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| Artículos de opinión

Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria: ex testigo contra la Argentina en el CIADI (Parte 2)

Autor | Federico Bernal


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
Chambouleyron, testigo experto, CIADI, Subsecretario, Política Tarifaria, Ministerio de Energía, Aranguren, conflictos de interés, Ley 25.188, tarifazo, ceocracia



03-07-2016 | El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, designó al economista Andrés Chambouleyron para presidir la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria. Su primera aparición pública data de la conferencia de prensa del viernes 29 de enero con motivo de anunciarse formalmente el tarifazo eléctrico. Su más reciente aparición coincide con la presentación de Aranguren en el Senado de la justificación de ese mismo tarifazo, casi cinco meses más tarde y con consecuencias irreversibles para miles de pequeños y medianos comercios, PyMEs y clubes de barrio a lo largo y ancho del país. El sector residencial (la pobreza energética) no escapará a igual destino de no retrotraerse el incremento con anterioridad al 10 de diciembre de 2015. Volviendo a Chambouleyron, ¿será que tiene algo que ver con el tarifazo? ¿Será que podría explicar, al menos en parte, la naturaleza regresiva e inhumana de la medida? A continuación la segunda y última parte del informe, con un análisis completo de la tarea de lobby periodístico realizada por Chambouleyron, una síntesis de los conflictos de interés que su cargo y su pasado manifiestan, y las conclusiones finales.


Tarea de lobby periodístico
Pero la labor de consultores y expertos de la talla de Chambouleyron no queda restringida a sus servicios como testigos expertos en tribunales internacionales. El Profesor Sacaluse en su trabajo citado nos explica por qué: "El creciente número de controversias entre inversionistas y Estados puede imponer cargas indirectas a los gobiernos... Las políticas de inversión, como cualquier otra política de gobierno, debe ser sostenida por cierto grado de apoyo popular. La concientización de la sociedad en relación a los costos asumidos por los países anfitriones [los Estados demandados] como resultado de disputas inversionistas-Estado basadas en tratados, a menudo acompañados de importantes comentarios de publicidad y periodísticos, puede conducir a una disminución del apoyo [popular] a la inversión extranjera y a las políticas de liberalización económica que muchos países han adoptado en las últimas dos décadas. En otras palabras, la continuidad del apoyo público a las políticas favorables a la inversión extranjera resulta ineludible, y el incremento en los casos de arbitraje inversionista-Estado podría contribuir a futuras restricciones adicionales en materia de inversión extranjera".

En nuestras palabras y tomando las justas observaciones de Sacaluse, queda claro que las empresas demandantes precisan de una fuerte campaña de lobby periodístico para mitigar posibles protestas sociales o minar el lógico y esperable apoyo que la comunidad -y sus líderes de opinión sin conflictos de interés- brindarán al propio Estado (al Estado demandado) en un juicio ante el CIADI. Lo acontecido en materia periodística con la demanda de Repsol entre 2012 y 2014 nos exime de más ejemplos. Veamos pues y en este sentido, la tarea de lobby periodística y comunicacional ofrecida por Chambouleyron, en casos extraídos en su mayoría conforme listado publicado en su propio CV (Pág. 14, título "Newspapers and Magazines articles").

1) En junio de 2007, el diario La Nación publicó una nota titulada "Masivo reclamo de reglas claras en materia energética". Bajada: "Los especialistas también consideran que deberían mejorar los entes de control". Los especialistas en cuestión, Jorge Lapeña, Alberto Devoto, Daniel Montamat y Andrés Chambouleyron, entre otros. El reclamo es "masivo" porque el 100% de los entrevistados coinciden en la opinión, lo que por cierto en la jerga estadística se denomina un "milagro matemático".



Fuente: http://www.lanacion.com.ar/919988-masivo-reclamo-de-reglas-claras-en-materia-energetica

El subrayado en amarillo viene a cuento de lo que fuera anunciado por Aranguren el viernes 29 de enero: "Hay medidas concretas que persiguen efectos inmediatos. Desalentar el consumo de electricidad y de gas con un sistema de premios y castigos". En tres palabras: el tarifazo eléctrico.

