Fuente: Ministerio de Energía, 12 de agosto de 2016. Se lee: "El ministro de Energía y Minería, Ing. Juan J. Aranguren, anunció este mediodía el inicio de un proceso de búsqueda de consensos básicos para el establecimiento de un Acuerdo Federal Energético junto al grupo de los ex secretarios de Energía, integrado por Emilio Apud, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Alberto Devoto, Alieto Guadagni, Julio César Áraoz y Raúl Olocco". Subrayado por nosotros, el señor Lapeña.

Olvidando haber sido parte de la gestión Aranguren
El quiebre de este ex secretario con Aranguren se dio como consecuencia del proceso de privatización completa de Transener, y que estalló a comienzos de este año derivando en su renuncia como director de ENARSA (ver bibliografía). No obstante, el ex funcionario se mantuvo callado más allá de la cuestión mencionada hasta el desplazamiento de Aranguren.


Fuente: LaPolíticaOnline, 22 de julio de 2018.

La imagen que colocamos arriba y que acompaña una entrevista a Lapeña por el referido medio, comienza así: "Con Macri entrando en el tramo final de su mandato accedió a dialogar con LPO sobre lo que fue y lo que falta en materia energética, en una charla que tuvo un hilo conductor: La ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo petrolero".
A la pregunta "¿En dónde queda ubicada la política energética del Gobierno, luego de la salida de Aranguren y el ingreso de Iguacel?", la insólita respuesta del consultor energético de Aranguren y uno de los responsables de lo hecho (y desecho) durante su mandato (subrayados son nuestros): "Creo que la gestión de Aranguren se caracterizó por generar problemas políticos y ahora el presidente decidió introducir este cambio importante…".

Y agregó: "Con el radicalismo tuvo algunos problemas, pero hubo un problema con la sociedad que no entendió la política de tarifas que implementó, parte de la cual era necesaria. Si uno compara como se toleraron los incrementos en el sector transporte, vemos que en un caso tuvimos problemas muy grandes y en el otro pasaron desapercibidos… Las correcciones debían hacerse, pero me parece que no se midió bien el impacto que iban a tener en la macroeconomía y creo que contribuyó a eso que en los primeros años no existió un ministro de Economía que coordinara esa etapa".

En primer lugar, parece que Lapeña no leyó la Resolución 164 que lo designó como consultor de Aranguren. Entre sus objetivos, se suponía que estaba el de "Propiciar canales de comunicación con distintos sectores de la sociedad para discutir las políticas y planes energéticos, a efectos de incorporar distintos puntos de vista y generar consenso a los fines de su implementación".

Si el problema fue que la sociedad no entendió la política de tarifas, es evidente que el Consejo Consultivo que él integro falló en propiciar los canales de comunicación para el entendimiento. En segundo lugar, compara transporte con energía, perdiendo de vista además la diferencia entre las subas registradas en cada caso, así como también su impacto sobre los ingresos de los hogares argentinos (subte, tren y/o colectivo vs. tarifas de luz y gas). Tercero y último, si las correcciones debían hacerse y no se midió el impacto en la macroeconomía, ¿por qué no lo advirtió en sus reuniones de 2016 o de 2017 ya que, como Ud. dice señor Lapeña, para entonces no existía ningún ministro de Economía?

Reconociendo que los precios del gas son una estafa (ídem para las RTI)
Pero en las críticas hubo algo todavía más grave. Consultado si veía viable la idea de Iguacel planteando "ir a una situación de libre competencia en el mercado del gas, donde Cammesa licita las compras", respondió: "La Corte Suprema estableció en su fallo del 2016 que el precio de gas natural en boca de pozo es un precio regulado de la economía y que debe fijarlo el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que debe hacerse. Ahora, esa regulación no puede ser caprichosa, debe ser objetiva, retribuyendo costos eficientes de los productores y asegurando una razonable ganancia".

Menciona el fallo de la Corte, pero se cuida de hablar de la razonabilidad y gradualidad en la fijación de las tarifas. ¿Cree Ud. Lapeña que verdaderamente se cumplió con estos criterios? Por otra parte, se desprende de la frase que para este consejero consultivo la "regulación" del precio durante la era de Aranguren fue "caprichosa", es decir, no hubo regulación alguna. Notable que recién ido el representante de Shell se queje al respecto.

