Se acabó el misterio de la tecnología celular: buen servicio sólo con buena inversión. Si alguien quiere ganar dinero sin invertir lo que corresponde la telefonía celular ya no es su guarida. La fórmula es casi matemática, tanta inversión representa tanta tecnología instalada lo que se corresponde con una determinada cantidad de usuarios atendidos con una determinada calidad. No se trata de espectro radioeléctrico, ni de geografía, ni del tipo de usuario -se puede ser inglés o haitiano o argentino-, el celular se usará de la misma manera que en cualquier lado: transmitirá impulsos electromagnéticos a través del espacio, que es igual en todo el mundo. No depende de las condiciones climáticas ni del gobierno o la forma de gobierno que exista en un país. El gran desarrollo del celular en el mundo lo ha vuelto prácticamente un commodity cuya tecnología puede ser adquirida y dominada en cualquier parte. Entonces, ¿Porque según La Nación (
http://www.lanacion.com.ar/1729295-telefonia-movil-argentina-demasiadas-incertidumbres) en la Argentina la telefonía celular puede deparar alguna incertidumbre diferente a la que supone en cualquier otro lugar del mundo?

Las incertidumbres que generan las tecnologías de la comunicación -entre ellas el celular- son mundiales y tienen que ver con la forma de apropiación que la ciudadanía hace de ellas. Y también con cómo regularlas para que cumplan su verdadera función que es comunicar a la gente con una tasa razonable de ganancia para las empresas que prestan el servicio y no mucho más.

El modelo de regulación que se viene desplegando desde la Secretaria de Comunicaciones dependiente del Ministro de Planificación, busca despejar dudas sobre el negocio de la telefonía celular y parece rezar así: el que quiera prestar el servicio va a tener una rentabilidad acorde a la inversión, por eso el pliego fija estándares de tecnología y no deja librado el servicio al juego oligopólico que básicamente trata de reducir al mínimo la inversión a costa de la calidad en el servicio. Ahora, el pliego de licitación que adquirieron los cuatro postulantes (Claro, Personal, Movistar y Airlink) contiene los dispositivos básicos y las clausulas gatillo necesarias para que quien obtenga la porción de espectro que se licita tenga que hacer un uso eficiente y eficaz de ese recurso escaso y público.

Como ya reseñamos (http://www.oetec.org/nota.php?id=640&area=11) la modalidad de licitación que se practica en este llamado incorpora la medición de calidad del servicio, la recisión por deficiencias en el servicio, y un lapso temporal definido en 15 años que se puede renovar si se trabajó bien. Todos estos elementos estaban ausentes en las licitaciones anteriores por lo cual los entes públicos responsables (SECOM y CNC) tenían que controlar apelando al mérito, la oportunidad y alguna que otra multa incobrable. En el esquema licitatorio de los noventa el celular era algo exótico por eso se les dio a las empresas un margen de discrecionalidad amplio. Pero en la actualidad la tecnología celular ya no es un misterio, y existen estándares internacionales que son los mismos que exigen estos nuevos pliegos licitatorios: una determinada cantidad de usuarios por antena, distribución geográfica acorde a la concentración de población, tecnología 4G desde el inicio en todos los transmisores y antenas. El pliego es incluso benigno con la cultura empresarial de baja competencia a la que están acostumbrados los operadores en la Argentina, ya que solo prevé la co ubicación y el uso compartido de facilidades esenciales a partir de la quinta etapa, es decir, unos 60 meses a partir de la adjudicación. El plan licitatorio sigue ahora con un análisis de razonabilidad de las propuestas técnicas y luego los interesados deberán pujar en subasta por las porciones de espectro.

En suma, las incertidumbres que señala el diario La Nación no parecen preocupar a los inversores que ya están en carrera y son cuatro, dispuestos a desembolsar cash no menos de U$S 2000 millones para llevar adelante su negocio, claro que esta vez bien controlados por el Estado y en defensa de la seguridad jurídica del consumidor.