Volviendo a la nota, ¿qué fue lo que Chambouleyron confió al diario La Nación y su infructuosa opereta de intentar volcar a los lectores a favor de un tarifazo energético en 2007? Textualmente: "Andrés Chambouleyron, de la consultora LECG, también pidió que el Estado abandone su actual rol de decisor y ejecutor de inversiones y vuelva a su rol de regulador y controlador". Se comprenderá esta opinión siendo que entonces el actual Subsecretario oficiaba de testigo experto en dos juicios simultáneos ante el CIADI por parte de empresas española, italiana y estadounidense correspondientes al sector agua y saneamiento.

2) En julio de 2006, coincidente con su función de testigo experto para una distribuidora de gas en una demanda no CIADI y vinculada a los precios de los combustibles, el diario La Nación publicó una nota de autoría del mismísimo Chambouleyron. Allí el autor pedía, en sintonía con Juan José Aranguren desde Shell, un incremento del precio de los combustibles. El subrayado en amarillo enfatiza el horror que para tecnócratas como Chambouleyron significa un pueblo consumiendo.



Fuente: http://www.lanacion.com.ar/823613-senales-de-precio-peligrosas-en-el-mercado-de-las-naftas

¿De qué nos quería convencer el autor? Textualmente: "Si en la Argentina se fijara el precio minorista de la nafta siguiendo el precio mayorista de EE.UU. (antes de impuestos) y se le agregara nuestra carga impositiva, el litro de nafta costaría aquí US$ 1,21, alrededor de $ 3,70 cuando cuesta sólo 1,90... Un valor similar se obtiene usando el precio mayorista antes de impuestos de la gasolina en Chile más nuestra carga impositiva que llevaría el valor final de la nafta súper aquí a US$ 1,22 o $ 3,75, el doble de lo que cuesta hoy".

Y la frutilla del postre: "A menos que el Gobierno tenga planeado subsidiar también el precio de la nafta cuando empiece a importar petróleo, lo recomendable sería ir sincerando las variables en forma paulatina, en sincronía con la suba de los salarios reales y el empleo, y no esperar hasta tener que ajustar los precios de golpe enfrentando el riesgo de afectar la sólida recuperación que hoy muestra la economía". Como es sabido, el tarifazo eléctrico fue un ajuste de precios "de golpe", siquiera sincrónicos con la hiperinflación-megadevaluación macrista y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios. No se explica entonces como, si Chambouleyron no lo quería para 2007 en un contexto de supuesta recuperación económica ascendente, hoy lo esté ejecutando como funcionario del Ministerio de Energía en un contexto de supuesta espantosa crisis económica producto de la más espantosa herencia K.

3) En abril de 2006, coincidiendo también con su función de testigo experto para la misma distribuidora de gas, Chambouleyron publicó en el diario La Nación la nota titulada "Preocupaciones otoñales". Nuevamente y en amarillo la espantosa pesadilla de un consumo ascendente.



Fuente: http://www.lanacion.com.ar/795935-preocupaciones-otonales

¿Qué nos proponía en esta oportunidad el actual Subsecretario? Luego de comparar los niveles de consumo y producción de gas natural entre la década del 90 y los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, Chambouleyron concluye insólitamente que "... las reservas [de gas] han caído de 20 años de producción en 1994 a un estimado de 9,3 años en 2005. Esto se debe a dos motivos, uno, que hoy se produce el doble de gas que en el año 1994 (51.000 millones de m3 versus 26.000 millones) y a que la tasa bruta de incremento de las reservas (descubrimientos de más gas por mayor exploración) cayó de un promedio de 5,5% anual entre 1995 y 2001 a 10,2% anual entre 2002 y 2004". Salvando la incongruencia última, se observa un pequeño detalle ignorado: ¡las exportaciones! Mientras que la política gasífera de los noventa y hasta mayo de 2003 buscó la depredación gasífera (exportación masiva en detrimento del consumo local), la política gasífera de Néstor Kirchner se preocupó por volcar el gas argentino primero a los argentinos. Finalmente, el autor nos dice que "La única forma de revertir este sostenido drenaje de reservas es con mayor inversión privada en exploración". ¿Cómo alcanzar esa reversión? Obviamente, "... con políticas adecuadas de fomento de la inversión privada (libertad de precios y de disponibilidad del recurso, certidumbre contractual y regulatoria)". ¿Su cliente que entonces nos enjuiciaba en el CIADI podría haber sido una de las beneficiadas de las "políticas adecuadas de fomento"?

