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Medios de Comunicación y Estructura de la Información

| Artículos de opinión

La noche de los decretos largos, la intervención de AFSCA y AFTIC

Autor | Federico Giordano


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
AFSCA, AFTIC, Aguad, Grupo Clarín, intervención, Ley de Medios, Macri, Sabbatella



07-01-2016 | El 22 de diciembre por la noche se firmó el decreto 236/15; sin embargo, por retrasos en la publicación del Boletín Oficial, no se conoció su contenido hasta el mediodía del día 23, luego que AFCSA estuviera vallado y rodeado de policías y que el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad hubiera dado su conferencia de prensa, allí se confirmó que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habían sido intervenidas.


El argumento de la intervención fue la rebeldía de sus autoridades; en el propio decreto se especifica que esta rebeldía consiste en que los organismos continuaron funcionando posteriormente a que se publicara el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 que es el que modifica la estructura ministerial y pone a ambos organismos bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones. Cabe aclarar que el DNU aún no ha sido convalidado por el Congreso y despierta varios rechazos porque intenta modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual o "Ley de Medios" N° 26.522 y Argentina Digital N° 27.078 que dieron origen al AFSCA y AFTIC respectivamente.

Estas dos leyes pueden considerarse "hermanas" aunque la más difundida es la hermana mayor, la Ley de medios. Esta primera norma regula la comunicación desde el punto de vista de la protección del derecho humano de acceso a la información y la posibilidad de expresarse, mientras que la segunda norma regula el vehículo tecnológico a través del cual se difunde esa comunicación, es decir, desde el punto de vista de un servicio público y sus usuarios, juntas conforman los pilares fundamentales del marco normativo del sector.

Escapa a los objetivos de este artículo hacer un análisis completo de ambas leyes pero si nos detendremos en uno de los aspectos más progresistas de estas normas, la pluralidad que garantiza en la gestión y control de sus organismos. En primer lugar sus órganos de aplicación AFSCA y AFTIC tienen órganos de control. En el caso de AFSCA se llama Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Co.Fe.C.A.) integrado por miembros en representación de cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma, los prestadores comerciales, los prestadores sin fines de lucro, las universidades nacionales, las facultades de ciencias de la comunicación, los medios públicos, los sindicatos, las sociedades gestoras de derechos y los pueblos originarios; en el caso de AFTIC se denomina Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización (COFETYD) que a su vez se integra con representantes de cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma, los prestadores de telefonía fija y móvil, los prestadores sin fines de lucro, las prestadoras de servicios de internet, el Consejo Interuniversitario Nacional, los sindicatos, los proveedores de servicios TICs y los usuarios o consumidores. A estos organismos federales y multisectoriales la ley les otorga el rol de control sobre el directorio de ambos entes y les da el poder de removerlos en caso de incumplimiento de su función. Los directorios de ambos organismos son del mismo modo plurales porque ambos tienen 7 miembros dos de los cuales son propuestos por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso en representación de las tres primeras minorías legislativas y los últimos dos por los consejos mencionados anteriormente.

Por si esto fuera poco, ambos organismos, son controlados por el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización a la que deben rendir cuentas de su gestión periódicamente. Todo esto sumado a que expresamente desfasa el mandato de sus directivos con el de recambio del Poder Ejecutivo configura una de las intenciones principales de la ley, limitar la arbitrariedad del P.E.N. en el manejo de los medios.

Está demás decir que el objetivo de la intervención es recuperar el manejo discrecional de la regulación del sector mediático más allá que públicamente se hizo hincapié en la figura del presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, y se objetó su continuidad por su carácter de "militante". Este argumento, al menos débil para desplazar a un funcionario que tiene mandato hasta el año 2017 por ley es además, a la luz del nombramiento de los interventores, una hipocresía pues al frente del AFSCA se nombró a Agustín Garzón, ex legislador porteño y actual coordinador de profesionales del PRO y al frente de AFTICS a Mario Frigerio, el tío del flamante Ministro del Interior y hombre fuerte del gobierno. Por su parte Aguad no se privó de nombrar a un allegado y puso al frente de una de las empresas que dependía de AFTIC, ARSAT a su yerno Rodrigo de Loredo quién será responsable, de ahora en más, de la fabricación de los satélites argentinos.

Actualmente la medida de intervención ha sido judicializada ya que las numerosas partes afectadas presentaron recursos de amparo.

La guerra declarada contra la ley de medios
Analizar las circunstancias y los argumentos puntuales de la intervención es un ejercicio estéril si no se lo pone en el contexto de lo que significó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los continuos ataques que ha recibido desde entonces.

Es importante mencionar que el marco regulatorio del sector hasta la sanción de estas leyes descansaba en el decreto-ley Nacional de Radiodifusión N° 22.285 emitido en 1980 durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla; cuya autoridad de aplicación era el COMFER. Con la vuelta de la democracia este marco resultaba inadecuado por múltiples razones, un ejemplo de esto es que el directorio del COMFER se formaba con representantes de cada una de las ramas de las fuerzas armadas.

