Fuente: ENRE (23 de marzo de 2021).

El contexto del llamado a Audiencia Pública
Siguiendo lo encomendado por el presidente de la Nación, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra llevando a cabo un proceso de renegociación tarifaria integral iniciado a partir del Decreto 1020 del Poder Ejecutivo (ver bibliografía) que tuvo como antesala la realización de una auditoría, esto es, una revisión técnica, jurídica y económica de todo lo actuado por Mauricio Macri en materia de tarifas.

Precisamente, gracias al resultado de dicha auditoría, el Gobierno nacional decretó a mediados de diciembre del año pasado la suspensión de los viejos cuadros tarifarios heredados, y ordenó "tarifas de transición" para los servicios públicos de gas y electricidad como solución de coyuntura. Esto, hasta tanto entre en funcionamiento una RTI completamente nueva que tendrá vigencia por el lapso de 5 años.

Este es el marco del llamado a las Audiencias Públicas del día de ayer y hoy, previendo se traten en ellas las propuestas presentadas por las empresas transportistas y distribuidoras TRANSENER, TRANSBA, DISTROCUYO, TRANSNEA, TRANSNOA, TRANSPA, TRANSCO, EDENOR Y EDESUR. Pero partiendo de un premisa clave.

Tal como lo dejó en claro la propia Intervención del ENRE: las tarifas de transición que se dictaminen estarán orientadas a "revertir las consecuencias" de las RTI macristas sobre "el ingreso de los hogares y en los costos de los comercios y las PyMEs", considerando que dichos cuadros heredados "no fueron razonables ni prudentes en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de usuarios".

Un pedido sinvergüenza
Pese a ello, la semana pasada el ENRE publicó (ver bibliografía) el insólito pedido de aumento que presentaron las distribuidoras Edenor y Edesur, el cual oscila entre el 81% y el 157%. Las empresas también solicitaron una readecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD). En el caso de Edesur el aumento pedido en el VAD sería del 253% y en el de Edenor promediaría el 109%. Además, dichas pretenden recortar sus inversiones llevándolas en 2021 a niveles de 2019 y en 2022 a niveles de 2020.

Se trata de un pedido sinvergüenza considerando los resultados a los que arribó la auditoría técnica llevada adelante por el ENRE, la cual demostró serios incumplimientos por parte de las empresas en materia de inversiones, pésima calidad del servicio eléctrico prestado y exorbitantes ganancias a costa de la seguridad jurídica y energética del pueblo argentino. Ello, además de la condonación de una deuda millonaria para estas distribuidoras.


Fuente: Página/12 /24 de marzo de 2021).

Como bien expresó la Interventora Soledad Manín en recientes declaraciones a la prensa: "No se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si estamos hablando de estos aumentos". Y recordó que la RTI macrista fue "poco transparente" y la causante de un "aumento irracional de la factura" de electricidad para los usuarios y las usuarias. "Si hoy continuáramos con ese esquema tendríamos un 168% de aumento real en la factura del servicio eléctrico a partir de abril", sostuvo Manín en la previa a la Audiencia Pública.

Auditoría sobre Edenor y Edesur
Como decíamos, de la auditoría encomendada por el Ejecutivo nacional al ENRE (ver bibliografía) se desprende que la política tarifaria aplicada por la administración de Mauricio Macri no respetó la razonabilidad de las tarifas que establece el Marco Regulatorio eléctrico (Ley 24.065). Tampoco cumple, claro está, con los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad esgrimidos por la Corte Suprema (Fallos: 339:1077).

Por lo tanto, los cuadros tarifarios resultantes de las viejas y ahora suspendidas RTI no fueron ni justos, ni razonables, ni transparentes. Así las cosas, no sólo impactaron negativamente en los ingresos de los hogares y de los sectores productivos, sino que tampoco sirvieron para mejorar el servicio o la situación financiera de las concesionarias.

En este punto, el ENRE advierte en su revisión sobre el desfasaje generado entre las tarifas y la realidad macroeconómica del país, el cual terminó contribuyendo a profundizar la crisis económica que la Argentina vivía. Por ende, argumenta que la RTI carece de validez jurídica en tanto no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable en su diseño y aplicación, vulnerando el marco regulatorio y los derechos de los usuarios.

Por otra parte, la autoridad regulatoria denota que "los supuestos macroeconómicos utilizados para las proyecciones de energía resultaron notablemente equivocados". Ejemplo de ello, la sobrestimación del PBI en un marco de grave recesión que derivó en errores relativos a la estimación de demanda, también sobreestimada. A propósito, se explica en la auditoría que "la demanda resulta fundamental a la hora de traducir los costos en cargos a ser aplicados a los usuarios y así determinar los ingresos de las concesionarias".

Incumplimiento de inversiones
Respecto a los planes de inversiones, la anterior presidencia del ENRE, a cargo del "ex testigo" Andrés Chambouleyron, se limitó a aceptarlas prácticamente sin modificaciones y volvió optativo se cumplimiento. Lo mismo hizo con las ganancias o ingresos pretendidos por las empresas, esto es, las avaló con mínimos ajustes.

Cabe destacar que los ex funcionarios de la citada entidad flexibilizaron los parámetros de Calidad de Servicio de las concesionarias, lo cual permitió que las distribuidoras obtengan un mejor resultado del que hubiera tenido de aplicarse la metodología anterior a la RTI. "Esta modificación de criterios permitió minimizar sanciones y presentar como "exitosa" a la política tarifaria, cuando en realidad lejos estuvo de serlo", asegura la Intervención.


Fuente: ENRE, Auditoría sobre Edenor y Edesur (junio de 2020).