Ahora, recordemos el juicio citado por Sacaluse conforme vimos con anterioridad, es decir, el Caso ARB/01/8, 139 (12 de mayo de 2005) "CMS Gas Transmission Co. v. República Argentina". La demanda implicó una erogación para el Estado argentino de 133 millones de dólares. ¿Es este juicio el mismo que Chambouleyron indica en su CV haber sido testigo experto de parte de la demandante? ¿Las "preocupaciones otoñales" del actual Subsecretario eran las suyas o las de sus dos clientes representados en 2005, coincidentes o no con el ARB/01/8?

4) En noviembre de 2006, además de utilizar los consejos de Daniel Montamat, el diario La Nación cita a Chambouleyron. El artículo se tituló "La Argentina debe duplicar la inversión actual en energía para seguir creciendo". Similar opereta volverá en un artículo del mismo diario a fines de 2015 (ver punto 7), casualmente también empleando como especialistas a Chambouleyron y a Montamat.



Fuente: http://www.lanacion.com.ar/860166-la-argentina-debe-duplicar-la-inversion-actual-en-energia-para-seguir-creciendo

Comienza el articulista afirmando que "... todos los analistas del sector, sean de izquierda o derecha, ortodoxos o heterodoxos, coinciden en que existe en el país un problema energético serio que hay que solucionar". Entonces, para justificar la supuesta e insalvable brecha entre la inversión real y la añorada por el sector privado y sus lobbistas, el diario afirma que, según "Una proyección del estudio Montamat & Asociados, que conduce el economista Daniel Montamat, ex presidente de YPF, indica que, si quiere crecer al 3% anual hasta 2020, el país necesita invertir más de 1.800 millones de dólares en energía por año. Si, en cambio, sus pretensiones fueran expandirse al 5%, deberían ser 2.560 millones". Es de destacar que las inversiones en energía entre 2003 y 2015 totalizaron 24.455 millones de dólares, lo cual distribuido en doce años da un promedio similar a la cifra que pedía Montamat pero para todo el período. En cuanto a la expansión del PBI, el crecimiento logrado se acercó al 90%.

Ahora bien, interesante es conocer la opinión que tal opereta mereció al Ministerio de Planificación Federal (en rojo); más interesante aún, la opinión que el diario rescata del testigo experto Chambouleyron (en amarillo).



Nótese, por enésima vez, la cuestión del "consumo" y el supuesto problema de la "energía barata", anticipando en casi una década las políticas que siendo funcionario aplicará sin bemoles.

5) En junio de 2007, el diario La Nación publicó su nota "Qué hacer ante la crisis energética". Léase en la imagen provista debajo el subrayado en amarillo. ¿Novedosa la guerra al consumo por parte del neoliberalismo?


Fuente: http://www.lanacion.com.ar/919981-que-hacer-ante-la-crisis-energetica

Entre la "decena de especialistas" y como siempre, los inefables Montamat, Lapeña y Devoto. Sin embargo, el más contundente y temerario en sus afirmaciones sería Andrés Chambouleyron: "Las tarifas de los servicios públicos deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios, incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella. Un ajuste de tarifas reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo". ¿A qué obedece esta insistencia? Al interés de sus clientes, por supuesto.

6) En el portal Bastión Digital, Chambouleyron escribió, entre muchas otras notas, esta que se ilustra debajo:



Fuente: http://ar.bastiondigital.com/notas/c%C3%B3mo-desmantelar-los-subsidios-de-aysa

¿Qué planteaba entonces el consultor de Compass Lexecon? "Es preciso cambiar el modelo de gestión de la compañía pero descartando tanto la privatización por ser inviable y altamente riesgosa como la gestión estatal que no ha dado buenos resultados. Un nuevo governance (sic) con separación vertical del negocio minorista con un contrato de gestión privada con responsabilidad sobre la calidad final del servicios y una empresa estatal encargada de financiar y activar contablemente las inversiones en expansiones de las redes puede contribuir a mejorar el desempeño de la compañía, reduciendo gastos y aumentando la cobertura de los servicios sin aumentar el riesgo regulatorio".

