Fuente: ENARGAS (2 de junio de 2021).

Según divulgó ENARGAS en su informe del 2 de junio (ver bibliografía), unos 728.767 usuarios y usuarias fueron excluidos de la Tarifa Social por Cambiemos entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2019. A su vez, la mitad de ellos, 350.711, fueron desplazados del beneficio en poco menos de medio año (diciembre de 2017 y abril de 2018). Esta expulsión responde a las trabas para el ingreso dispuestas por Juan José Aranguren en 2016 y que luego fueron endurecidas por Gustavo Lopetegui en 2019.

En artículos previos nos hemos referido a ellas con más detalle (ver bibliografía). Simplemente explicar, a propósito, que entre dichos impedimentos añadidos por el ex Secretario Lopetegui para ser aplicados en el cruce de la información que la ANSES debe realizar para otorgar el citado subsidio figuraban: la verificación de la titularidad de otro medidor en las relaciones familiares declaradas ante ANSES y el proceso de control de derecho mensual.

En resumidas cuentas, aquellos usuarios y usuarias con dos medidores a su nombre quedaban por fuera del beneficio (multimedidor) y, gracias a una modificación en el proceso de control de derecho mensual, otros tantos eran excluidos mes a mes por el simple cobro de un bono, presentismo, horas extra, etc, y debían tramitar el ingreso nuevamente. Por tanto, la dinámica se volvió más expulsiva que inclusiva, tendiendo a la eliminación sistemática de beneficiarios.


Fuente: Nota ENARGAS NO-2020-72487175-APN-SE#MEC (26 de octubre de 2020). Se lee:

Pues bien, a fin de ampliar el universo de acceso, la Intervención del Ente a cargo de Federico Bernal solicito en octubre de 2020 la flexibilización de los criterios de inclusión. Gracias a ello, la tendencia a la baja en la cantidad de usuarios y usuarias con Tarifa Social de Gas logró desacelerarse en dicho año (aunque cerró 7% por debajo de 2019) y creció levemente un 0,2% al cerrar el primer cuatrimestre de 2021 (ver bibliografía).

En sintonía con lo anterior, el Interventor Bernal señalaba hace apenas unas semanas atrás: "Este logro, aún insipiente, se enmarca en la instrucción del Presidente de la Nación de tener en la República Argentina tarifas justas, razonables y que se puedan pagar". Y claro, esto es justamente lo que molesta a quienes se dedicaron a recortar derechos entre 2017 y 2019.

Hablamos de Cambiemos, que ahora también se opone a la extensión del régimen de "Zona Fría", del que se beneficiarán 3 millones de hogares más, con descuentos en sus tarifas. De ese total, 431.686 serían usuarios de la Tarifa Social con ampliación a Tarifa Diferencial, lo que les permitiría contar con una reducción adicional del 50% en sus facturas.

Informábamos el viernes pasado (ver bibliografía) que el portal Econojournal había compartido algunas reflexiones de un documento inédito confeccionado por la Fundación Pensar, el "think tank" macrista que se presenta como "equipo de técnicos" pero está minado de políticos de profesión del PRO y Juntos por el Cambio. Prácticamente la totalidad de sus autoridades trabajan o trabajaron para la fuerza que hoy es el mayor partido opositor, y en un 90% de los casos como funcionarios públicos de ésta.


Fuente: Fundación Pensar.

El documento en cuestión, criticaba el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos y los partidos Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal que tiene por finalidad incorporar a más de 3 millones de usuarios y usuarias a la tarifa diferencial por "Zona Fría", la cual otorgaría, como decíamos, descuentos en las facturas de gas residenciales de entre 30% y 50%. Con la ampliación, el beneficio llegaría a casi 4 millones de hogares de 14 provincias argentinas.

Econojournal sostenía en su artículo: "El equipo de Energía de la Fundación Pensar, el think tank vinculado al macrismo, cuestionó con dureza el proyecto oficial destinado a ampliar el régimen de subsidios a los consumos de gas en la Patagonia". Según su informe, la ampliación de la "Zona Fría" es "una fórmula para fomentar el conflicto entre los ciudadanos, donde cada uno reclama un beneficio para sí que deben pagar el resto de los habitantes del país, incluso los más vulnerables".

Pues bien, quienes sistemáticamente excluyeron a la ciudadanía del acceso al gas como servicio público vinculado a los derechos sociales de garantía constitucional, quienes dejaron por fuera de la Tarifa Social a más de 700.000 usuarios y usuarias, quienes sumieron en la Pobreza Energética a 3 millones de hogares -de los cuales 1,4 millones cayeron en la Indigencia Energética- buscan ahora seguir por la misma vía, fogoneando el ajuste en materia de energía.


Fuente: Elaboración OETEC.

Que nadie se confunda ahora por su aparente preocupación por las y los argentinos más vulnerables. No les importan hoy y tampoco les importaban antes, cuando efectivamente tuvieron el honor de administrar los designios del país y la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de los 45 millones de compatriotas, ampliando el acceso a los servicios públicos energéticos.

Por el contrario, como quedó demostrado en el informe del ENARGAS, provocaron la estrepitosa caída de cientos de miles de beneficiarios y beneficiarias de la Tarifa Social de Gas detrás de un proceso excluyente de mercantilización y deshumanización, energéticamente hablando. Estos son quienes pretenden aleccionar hoy al Gobierno nacional sobre tarifas y servicios públicos, los mismos que empujaron a millones de argentinos y argentinas a la pesadilla de pagar el gas o comer.