Fuente: C5N (18 de agosto de 2020).

La denuncia en cuestión -segunda presentada por la Intervención del ENARGAS, en cabeza del Lic. Federico Bernal- apunta contra el ex Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; el ex Presidente del ENRE, Andrés Chambouleyron; el ex Interventor del ENARGAS, David Tezanos; y el ex Vicepresidente del Directorio del ENARGAS, Daniel Alberto Perrone.

Asimismo, se suman a la acusación, el ex Director Nacional de Política Tarifaria, Andrés Ferraris; el ex Jefe de Gabinete de Aranguren, Juan Manuel Carassale; y la ex Directora Técnica del INDEC, Graciela Bevacqua.

A todos ellos, Bernal los denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. ¿El motivo? La fijación de sobreprecios escandalosos en las facturas de gas que derivaron en exorbitantes, y aparentemente ilegales, ganancias para las empresas.

El fundamento de la denuncia presentada por la actual Intervención del Ente es la supuesta utilización delictiva y absolutamente arbitraria de un mecanismo de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes, un componente clave en el cálculo tarifario dado que incide en la rentabilidad y las amortizaciones y que impacta, obviamente, en los precios de las tarifas.

Según se desprende de la denuncia de la actual Intervención del Ente, mientras el factor de actualización no debería haber superado el número 24 sobre la base tarifaria, los ex funcionarios energéticos de Cambiemos lo elevaron artificialmente a 33. Esto conllevó un incremento del 3.300% del citado componente en las tarifas pagadas por los usuarios y las usuarias del servicio.

La manipulación denunciada por Bernal para "inflar" las tarifas se basó, aparentemente, en la introducción dentro del cálculo de presuntas indemnizaciones a las empresas por juicios contra el Estado Nacional ante el CIADI (organismo internacional destinado a arreglar diferencias relativas a inversiones) que nunca se realizaron formalmente.

A pesar de ello, los ex funcionarios ahora denunciados le hicieron pagar a los nueve millones de usuarios y usuarias del servicio público de gas irrisorios montos por juicios ficticios o hipotéticos de incierta resolución con el objetivo de justificar la actualización de un componente clave para inflar de forma artificial y arbitraria los valores de las tarifas.

Lo anterior derivó en ingresos excesivos para las empresas en concepto de rentabilidad y amortizaciones para el quinquenio 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (esto es, el equivalente a 1.343 millones de dólares).

En suma, la Intervención del ENARGAS considera que a partir de la sumatoria de aquellos supuestos juicios ante el CIADI, se les permitió al 100% de los accionistas de las empresas de gas el recupero de eventuales reclamos que no se efectuaron jamás ante el CIADI y que no correspondía, bajo ningún punto de vista, trasladarlo a la tarifa.