Finalmente, y por más increíble que parezca, opinó: "Creo que lo que hizo la administración de Aranguren fijando un sendero creciente en dólares, que no está relacionado con los costos, es un error muy importante que es lo que terminó de desbalancear todo, incluso la parte buena que se había hecho. De manera que eso hay que reverlo. Lo que yo haría es regular el precio del gas, hasta que el sistema sea competitivo y estable, que ahora no lo es. A lo mejor son tres años".

Recordemos. En agosto de 2016, el grupo de los ex secretarios -y con él Jorge Lapeña- fue oficializado por Aranguren a través de la Resolución 164 como Consejo Consultivo de Políticas Energéticas del ministerio, cayendo bajo la órbita de la "SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO", la cual "proveerá el soporte administrativo y presupuestario necesario para el desarrollo de las actividades del Consejo" (Artículo 4). Asimismo, se designó al "Secretario de Planeamiento Energético Estratégico como Coordinador del Consejo creado por la presente resolución" (Artículo 4).

Un mes y medio de despedido Aranguren, Lapeña nos dice que los precios del gas en boca de pozo fijados por el ex CEO-ministro no sólo no guardan relación con los costos (¡¡!!), sino que se trata de un "error muy importante". Preguntamos más que espantados: ¿"Error muy importante" que los precios hayan estado divorciados de los costos? Las tarifas son impagables, decenas de miles de comercios y PyMEs quebraron y quiebran todos los meses por culpa de la tarifa; la gente vive cada vez peor y corre riesgo su salud y sobrevivencia en los lugares donde el invierno pega más fuerte, pero para este asesor de Aranguren que las empresas ganen fortunas derivadas de un precio que no guarda relación con los costos es un "error". Y añadimos, ya que mencionó el fallo de la Corte: ¿No era precisamente sobre esto que el Máximo Tribunal hizo su principal advertencia al Ejecutivo?

La dolarización de los precios del gas y su escalada se fijaron a fines de noviembre de 2017; (2) pero dicho sendero obedece al camino trazado por la Resolución 212 de octubre de 2016 y subsiguientes. En otras palabras, Lapeña está diciendo -sin decirlo, por supuesto- que las RTI son otra estafa ya que los precios del gas y con ellos su traslado a la tarifa no estaban fundamentados en los costos, esto es, en la más mínima razonabilidad.

Pero hay algo todavía más grave: ¿Por qué el señor Lapeña y el Consejo Consultivo no advirtieron el mencionado "error" antes de las audiencias públicas de principios de 2018 o de fines de 2017, comunicándolo públicamente? En igual dirección: ¿No hubiese sido correcto que emitieran opinión en el marco de lo que fue el proyecto de Ley de Emergencia Tarifaria vetada por el presidente Macri? De hecho, y al afirmar "Lo que yo haría es regular el precio del gas, hasta que el sistema sea competitivo y estable, que ahora no lo es. A lo mejor son tres años…", Lapeña, que sigue siendo miembro del Consejo Consultivo, está emitiendo públicamente una crítica o consejo al ministro. ¿Por qué no obró igual en tiempos de Aranguren?

Reconociendo que el "zorro cuida el gallinero"
Ahora, la frutilla del postre. Citamos textualmente de Lapeña en su entrevista: "… de un lado tenemos a la corporación petrolera, que son cuatro actores importantes y del otro a 45 millones de personas. Me parece que antes de dar ese paso [liberar los precios como pretende Iguacel] debería convocarse un panel de expertos no dependientes de las petroleras, para pedirles una opinión sobre el paso que se quiere dar. Digo, ojo con el zorro libre cuidando a las gallinas libres en el gallinero libre, porque esto termina de una sola forma, con el zorro comiéndose las gallinas".

Nuevamente, recordarle a Lapeña que él integró el Consejo Consultivo oficializado por el ministerio. Sería ético que nos enseñara esta misma crítica, pero cuando fue formulada en noviembre de 2017, mes en el que fue suscripto el acuerdo base entre productoras y distribuidoras en materia de precios del gas en boca de pozo. ¿O acaso debemos suponer que el Consejo Consultivo no fue independiente de las petroleras?