Esta propuesta de nuevo "governance" no es más que un esquema empresarial elaborado a imagen y semejanza de sus clientes, así como de nuevos y "jugados" empresarios que, invirtiendo en tiempos de gobiernos populistas, minimicen sus riesgos tanto de inversión como de expropiación.

En su presentación en la Asociación Argentina de Economía Política, en noviembre de 2013, titulada "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Chambouleyron nos explica el aludido y propuesto esquema para AySA, esquema que con total seguridad debe estar recomendando a todas las secretarías del Ministerio de acuerdo a las funciones que le competen a su cargo: "Imagínese un nuevo gobierno que quisiera devolverles a los inversores la confianza en el país bajando el riesgo de una futura expropiación a través del otorgamiento de nuevas garantías. Si el riesgo expropiatorio se traslada ahora al costo del capital de la compañía las garantías futuras que el gobierno le otorgue a los inversores deberán permitirles a estos obtener una rentabilidad que compense el (ahora mayor) riesgo que implica invertir en Argentina. Esta rentabilidad deberá ser no sólo superior a la de invertir en el mismo sector en otro país latinoamericano, sino ser además superior a la que se le ofreció a dichos inversores en Argentina a principios de la década de los 90s (ceteris paribus) ya que dicha rentabilidad no compensaba al inversor por el riesgo de una futura expropiación, tarea que (como ya se indicó) estaba a cargo de las garantías aportadas por la arquitectura institucional montada por el propio gobierno". ¿Algo que agregar?

(7) Por último, destacamos el artículo ya más reciente del diario La Nación titulado "La nube negra: cortes de electricidad, emergencia y default", publicado el 30 de agosto de 2015.




Vale la pena citar la respuesta que casi en paralelo dio el ex ministro de Planificación Federal y hoy diputado nacional, Arq. Julio De Vido: "El exhorto para el fin de los subsidios eléctricos y una energía más cara y excluyente merece todo un artículo. Remarcaremos no obstante y por cuestiones de espacio, dos singulares detalles. En primer lugar, la referencia como autoridad al inefable Montamat, ex secretario de Energía de Fernando De la Rúa y gracias al cual padecimos -por supuesto después de haber sufrido la de su socio Jorge Lapeña a fines de los ochenta- la peor época de cortes eléctricos de nuestra historia. Como ya hemos dicho, vale la pena recordar que Montamat ofició como perito para una empresa estadounidense en su demanda ante el CIADI contra el pueblo argentino. Y esto no es menor, desde que el especialista número dos citado por el diario La Nación para argumentar su exhorto energético es un tal Andrés Chambouleyron... [quien] labora en Compass Lexecon, consultora estadounidense que brinda servicios a corporaciones financieras, compañías multinacionales y fondos buitre. Chambouleyrón en calidad de especialista argentino y al igual que Montamat, ofició de perito para más de cinco diferentes empresas (francesas, italianas, estadounidenses, españolas, etc.) en sendas demandas ante el CIADI contra el Estado nacional, entre 2004 y 2009, para los sectores de las telecomunicaciones, agua y saneamiento, eléctrico y gasífero. Esta información es de público conocimiento y figura en el CV que la consultora publica en Internet". (9) No sabía entonces el actual diputado nacional que el aludido CV dejaría de ser de público conocimiento en algún momento entre este informe y su designación por Aranguren. ¿Qué recomendación nos hizo Chambouleyron en esta nota de La Nación? "No se invirtió lo necesario ni en generación ni en distribución. Y la prestación se deterioró al punto de que hay más cortes y más largos".

