Fuente: Econojournal (8 de marzo de 2021). Los subrayados son nuestros.

Los días 15 y 16 de marzo, se celebrarán las Audiencias Públicas del Gas. Asimismo, la Intervención del ENRE informó que hará lo propio entre el 29 y el 30 de igual mes para Electricidad. En dichos encuentros, se discutirán los precios de la energía, su traslado a tarifas (Régimen Tarifario de Transición) y los márgenes de las empresas.

Todo ello, detrás de una premisa fundamental: que las tarifas a ser pagadas por los usuarios y usuarias de ambos servicios públicos sean justas, razonables y asequibles para que además de garantizar la justicia distributiva, permitan la sustentabilidad productiva. Así lo expresó el Presidente Fernández el pasado 1 de marzo en el Congreso (ver bibliografía).

Pero claro, hay quienes aún no conciben el acceso a la energía como derecho social, promotor de otros derechos humanos, y lo cuestionan férreamente, pretendiendo que sea el mercado el que vuelva a regir en el debate, poniéndose por encima de la ciudadanía. Sin embargo, mal que les pese, la energía no es un privilegio ni una mercancía.


Fuente: Oficina de la Energía (Valencia, España). La Oficina de lEnergia de València es un espacio de información y formación dirigido a la ciudadanía, donde se proporciona asesoramiento personalizado, talleres y actividades en áreas vinculadas a la energía. El folleto corresponde a la Semana de la Pobreza Energética celebrada en Europa entre el 17 y el 23 de febrero. "El derecho a la energía es de todas las personas", explica el organismo.

Basta recordar el fallo de la CSJN de 2016 (Cepis). Allí, la máxima autoridad judicial de la Nación explicó en Párrafo 30 lo siguiente: "… los servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos".

En efecto, la prestación de los servicios públicos es de carácter esencial para la población, el acceso a ellos resulta vital e indispensable para la vida en comunidad, posibilitando que la ciudadanía cumpla con buena parte de sus derechos constitucionales. Ejemplo de ello, el acceso a una vivienda adecuada y una vida digna, nada más y nada menos.

Consecuente con lo anterior, la Corte agregó en el Párrafo 33: "... resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad".


Imagen: Fallo "Cepis" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (18 de agosto de 2016).

Es decir, no hay mercado que esté por encima de la ciudadanía, del bien común y de los derechos consagrados nacional e internacionalmente. Es aquél el que debe amoldarse a la vida en sociedad y a sus reglas, expresadas en leyes, para encontrar sentido en su existencia. Porque la validez de dichos mercados sólo rige en tanto éstos contemplen un beneficio social.

De allí que la CSJN haya apuntado en su fallo que "…el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los Servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de "confiscatoria", en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar".

¿Y cómo el Estado podría velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos? Dos ejemplos. En primer lugar, controlando los abusos de ese mercado mediante su regulación. En segundo término, estableciendo tarifas justas, razonables y no confiscatorias, esto es, pagables para las y los usuarios. Lo cual también equivale a retornos "razonables" para las empresas.

Aquí la importancia de los subsidios a la energía, que desde OETEC hemos defendido siempre como motor del crecimiento económico y garantía de justicia social. Es que no lo decimos sólo nosotros, fue el propio Foro Económico Mundial quien destacó que "el consumo mundial de energía está fuertemente correlacionado con el PBI y precios de la energía más bajos son motores clave del crecimiento económico" (ver bibliografía).


Fuente: Elaboración OETEC en base a datos del FMI "How Large are Global Energy Subsidies?" (2015). La escala es logarítmica. Los subsidios no incluyen a las energías renovables eólica y solar.

¿Puede haber precios bajos de la energía sin subsidios? Claro que no. Y es por esta razón que los subsidios per cápita son directamente proporcionales al PBI per cápita. El gráfico de dispersión anterior permite darnos una idea de esta relación, ratificada por el crecimiento de las economías en el marco de una energía abundante, barata y subsidiada.

Se aprecia que los países con los mayores subsidios a la energía per cápita son los países con el mayor desarrollo económico de su producto por persona. Resulta evidente que la política de subsidios no es un "verso" del "ala dura" del Gobierno, como pretenden hacerle creer a las y los argentinos sino una herramienta fundamental del engrandecimiento nacional que se consigue mediante el desarrollo y la emancipación.

Claro que también estamos de acuerdo con que la ayuda del Estado tienda a ser cada vez más eficiente, y en eso, la segmentación tarifaria por poder adquisitivo es una alternativa de compleja pero necesaria realización. Pero la política focalizada de subsidios sólo a sectores vulnerables no resuelve todo el problema. También requieren energía accesible (barata) amplios sectores de la clase media, los comercios y las industrias del país (quienes sostienen el aparato productivo).

Es decisión del Estado evaluar qué tipo de economía sustentarán las tarifas. Porque, en última instancia, como bien dijo el Interventor del ENARGAS en una reciente entrevista (ver bibliografía), "no es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea menor", a lo cual agregamos nosotros: porque la energía no puede medirse únicamente en números sino por su rol estratégico en términos sociales.

En otras palabras, lo que siempre nos preguntamos desde este Observatorio: Energía… ¿Para qué y para quienes? ¿Cuál es el objetivo de la política energética? ¿Cuál es la finalidad última del sistema energético? Porque claro que hay empresas y hay mercado, y que en el Capitalismo la rentabilidad es importante, pero sobre todo, antes que éstos, lo que hay son personas, argentinos y argentinas, usuarios y usuarias.

Bienvenido sea que la cuestión energética cierre desde lo "macro", pero lo fundamental es que lo haga con la gente adentro y con un aparato productivo e industrial sin atrofias. El fin de una Argentina en calidad de Nación no debería ser una balanza energética comercial superavitaria sino garantizar, por sobre todas las cosas, la salud energética de su Pueblo.


Fuente: ENARGAS (5 de marzo de 2021).

Estas y otras cuestiones políticas son las que se juegan en los próximos días. Y todas y todos sabemos que política es antónimo de mercado. Esto es lo que temen los lobistas de siempre y por eso llaman a desincentivar las Audiencias Públicas, que en definitiva, son una herramienta de participación popular, de escucha ciudadana, de democracia real.

Por eso, desde OETEC insistimos en que todas las fuerzas vivas acudan de forma virtual pero masivamente a las próximas Audiencias, su voz y su voto son neurálgicos para que las tarifas vuelvan a ser justas, razonables y asequibles en el marco de servicios públicos brindados con calidad y en plena expansión. Porque la energía que se produce, transporta y distribuye no es una mercancía sino un derecho social que todos los ciudadanos debemos defender.