En efecto, en noviembre de 2017 las productoras y distribuidoras suscribieron un acuerdo -en presencia de Aranguren-, en el que fijaron precios del gas en dólares para un abastecimiento del 50% del gas requerido por las 9 distribuidoras entre abril de 2018 y octubre de 2019. En cualquier idioma que se hable en este planeta, a esta práctica se la conoce con el nombre de "cartelización". Las petroleras fijaron precios unificados por Cuenca, en la moneda estadounidense. Se asignaron entre sí cuotas de mercado y dejaron en la nebulosa los precios de compra del gas para los picos de la demanda (invierno). Frente a la posibilidad de liberar los precios, Lapeña advierte que no dará resultado dado que existen "condiciones oligopólicas". ¿Y antes? ¿Con Aranguren no había oligopolio? ¿El acuerdo base de noviembre no fue, acaso, una derivación de dicho oligopolio?

Como ya señalamos, el ENARGAS no solamente avaló la cartelización sino también la dolarización de una parte de la tarifa. Por su parte, el Consejo Consultivo integrado por los ex secretarios y el señor Lapeña no formuló públicamente ninguna crítica a dicha iniciativa, convalidada para un período en el cual perimió la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, esto es, cuando los actores del mercado deben pactar libremente los precios (en pesos) para cada uno de los contratos a celebrarse.

En fin, Lapeña protesta por esta aberración ahora que Aranguren es historia. Vaya casualidad. Incluso, se da el lujo de ser irónico trayendo a colación la fábula del zorro y el gallinero. Pero de Aranguren como accionista de Shell y demás conflictos de interés nada de nada. Con la cartelización y el abuso de posición dominante que significó aquel acuerdo de noviembre del año pasado, tampoco; con los precios del gas unificados por cuenca que caprichosamente fijó la "corporación petrolera", menos que menos. Para colmo de males -léase, seguir tomándonos el pelo- la solución a la anarquía corporativa que nos brinda el ex secretario de Energía de Alfonsín es… "convocar a un panel de expertos no dependientes de las petroleras para pedirles una opinión". Una "opinión" como solución, mientras el pueblo argentino es almorzado y cenado por los zorros en interminable festín.

Conclusiones
A modo de resumen, listamos los desastrosos resultados de la gestión de Lapeña como secretario de Energía de Raúl Alfonsín. Al final, una actualización a los tiempos que corren.

- Disminuyó el flujo de fondos de la CNEA, que afectó seriamente la situación financiera de su cadena de valor industrial y puso en alto riesgo la continuidad del Plan Nuclear iniciado en 1950;

- Demoró las obras y por consiguiente la puesta en marcha de Atucha II (originalmente programada para 1987);

- Canceló la construcción de las tres unidades gemelas de Atucha II;

- Demoró el desarrollo del Proyecto CAREM, primer reactor nuclear de potencia del tipo PWR diseñado en el país;

- Paralizó el desarrollo tecnológico para enriquecimiento de uranio, indispensable para poder en el futuro suministrar combustible a reactores nucleares de potencia del tipo PWR y de investigación y producción de radioisótopos;

- Demoró la terminación de obras y de puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada, requerida para satisfacer las necesidades de las centrales nucleares de potencia operativas;

- Canceló el desarrollo del RA-9, reactor nuclear de investigación y de producción de radioisótopos de aplicaciones médicas e industriales;

- Canceló los proyectos ARGOS 380 y TPA 300 (reactores nucleares de potencia), resultantes de la transferencia tecnológica recibidas con Atucha I y con Embalse, respectivamente;

- Demoró las obras y puesta en marcha de las represas hidroeléctricas Piedra del Águila y Yacyretá;

- No realizó inversiones en el mantenimiento del parque de generación térmico-fósil de SEGBA, que resultó a los pocos días de su salida en la secretaría de Energía en una serie cortes de energía programados, que se agravaron a lo largo de todo 1988 y el verano siguiente;

- Absoluta incapacidad para planificar las muy necesitadas obras para aumentar el parque de generación y las correspondientes para lograr la interconexión eléctrica de todo el país en líneas de alta y de extra alta tensión;

- Convalidó los contratos de explotación (hecho conocido como privatización periférica de YPF) de la última Dictadura Militar en desmedro de los intereses vitales de YPF y por consiguiente del Pueblo Argentino;

- En sólo dos años de gestión, propició 23 aumentos de combustibles, los que acumulados fueron los siguientes: 449% nafta común, 500% nafta súper y 381% gasoil.