A modo de síntesis de este apartado, es importante señalar que Chambouleyron era presentado por los medios que utilizan y multiplican su tarea de lobby como "experto de las regulaciones en los servicios públicos" o socio o consultor de LECG o Compass Lexecon, sin aclarar por supuesto a qué se dedican estas firmas. Lo mismo sucede con otros muchos lobbistas de empresas privadas, muchos de ellos testigos expertos en el CIADI contra el Estado nacional como por ejemplo Daniel Montamat y Carlos Bastos (ex secretario de Energía) y quien recomendó a Juan José Aranguren la incorporación del actual Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Se deduce de estos casos, entre innumerables más e independientemente de haber sido o no testigos de parte de empresas en el CIADI contra el país, la importancia de trabajar en un proyecto de ley que regule la tarea de lobby. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué fines específicos persigue y qué conflictos de interés representan el autor de la nota y sus entrevistados "expertos". Si no los hubiera, que queden aclarados públicamente y confrontados con un registro oficial de lobbistas (así sucede en EE.UU. y Chile por ejemplo).

Crónica de un tarifazo anunciado y los objetivos de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria
La larga descripción de lo que fue, a través de su consultor Chambouleyron, la tarea de lobby periodística de las empresas clientes de LECG y Compass Lexecon entre 2003 y 2015 hacen las veces de "crónica de un tarifazo anunciado".

El 10 veces testigo experto para cerca de una docena de empresas extranjeras en juicios contra el Estado nacional y el pueblo argentino ante el CIADI, es nada más ni nada menos que el Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Planificación. Su designación fue oficializada por medio del Decreto 271/2015 del 29 de diciembre de 2015, mientras que las funciones de su dependencia con el Decreto 231/2015, del 22 del mismo mes.

Los objetivos de la cartera a su cargo son, conforme la referida norma: "1. Asistir al Ministro en la coordinación de políticas de precios y tarifas de energía y servicios públicos vinculados al área energética; 2. Coordinar las relaciones con los organismos descentralizados en el ámbito del Ministerio; 3. Coordinar las acciones a efectos de identificar mecanismos de transferencias y subsidios a los sectores carenciados de la sociedad en relación a los servicios públicos vinculados al área energética; y 4. Realizar recomendaciones de política energética interactuando con otras Secretarías y Subsecretarías del Ministerio".

Conflictos de interés
Con una imagen alusiva al lanzamiento oficial del tarifazo, ilustremos el rol que le cabe dentro del Ministerio de Energía al 10 veces testigo experto de parte de empresas extranjeras contra el pueblo argentino ante el CIADI.



El Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria (Chambouleyron), le recomienda al Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, "políticas de precios y tarifas de energía y servicios públicos". ¿Y Sruoga? Según el diario Clarín este es su CV: "Tuvo una activa participación como asesor durante la privatización del sector eléctrico que llevó adelante el gobierno menemista. Entre los años 1992 y 1996, se desempeñó como gerente de costos y tarifas de la distribuidora EDENOR. Luego se pasó a la actividad privada, donde trabajó como director de la consultora Mercados Energéticos" (Diario Clarín - 12/04/2001).

Ahora bien, ¿acaso no implicaría insostenibles conflictos de interés conforme la Ley 25.188 de "Ética en el Ejercicio de la Función Pública" si en el normal ejercicio de sus funciones Andrés Chambouleyron se encontrara en alguna de las siguientes situaciones?:

a) Si estuviera involucrada alguna de las firmas por él representadas en LECG y/o Compass Lexecon;

b) Si estuviera involucrada indirectamente (por ejemplo en calidad de accionista minoritario o no controlante) alguna de las firmas por él representadas en LECG y/o Compass Lexecon;

Más situaciones conflictivas a modo de interrogantes:

c) ¿Cómo fue que resolvieron Compass Lexecon y el Ministerio de Energía aquellos casos donde Chambouleyron deba ser consultado por ex colegas de dicha firma en alguno de los 10 juicios en los que él participó, por más que ya no figure como empleado de Compass?

d) ¿Cómo asegurar que, una vez finalizado su cargo de Subsecretario o al momento de presentar una eventual renuncia, no utilice la información confidencial del Estado en contra del propio Estado en futuros juicios, con sus ex colegas de LECG o Compass Lexecon, así como en cualquiera de los 10 pasados si es que siguieran vigentes?

f) Vinculado al punto precedente, ¿aseguró el señor Chambouleyron en su contrato con el Estado no volver a oficiar de testigo de parte de empresas contra el mismo Estado hasta el fin de sus días?

