector público y fomentar la competencia sin "caer en el error de transferir monopolios estatales en monopolios privados". Cuando asume la presidencia, su plan de desregulación del sector se instrumenta mediante la sanción de una serie de normas. La primera es el Decreto Nº 1055, sancionado en octubre de 1989, que tiene como objetivo principal reactivar la explotación de hidrocarburos en las áreas en poder de YPF y así mejorar la competencia en el sector. Para ello propone diferenciar entre áreas marginales o de interés secundario y áreas centrales, que serán explotadas de diferente manera, aunque en ambas se prioriza la participación directa de inversiones provenientes del capital privado. El decreto, a su vez, establece que YPF deberá desprenderse de todos aquellos activos no considerados estratégicos. Para la adjudicación de los derechos de explotación a los privados, la Secretaría de Energía debe convocar a concurso público internacional y quienes ganen la licitación podrán utilizar libremente los hidrocarburos producidos en esa área. La libre disponibilidad es complementada con la autorización para importar y exportar petróleo crudo o derivados, librando esas transacciones de todo derecho o arancel. Esto consolida una nueva tendencia productiva: el petróleo y el gas dejan de ser insumos destinados al abastecimiento del mercado interno para emplazarse en los circuitos económicos mundiales como materias primas con escaso o nulo valor agregado. A este decreto le siguió el Nº 1212 del 8 de noviembre del mismo año cuyo fin es una mayor apertura de la economía argentina para que puedan "(…) establecerse un conjunto de reglas de juego tendientes a sustituir de forma creciente la intervención del Estado por los mecanismos de asignación del mercado". El objetivo de esta norma es que Yacimientos Petrolíferos Fiscales se transforme en una empresa competitiva. Vemos aparecer, nuevamente, uno los ejes de ese discurso privatista que intentaba legitimarse invocando la "igualdad de condiciones" para inversores privados y públicos. En este caso, deja el plano meramente discursivo y se plasma en un decreto que busca equiparar a la petrolera estatal con las empresas privadas, sin tener en cuenta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales cumplía una serie de funciones que no podían medirse en términos de mercado sino que tenían que ver con formas de radicación de la empresa en el territorio y de avance de la estatalidad en algunas regiones.

Lo que ocurrió a partir de entonces fue que los grupos económicos vinculados al negocio petrolero, que desde la dictadura militar ya ocupaban un lugar predominante en el mercado, consolidan sus posiciones y tienden hacia una mayor concentración. En los "Anuarios de Combustibles" publicados por la Secretaría de Energía de la Nación durante esos años podemos observar el incremento de la incidencia de los principales operadores petroleros después de sancionados los primeros decretos tendientes a la desregulación. De este modo, y sobre todo, a partir del año 1992, cuando es sancionada la Ley de Federalización de Hidrocarburos, las compañías privadas pasan a controlar casi el 60% de la producción de petróleo del país, cuando tres años antes era Yacimientos Petrolíferos Fiscales quien ocupaba el primer puesto en la producción de hidrocarburos llegando a casi un 98 % de metros cúbicos al año, por administración y por contrato. A lo largo de la década del noventa esa tendencia fue acentuándose y llega a su máxima expresión en 1999 cuando Repsol-YPF se queda con el 99,98% de las acciones de YPF S.A.

No podemos dejar de advertir que el discurso que sostenía que la privatización contribuiría a fomentar la competencia constituía una falacia pues lejos de alcanzarse ese objetivo, lo que ocurrió fue el traspaso de un monopolio en manos del Estado a un monopolio privado. Esto fue concebido ex profeso y una prueba de ello lo constituye el establecimiento de montos patrimoniales muy elevados para poder participar de las licitaciones, lo cual deja al margen de la convocatoria a numerosos interesados y favorece la participación de grupos económicos de capital muy concentrado. Las consecuencias de todo este proceso son innumerables y aquí no las analizaremos. Pero una parte de la problemática energética en la cual estaba sumida la Argentina hasta la expropiación de YPF, tiene su germen en estas políticas legitimadas e instrumentadas durante la década del noventa, como se dijo amparadas y promovidas por el Consenso de Washington.



Bibliografia
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