Incluso afirma que la mejoría registrada en algunos indicadores de calidad resulta, en buena medida, de las obras realizadas a través del FOCEDE, el Plan Más Cerca y otros Programas de Inversión durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Esto significa que el tarifazo no repercutió en una prestación del servicio más eficiente.

Se priorizó a las empresas en detrimento de los usuarios
Desde el Ente Regulador consideran que Cambiemos "priorizó mantener indemnes a las empresas frente a la inflación, aún cuando en el mismo momento los salarios de los usuarios (y de los trabajadores de las distribuidoras) caían en términos reales". Eso, sumado a la fenomenal suba en los costos que tuvo el sector productivo, fue acrecentando el malestar social.

Bajo estas circunstancias, "el programa de la RTI resultó inaplicable: el gobierno terminó implementando la RTI de forma parcial desde el inicio, comprometiendo a los usuarios a garantizar los futuros ingresos de las distribuidoras. Sólo en 1 de los 6 semestres que transcurrieron desde su implementación, se aplicó lo previsto", apunta el ENRE.

Tan es así que la autoridad regulatoria estima que de haberse aplicado fehacientemente la RTI el tarifazo podría haber sido muchísimo peor de lo que fue. En efecto, de haberse aplicado estrictamente los ingresos aprobados en la RTI, en el año 2017 EDENOR hubiera obtenido un ingreso 53% superior al efectivamente percibido, y un 45% más en el caso de EDESUR.

Como sea, el impacto de los aumentos fue brutal sobre la vida de los trabajadores, los comercios y las industrias, quienes tuvieron que destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos a pagar los costos de la energía. Además, dicha suba estuvo combinada fatalmente con la reducción de los subsidios y la dolarización de la generación eléctrica.


Fuente: ENRE, Auditoría sobre Edenor y Edesur (junio 2020).

Esto obliga a repensar -advierte la auditoría- los montos de los subsidios y la necesidad de diferentes tratamientos para los sectores vulnerables que, según sus propias estimaciones, derivan el 10% de sus ingresos al consumo energético, esto significa que dichos hogares están en situación de pobreza energética.

Sin embargo, el organismo no deja de recordar que "también se necesita una política direccionada a los sectores medios que, aun cuando sus ingresos superan los umbrales establecidos como requisito de acceso, destinan una parte significativa de sus recursos a la factura energética".

El regalo final de Macri a las distribuidoras
Finalmente, la audiutoría realizada por la Intervención del ENRE hace referencia a la situación financiera de las empresas que, a pesar de haber registrado exorbitantes ganancias entre 2016 y 2019, tuvieron deterioros en sus balances contables. Fue ahí cuando apareció la mano visible del Estado, para rescatar a las empresas amigas de la familia presidencial.

Como este Observatorio informó oportunamente, en mayo de 2019, la Secretaría de Energía de Cambiemos suscribió con Edenor y Edesur el famoso "Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales" con el que se propuso "compensarlas" perdonándole deudas acumuladas con el Estado (compra de energía, mutuos diversos y sanciones).

Básicamente, este acuerdo consistió en el reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales. El Estado Nacional no sólo condonó deudas a las distribuidoras sino también canceló deudas que no le eran propias como la compra de energía y parte de los contratos de préstamo (Mutuos) firmados con CAMMESA.


Fuente: ENRE, Auditoría sobre Edenor y Edesur (junio de 2020).

En términos monetarios, la suscripción de este acuerdo significó, en el caso de Edenor, unos $6.630 MM en deuda condonada, otros $ 7.080 MM en deuda refinanciada, y una ganancia extraordinaria de $ 17.095 MM en 2019. Para Edesur, la condonación representó $ 6.940 MM, la refinanciación $ 11.370 MM y la ganancia extraordinaria $15.641 MM en 2019.

Finalmente, el proceso de traspaso de la concesión, el control y la regulación de las distribuidoras citadas a las jurisdicciones locales de provincia de Buenos Aires y Ciudada Autónoma de Buenos Aires quedó suspendido (aunque no anulado) por la Ley de Emergencia 27.541. Y debido a que el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) nunca funcionó, el ENRE sigue conservando plenas sus funciones y en pleno uso de sus facultades como autoridad de control del marco regulatorio del sistema de energía eléctrica nacional.

Conclusión
Pues bien, recapitulando, el insólito, inviable, usurero y vergonzoso aumento pretendido por las distribuidoras del servicio público de electricidad Edenor y Edesur carece de cualquier tipo de justificación técnica, económica, jurídica y mucho menos social. Habría que avisarles a los directivos de ambas empresas que en el ENRE ya no funciona su propia oficina contable sino el organismo que se encarga de regularlas.

De allí, las recientes declaraciones de la Interventora Soledad Manín, poniéndole un freno a las ridículas exigencias de estas prestatarias que, como vimos, se llenaron los bolsillos a costa de la seguridad jurídica y energética del pueblo argentino, y no contentas con ello, exprimieron al Estado mediante la condonación de sus deudas.

Compañías que no cumplieron a raja tabla y como deberían haberlo hecho con los planes de inversiones comprometidos y avalados, prácticamente sin modificaciones (ni hablar de sus controles), por parte de la gestión Chambuoleyron, y por ende, han prestado un servicio de pésima calidad durante los años de anarquía de mercado.

No hay que olvidar todo esto cuando Edenor y Edesur se remitan a los aumentos solicitados en la Audiencia Pública de hoy. Como tampoco debe pasarse por alto ni un instante el hecho fundamental que debe atravesar toda la jornada, esto es, volver a poner a las tarifas del servicio público eléctrico en eje con la vida, los derechos, y la salud productiva del país.