A pesar de lo anacrónico de la normativa, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fracasaron los intentos de aprobar una nueva ley por presiones de Héctor Magneto quien además demandaba derogar el art 45 de la ley vigente que les impedía comprar Radio Mitre, Alfonsín no derogó el artículo y las presiones del grupo Clarín no se hicieron esperar, fue el propio Alfonsín quien identificó a este grupo con la intención de desestabilizar su gobierno.

Las presiones del multimedio junto con otras corporaciones fueron tan exitosas que Alfonsín aceleró el paso de mandato al electo Carlos Menem, algo visto con buenos ojos por los medios de comunicación dominantes pues Menem ya se había comprometido a acceder a sus demandas. Tal es así que la Ley de Reforma del Estado (N° 23.696) entre otras cosas derogaba el artículo pedido por el CEO de Clarín, permitiendo que las empresas de periodismo puedan ser titulares de radios y canales de televisión y su primer privatización fue la de canal 13. También se autorizó la difusión de publicidad producida fuera del país (Resolución 1226/93), se habilitaron mecanismos para poder transmitir en idiomas extranjeros y se flexibilizaron las restricciones para realizar juegos de azar (Decreto 1062/98). Esta etapa fue la consolidación de los grandes multimedios argentinos que hoy tienen un poder mucho mayor que cuando presionaban al presidente Alfonsín.

Posteriormente, en agosto de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner se aprobó la ley 26.053 que permitió que las cooperativas pudieran acceder a licencias. Pero fue recién en el año 2009, luego de casi 30 años de una sostenida lucha del sector que el Congreso nacional aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dando por fin una normativa integral en democracia.

Las circunstancias de su gestación son excepcionales para nuestro país. El texto inicial de la misma fue impulsado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas. Este texto fue sometido a un largo proceso de discusión y audiencias públicas para desembocar en el texto definitivo.

En su paso por el Congreso obtuvo amplias mayorías y una pluralidad de partidos políticos que las apoyaron, pero las corporaciones mediáticas no estaban dispuestas a someterse a la ley que fue judicializada desde su origen.

Si bien la ley regula muchos aspectos de la comunicación, obviamente el aspecto más resistido por estas corporaciones fue el que impedía la concentración de medios. Fue así que el grupo Clarín presentó una serie de medidas cautelares en la Justicia para impedir la aplicación de esta restricción que lo obligaría a reducir sus alrededor de 300 licencias a las 24 que fija la ley como máximo. Esta movida mantuvo suspendida la aplicación de los artículos relacionados hasta tanto se defina el tema de fondo, la constitucionalidad de la ley.

Finalmente el 28 de agosto de 2013, la Corte Suprema de la Nación, convocó a audiencia pública para la presentación de argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la Ley, un proceso que, cuatro años y diecinueve días después de promulgada la ley, declaró la constitucionalidad del texto completo para así poder entrar cabalmente en vigencia.

El Grupo Clarín debió presentar un plan de adecuación que no fue admitido por el AFSCA y por ende propuso la adecuación de oficio, decisión que fue nuevamente frenada por un amparo y finalmente anulada por la justicia, en una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, el 17 de diciembre pasado.

Con la elección de Mauricio Macri como presidente, el enfrentamiento continúa pero ha cambiado la correlación de fuerzas. El Grupo Clarín ya no necesita estar a la defensiva y vemos otra vez un gobierno que entre sus primeras medidas cumple con estos grupos mediáticos. No demoró ni 15 días en protagonizar un nuevo ataque a la ley, un ataque explícito en las críticas del propio ministro quien, en una interpretación, al menos curiosa, considera que las leyes no pueden limitar la autoridad presidencial y ya anticipó que "las leyes no subsistirán en este gobierno".

La guerra se sigue librando y es el propio Ministro quien anticipa nuevas batallas cuando en la conferencia de prensa en la que anunció la intervención, dijo que "la ley no ha sido modificada… por ahora".



Bibliografia
Texto completo del decreto 236/15
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=1D66A9DFA774FB36EB8AED7BA0C3FB8D?id=257248

Texto completo D.N.U. 13/2015: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm

Sobre la demora de publicación del Boletín Oficial http://www.lanacion.com.ar/1856709-el-gobierno-demoro-la-publicacion-del-boletin-oficial-hasta-el-anuncio-de-la-intervencion-de-la-afsca

Nota de La Nación. Agustín Garzón http://www.lanacion.com.ar/1856716-quien-es-agustin-garzon-el-interventor-de-la-afsca-que-ocupara-el-lugar-de-martin-sabbatella

Nota de Ámbito Financiero sobre Mario Frigerio http://www.ambito.com/noticia.asp?id=821045

Nota de Rodrígo de Loredo http://www.cba24n.com.ar/content/rodrigo-de-loredo-sera-el-nuevo-presidente-de-arsat