Imagen: Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Federico Bernal, actual Interventor del organismo, quien lleva adelante la denuncia penal contra ex funcionarios energéticos de Cambiemos, entre ellos, Juan José Aranguren y Mauricio Roitman.

Con esta manifestación de acompañar a la demanda presentada por ENARGAS, en la persona de su interventor, Federico Bernal, las organizaciones, políticas, sociales y sindicales, muestran la necesidad de la ciudadanía en participar activa y colectivamente en todo lo que fuere necesario para lograr la restitución de derechos conculcados por los ex funcionarios energéticos de Cambiemos en uso y abuso de la función pública.

Como hemos comunicado desde este Observatorio (ver bibliografía), el ex Ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren, se apuró a cerrar en noviembre de 2017 un "pacto" espurio con las empresas, fijando precios del gas uniformes para todas las cuencas y garantizándoles una ganancia en dólares por dos años, algo inédito en la comercialización del recurso. Todo ello, sabiendo de la inminente caducidad de la Ley 25.561 y el retorno de la entrada en vigencia de la Ley 24.076 (fijación de precios del gas por juego de oferta y demanda).

Paralelamente, el ENARGAS de Mauricio Roitman avaló por nota el acuerdo anterior -es decir, la dolarización de las tarifas, sin ningún tipo de revisión del precio trasladado a las mismas-, y por si fuera poco, permitió la socialización de la deuda privada de las distribuidoras con las productoras de gas producto de la devaluación de octubre de 2018. Una deuda que actualmente estamos pagando todos los argentinos y las argentinas en el marco de un nuevo gobierno. ¡Extraordinaria estafa popular!

El perjuicio económico generado por las acciones llevadas adelante por los denunciados ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri se calcula que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen a daños contra el fisco, mientras que 168 millones son asumidos por los usuarios y usuarias del servicio público de gas por redes.

En respuesta a todo esto, más de 250 organizaciones de todo tipo se pronunciaron (entre comunicados y expresiones públicas de respaldo) apoyando la denuncia penal presentada por el actual Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, y solicitando, a su vez, la derogación del Art.7 del Decreto 1.053/2018 que permitió el trasladado de la deuda privada de las distribuidoras a la esfera del Estado Nacional.

A continuación, un listado de algunos de los respaldos realizados por ONGs, sindicatos, agrupaciones políticas, y organizaciones de defensa al consumidor, entre otras asociaciones de índole político-civiles:

Frente Grande de Morón, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APYME MENDOZA, Gremio Superior de Energía Eléctrica, Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina, Carlos Minucci de APSEE y CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES CGT. 62 Organizaciones Peronistas de SALTA, Trabajadores Rurales ATRES, CORRIENTE NACIONAL MARTÍN FIERRO, Asociación de Usuarios y Consumidores, -que nuclea a las entidades ADDUC, ADUC, CESYAC, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, DEUCO, FEMUDECO, Justicia Colectiva, LIDECO, PROTECTORA, UNADEC, Union de Usuarios y Consumidores, Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos-, UPCN Delegación General ENARGAS/Secretaria de Energía/ Ministerio de Obras Públicas/ Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat; FEDERACIÓN DE INQUILINOS NACIONAL (Inquilinos Agrupados - Inquilinos Córdoba - Inquilinos Rosario - Inquilinos Corrientes - Unión de Inquilinos Rionegrinos - Inquilinos Santa Cruz - Inquilinos San Martín - Red de inquilinos de Tandil - Inquilinos La Pampa - Inquilinos San Juan - Unión de Inquilinos de Salta); y Curas en Opción por los Pobres.