Más interrogantes:

g) ¿Están concluidos los 10 juicios o siguen vigentes?

h) Relacionado a lo anterior, recordemos al magistrado Sacaluse, como fuera dicho, Presidente del Tribunal en el Caso CIADI No. ARB/03/17. Como testigo experto clave de parte de la demandante participó un tal Manuel Abdala. Consultor de la firma LECG, Abdala pasó a Compass Lexecon en 2011. Sucede que al cruzar los currículum de este último con los de Chambouleyron se observa mucha coincidencia. No sería de extrañar que el subsecretario del Ministerio de Energía haya trabajado fuertemente en el Caso CIADI No. ARB/03/17. El punto crucial es, sin embargo, que dicho caso no ha concluido aún. Asimismo, Manuel Abdala fue uno de los testigos expertos en juicios contra la Argentina más requeridos por las firmas demandantes.

i) ¿Cuánto fue que, trabajando como testigo experto en los 10 juicios contra el pueblo argentino, logró hacerles ganar a sus clientes y por ende hacerle perder al Estado nacional? Porque es máxima consagrada que el dinero del Estado es dinero de los contribuyentes, como bien gusta decir al oficialismo. Quien perjudicó indirectamente el bolsillo de la ciudadanía durante más de una década... ¿lo beneficiará ahora como subsecretario ministerial?

j) Hemos visto de algunos de sus muchos escritos su inclinación -rentada- a otorgarles a las empresas privadas "una rentabilidad que compense el (ahora mayor) riesgo que implica invertir en Argentina. Esta rentabilidad deberá ser no sólo superior a la de invertir en el mismo sector en otro país latinoamericano, sino ser además superior a la que se le ofreció a dichos inversores en Argentina a principios de la década de los 90s...". ¿De qué rentabilidad adicional habla? ¿Superior a los ingentes beneficios otorgados en los noventa y que economistas ortodoxos incluso coinciden en calificar como un proceso privatizador anárquico e ineficiente?

k) Recordemos esta otra frase del Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria: "Es preciso cambiar el modelo de gestión de la compañía pero descartando tanto la privatización por ser inviable y altamente riesgosa como la gestión estatal que no ha dado buenos resultados. Un nuevo governance (sic) con separación vertical del negocio minorista con un contrato de gestión privada con responsabilidad sobre la calidad final del servicios y una empresa estatal encargada de financiar y activar contablemente las inversiones en expansiones de las redes puede contribuir a mejorar el desempeño de la compañía, reduciendo gastos y aumentando la cobertura de los servicios sin aumentar el riesgo regulatorio". Léase: reduciendo gastos al privado sin aumentar el riesgo regulatorio. ¿Riesgo regulatorio? ¿Regular es riesgoso? Queda claro que ante futuras controversias en el CIADI u otros organismos del estilo, los nuevos marcos regulatorios en materia de servicios públicos bajo gestión de Chambouleyron no beneficiarán a los consumidores ni priorizará sus intereses. Agreguemos a esto, otro de sus argumentos clave y que como vimos antes fue citado por el diario La Nación en su artículo de 2007: "Andrés Chambouleyron, de la consultora LECG, también pidió que el Estado "abandone su actual rol de decisor y ejecutor de inversiones y vuelva a su rol de regulador y controlador"". ¿Beneficia o perjudica al interés de la ciudadanía un Estado bobo, esto es, uno sin potestad sobre las inversiones en servicios públicos, bajo un esquema de concesión privada del servicio con rentabilidades superiores a las de los noventa y marcos regulatorios carentes de "riesgo"?

l) Es importante advertir que mientras ejercía su función como asesor del Poder Ejecutivo Nacional (2000 y 2001) -específicamente para la secretaría de comunicaciones y el ministerio de Economía- se desempeñaba también como consultor de LECG. En este sentido y en un informe cuyo autor es el mismo Chambouleyron -publicado en agosto de 1999- y titulado "Las telecomunicaciones en Argentina y Chile: modelos diferentes con resultados diferentes" (IERAL - Fundación Mediterránea & LECG), leemos en su introducción que "Los modelos regulatorios del sector de telecomunicaciones a ambos lados de la cordillera difieren no solamente en su concepción sino también en los resultados que han generado. Uno, el chileno, se basa en la apertura irrestricta del sector a la competencia, ausencia de subsidios cruzados, tarifas alineadas con los costos, ausencia de inversiones obligatorias (no rentables) y metas de penetración". Desde el punto de vista del interés y la seguridad jurídica de los usuarios y consumidores, imagínese el perjuicio que ocasionaría un funcionario coordinador de política tarifaria que recomienda en los futuros contratos la "ausencia de inversiones obligatorias (no rentables)...". Sabemos los argentinos los costos de la "no rentabilidad" empresarial.

