Imagen: Senado TV.

En el proyecto LEY DE LIMITACIÓN A LAS TASAS DE INTERÉS POR MORA APLICADAS POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS que propone la modificación del artículo 31 correspondiente a la ley 24.240, pretende establecer que por "Facturación de Consumo Excesivo: Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los DOS (2) años anteriores se presume que existe error en la facturación".

Toma, además, otros aspectos como: "Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio. En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados. El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado".

En ese mismo artículo, propone: "Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo para contestar, si éste no hubiera respondido. En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente".


Imagen: Senado TV.

Por el contrario, "Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador éste tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses que cobra por mora, calculados desde la fecha de vencimiento de la factura reclamada hasta la fecha de efectivo pago". Pero, la tasa de interés por mora que deberán aplicar las empresas distribuidoras de servicios públicos esenciales a todas las categorías de usuarios particulares de cada servicio, "en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por reconexión de servicios, gastos administrativos, etc".

En ocasión del debate en comisión, la presidenta de Asuntos Constitucionales, senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), inició el encuentro destacando "la importancia de esas iniciativas que se tratarán hoy porque por el proceso económico que transcurrió en la Argentina y por el efecto de la pandemia hay muchísimas familias endeudadas y esto requiere que tomemos determinaciones salvaguardando los derechos de los ciudadanos".

Complementando lo anterior, el autor de ambas propuestas, senador Oscar Parrilli, fundamentó los proyectos al considerar que "nos parece que el sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir, por eso hemos comenzado a trabajar para hacer que tenga rentabilidad sin que eso vaya en desmedro del resto de las actividades comerciales". Así, defendió ambos proyectos legislativos, destacando que la tasa de interés por mora aplicada por bancos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación privada y empresas de seguros, no podrán exceder la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras".

A su vez, sobre la otra iniciativa explicó que establece lo mismo pero puntualizó que "cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores" se presumirá "que existe error en la facturación".


Imagen: Senado TV.

Es importante tener en cuenta que el proyecto inherente a los servicios públicos estima que "La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes". Esto tiene que ver con que la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago fuera de fecha. La adecuación de las tarifas mensuales a un promedio anual en los servicios públicos que sufren bruscas variaciones estacionales en función del consumo es indispensable y necesaria.

En consecuencia, pondera que "el acceso a los servicios públicos esenciales constituye una de las formas primordiales e indispensables para la realización de los derechos humanos y de la vida en comunidad". Y especifica que entre los servicios públicos esenciales se encuentran "aquellos que doctrinariamente se denominan "Servicios Públicos Domiciliarios" que son los que reciben directa y finalmente las personas (utisinguli) en sus domicilios; ya sean hogares, establecimientos educativos y/o asistenciales, lugares de trabajo o incluso unidades productivas, para cubrir necesidades de la vida cotidiana como el abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica, gas natural por redes y acceso a comunicaciones básicas".

Finalmente, apunta a lo acontecido con dichos servicios en tiempos del tarifazo macrista: "Desde comienzos del 2016 con el cambio administración y hasta octubre del 2018, la sociedad argentina sufrió aumentos acumulados promedio de 2057% en gas natural, 1941% en energía eléctrica y de casi el 1000% en el servicio público de agua potable sumado a los incrementos tarifarios de los servicios de telefonía móvil, fija y televisión por cable, todos ellos, indudablemente servicios públicos esenciales". A propósito, el proyecto resume que los "incrementos excesivos han generado una imposibilidad absoluta en los usuarios a afrontar sus compromisos, generando una mora inusitada en el cumplimiento de los pagos de los mismos. Varios millones de argentinos han tenido que elegir en reiteradas oportunidades cuál de algunas de sus necesidades básicas resignar para afrontar el pago de los servicios eléctricos, de agua corriente o de gas, todos estos de primera necesidad".


Imagen: Archivo OETEC.

Se trata, como destacamos siempre desde OETEC, de la extorsión con la que Cambiemos operó sobre las necesidades de las y los usuarios de los servicios públicos, poniéndolos reiteradamente y de forma macabra ante el dilema o la pesadilla de qué derecho claudicar para hacer frente a los vencimientos en los pagos de los que a priori se definen como servicios públicos esenciales. Durante 4 años, se nos quiso convencer a las y los argentinos de que acceder al gas, a la luz, al agua, etc. era una cuestión de lujo y no un derecho social que nos correspondía por Constitución.

Por ende, proyectos como los que busca impulsar el Frente de Todos en esta oportunidad no sólo se relacionan con limitar los intereses de las moras por retrasos en los pagos de los servicios públicos y demás prestaciones, constituyen efectivamente un freno definitivo al proceso de mercantilización de la vida misma que ha impuesto y naturalizado la administración de Mauricio Macri entre 2016 y 2019. En otras palabras, equivalen a volver a poner en el centro de la escena a los ciudadanos y sus necesidades -no al mercado y la codicia de sus intereses- como sujeto de las políticas públicas que el Estado debe instrumentar.