Algunas décadas más tarde…

- En calidad de consejero consultivo de la Secretaría de Planeamiento Estratégico (Ministerio de Energía) y bajo mandato de la Resolución 164 de agosto de 2016, no solamente fue cómplice de la estafa energética de la gestión de Juan José Aranguren, sino también, y de acuerdo con las tardías críticas por él formuladas a dicha gestión expuestas en este informe, encubridor de esa misma estafa.

Para cerrar, nunca más oportunas las palabras de Raúl Alfonsín respecto de la situación en la que habría de terminar, dentro de su gobierno, el sector de los servicios públicos del gas y la energía: "El déficit de las empresas que dependen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos representa la mitad del déficit fiscal de la Nación y allí se manifiesta la ineficiencia del Estado, que la sociedad percibe y sufre en los servicios que prestan esas mismas empresas. Gas débil, cortes de energía y otras deficiencias conocidas por todos son manifestaciones de la crítica situación de nuestro sistema estatal de servicios públicos" (ver bibliografía).

Lapidaria síntesis de los resultados de la política y la planificación energética ejecutada por Lapeña. Y aún más relevante: sublime explicación de por qué fue convocado por Aranguren, por cierto y siendo justos con el hombre de Shell, vilmente traicionado por su mismísimo consejero consultivo.

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(1) Breve CV. Desempeñó un papel protagónico en el sector energético durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primero como subsecretario de Planificación Energética (1983-1986), después como secretario de Energía (1986-1988) y luego como asesor del presidente (1988-1989). La crisis colosal que atravesó el sector al final de aquel gobierno radical lo dejó maltrecho, pero logró reponerse y se convirtió en un referente del área como titular del Instituto General Mosconi y la consultora Lapeña & Asociados. También forma parte del grupo de los ex secretarios de Energía que cuestionan la política oficial. En 1989, en cambio, era mucho más contemplativo con la crisis energética que no pudo evitar. "El problema que atraviesa el sector eléctrico, si bien es de características graves, no es estructural", remarcó entonces en un informe del Instituto General Mosconi. Lapeña decía, cuando los apagones amenazaban con dejar a oscuras a toda la ciudad, que la potencia instalada era suficiente, pero que la crisis se debía a "una sequía extraordinaria", "un desperfecto inusual en Atucha 1", "la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa" y "alta indisponibilidad del equipamiento térmico". Los acuerdos con el FMI de mediados de los ochenta, el endeudamiento creciente, el empobrecimiento progresivo de la población y los ajustes sistemáticos habían hipotecado nuestro crecimiento y desarrollo. No había ninguna necesidad, y mucho menos recursos, para concluir Yacyretá (iniciada su construcción en 1983) y Atucha II (el contrato para el comienzo de las obras se firmó en 1980). Por tal motivo, Lapeña es uno de los máximos responsables de la altísima dependencia hidrocarburífera que hoy exhibe nuestro país.

(2) En noviembre de 2017, las productoras y distribuidoras suscribieron un acuerdo -en presencia de Aranguren-, en el que fijaron precios del gas en dólares para un abastecimiento del 50% del gas requerido por las 9 distribuidoras entre abril de 2018 y octubre de 2019. En cualquier idioma que se hable en este planeta, a esta práctica se la conoce con el nombre de "cartelización". Las petroleras fijaron precios unificados por Cuenca, en la moneda estadounidense. Se asignaron entre sí cuotas de mercado y dejaron en la nebulosa los precios de compra del gas para los picos de la demanda. Es decir, el ENARGAS no solamente avaló la cartelización sino también la dolarización de una parte de la tarifa. Con un agravante, haberlo convalidado para un período en el cual perimió la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, esto es, cuando los actores del mercado deben pactar libremente los precios (en pesos) para cada uno de los contratos a celebrarse.