m) Para cerrar, esta perlita ya citada pero, más que con un interrogante, como corresponde a este apartado, con una reflexión a la luz del presente tarifazo. Escribió Andrés Chambouleyron en junio de 2007, diario La Nación en nota "Qué hacer ante la crisis energética": "Las tarifas de los servicios públicos deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios, incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella. Un ajuste de tarifas reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo". La zoncera de la "crisis energética" que vienen agitando desde que Néstor Kirchner comenzó a renacionalizar el gas natural en 2004 y, con proporcional ahínco, al compás de los éxitos y avances del Plan Energético Nacional, finalmente logró hacerse del poder a partir del 10 de diciembre de 2015. Entre los legados del kirchnerismo, nos dicen, está la "crisis energética". ¿Cómo interpretar este diagnóstico viniendo de quienes vienen? En las mentes como las de Chambouleyron tal apreciación no hace sino ratificar su rechazo a una energía como un derecho universal, como motor de la reindustrialización argentina, la modernización económica y productiva, un federalismo genuino y la ascendente calidad de vida de la población, sin exclusiones de ningún tipo.

Podemos llegar a compartir que las "tarifas de los servicios públicos deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios, incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella", en un marco donde los servicios públicos se rigen bajo las leyes del mercado, como un commodity más. En este contexto, se entiende por qué les interesa tanto el ajuste de tarifas (tarifazo). Chambouleyron nos lo explica magistralmente: porque "reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo". Invertir en función de la rentabilidad y del pago de dividendos acorde al humor y estómago de accionistas privados, por cierto, repletos de dinero. Invertir en expansión de redes en un mercado interno atrofiado, un pueblo sin poder adquisitivo y una industria anquilosada es igual a invertir nada o migajas, tal y como sucedió en los noventa. El desabastecimiento no sólo que será evitable, sino que volveremos al tan mentado autoabastecimiento neoliberal. Será entonces recién ahí, un lustro o una década más tarde y una vez equilibrada la oferta y la demanda por la mano invisible del mercado y sus generosos inversores, que la demanda podrá crecer sin pausa y al galope pues las redes serán colosales, infalibles, inigualables.

La energía bajo un proyecto nacional tiene que ser energía barata y preceder el desarrollo, aunque ello implique una balanza comercial energética deficitaria; aunque ello implique distribuidoras endeudadas. Sí, endeudadas, ¿qué les va a pasar? ¿Después de casi 15 años de ganancias exorbitantes, ¿no pueden tener uno o dos o tres años negativos?

Conclusiones
La mentalidad anarco-mercadista del actual Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria es una constante de la administración macrista (la regla) y no es patrimonio exclusivo ni de él ni del Ministerio de Energía. En efecto, no es esto lo grave (o en todo caso no lo más grave) ni lo que aquí se cuestiona.

Incluso, de más está decir que argentinos y argentinas interesados en cumplir la función de testigos de parte de empresas en contra de su propio país tienen por supuesto toda la libertad de hacerlo. Tampoco se cuestiona aquí ninguna carrera del estilo.

Se cuestiona, en cambio, la práctica de demandar a Estados soberanos ante el CIADI u otros organismos con similares roles, por considerársela parte de una operación político-judicial tan extorsiva y nociva a la seguridad jurídica del pueblo argentino, al patrimonio público y a la soberanía nacional (tal y como el juez del tribunal del CIADI, Dr. Sacaluse, lo señaló en su escrito) como resultan las prácticas de los fondos buitre. Quizás algún día la solución de controversias entre Estado-inversores en tribunales internacionales reciban igual trato en Naciones Unidas que el recibido con la reestructuración de las deudas soberanas, aunque esta administración se haya encargado de echar todo por la borda.

En este sentido, los juicios ante el CIADI se proponen cercenar la soberanía, someter política, legislativa y jurídicamente a un país soberano, minando así el interés público y el poder del Estado.

Y es por tanto y en función de lo expuesto, que sostenemos que la designación de Chambouleyron -como la de tantos otros de parecido historial laboral- es parte de una de las infinitas "señales al mercado" otorgadas por la administración neoliberal de Mauricio Macri a los efectos de captar inversores e inversiones extranjeras pero asegurándoles la mayor de las rentabilidades posibles y la más confiable de las normativas protectoras de sus intereses, activos y futuros pasivos. Ambos beneficios sólo pueden existir en ausencia absoluta de un Estado presente, en presencia absoluta de una ciudadanía ausente ("el pueblo afuera") y de servicios públicos reducidos a simple mercancía.

A través del Subsecretario Chambouleyron, el Ministerio de Energía y Minería ofrece tal vez lo que ninguna otra dependencia ministerial puede ofrecer a futuros "inversores" extranjeros afines al macrismo y a los planes económicos, comerciales y geopolíticos que Estados Unidos -y algunas otras naciones europeas- reservan a nuestro país: marcos regulatorios foráneos en territorio argentino y, en ellos asegurado, un rutilante triunfo en el CIADI (u otros tribunales internacionales) de cara a eventuales y futuros juicios independientemente del signo político del gobierno de turno. En palabras de la UNCTAD -extraídas del documento aquí referenciado-: "Es frecuente que los Estados receptores que desean atraer y promover la inversión extranjera traten de ofrecer una cierta previsibilidad a los inversores extranjeros promoviendo el arbitraje internacional como medio preferido para abordar controversias". Pero sucede que en el caso de Chambouleyron no sólo se promoverá el arbitraje sino que además los marcos regulatorios, contratos, sus garantías y salvaguardas estarán hechos a medida, desde adentro del Estado y por un experto aliado, todo lo cual brindará a los célebres "inversores" una ventaja inédita en eventuales juicios contra ese mismo Estado caso encare éste futuras medidas a favor de la seguridad jurídica de la ciudadanía.

En suma, la designación de funcionarios públicos que hubieran protagonizado acciones en contra de su propio país como el aquí descripto caso del Subsecretario Andrés Chambouleyron, constituye una muy grave amenaza a la seguridad nacional, al patrimonio público y a la seguridad jurídica del pueblo argentino (concepto este último cuyo desarrollo y puesta en vigencia amerita ser prontamente iniciado).

Imperioso resulta, por ende, trabajar desde la legislatura nacional en los siguientes dos proyectos de ley, ambos vinculados entre sí: uno general que regule la tarea de lobby privado y también público (existen antecedentes de propuestas en nuestra legislación), incluyendo al sector del periodismo tal y como la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner años atrás instruyera aunque sin éxito en su pedido; y uno particular que prohíba a ciudadanos argentinos y naturalizados a ocupar cargos públicos habiendo sido testigos expertos, asesores o consultores de parte de empresas privadas o terceros Estados en demandas y/o juicios contra el Estado argentino ante tribunales internacionales y/o regionales. Su inhabilitación deberá ser de por vida (modificación a la Ley 25.188).

En conclusión y a modo de primera propuesta derivada de este trabajo, asimismo contemplando el marco del presente tarifazo eléctrico -así como el gasífero- desde OETEC convocamos a las organizaciones de defensa del consumidor y usuarios, así como a demás organizaciones libres del pueblo involucradas en la protección de los legítimos intereses de la ciudadanía, a elevar conjuntamente al Ministerio de Energía y Minería de la Nación un pedido de renuncia del señor Chambouleyron. Los conflictos de interés que este funcionario presenta a la hora de ejercer los objetivos de la Subsecretaría bajo su cargo y según establece el Decreto 231/2015 resultan insostenibles.



Bibliografia
OETEC (03/07/2016) Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria: ex testigo contra la Argentina en el CIADI (Parte 1)
http://www.oetec.org/nota.php?id=1907&area=1

(9) Detectado por el ex ministro de Planificación Federal, Arq. Julio De Vido, en "Zonceras energéticas y el fin de los espejitos de colores", Pag/12. 31 agosto 2015
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280554-2015-08-31.html