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| Artículos de opinión

La evasión en contexto. Acto criminal contra el pueblo argentino

Autor | Pablo Singerman


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés.


Palabras Claves
62.000 millones de pesos, administración nacional, AFIP, contexto, Cuyo, Entre Ríos, evasión, gastos, HSBC, inversión social, Mendoza, Misiones, presupuesto nacional, Santa Fe



09-12-2014 | En función de la presentación hecha por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante la Justicia, con copias de 3.628 expedientes que incluyen las Declaraciones Juradas de los 4.040 ciudadanos argentinos que en 2006 disponían de cuentas ocultas en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, y cuyas autoridades locales fueron denunciadas por haber montado una plataforma ilegal a efectos de asistir a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos, resulta menester focalizarse en los abultados montos que significaron dichos ocultamientos.


El organismo oficial estima que los fondos depositados en estas cuentas no declaradas suman alrededor de u$s 3.000 millones (¡10% del stock actual de reservas internacionales del BCRA!), que evadieron desde 2006 cerca de $62.000 millones en Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e IVA.

Al analizar los alcances e implicancias de este ilícito cometido por ciudadanos contribuyentes argentinos, y procurando dimensionar la gravedad del asunto, se encuentra que esta suma multimillonaria representa $3.000 millones más que la totalidad de los presupuestos de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Los presupuestos de 2014 aprobados por el poder legislativo de las provincias de la región de Cuyo ascienden a un total de $59.507.941.389.

Asimismo, al cotejar la cantidad de dinero evadido en impuestos con los presupuestos de las provincias del Noreste argentino (NEA) para este año, se arriba a conclusiones similares: el gasto corriente y de capital anual presupuestado para 2014 fue presupuestado en $65.848 millones para las provincias de Formosa, Misiones, y Chaco juntas.

Sumado a esto, la evasión estimada supera a los presupuestos provinciales para 2014 de dos de las provincias más grandes del país: Santa Fe ($53.609 millones) y Córdoba ($44.614 millones).

En materia de presupuesto a nivel nacional, la suma evadida por medio de la operatoria ilegal se encuentra por encima del total de erogaciones del Estado argentino en Educación ($45.669 millones) y Salud ($16.307 millones), y próximo a este total sumado a la inversión del Estado en Ciencia y Tecnología ($5.578 millones).

De igual forma, la cifra supera a los fondos destinados a Seguridad interior ($36.293 millones), y a Defensa ($35.103 millones).

Menos dinero para prestaciones sociales
La evasión de impuestos impide una mayor recaudación por parte del Estado nacional, lo que le permitiría brindar más y mejores prestaciones a la sociedad, a la vez que esta operatoria es practicada por los estratos sociales de mayores ingresos, entidades dedicadas a la especulación financiera y grandes firmas multinacionales.

En función de las partidas que componen el Presupuesto 2015, la evasión por parte de las personas y empresas con cuentas no declaradas en Suiza equivale a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo; 2,2 veces las Asignaciones Familiares; 118,3 veces el Seguro de Desempleo; 21,3 veces el Conectar Igualdad; 14,9 veces el Progresar; y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación. Lo que es más: ¡el monto de la evasión es igual al conjunto de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos!

La evasión impositiva, así como la fuga de capitales, se ha transformado en un mal endémico que debe ser combatido. El giro del ahorro doméstico al exterior convertido en dólares constituye uno de los principales condicionamientos del desarrollo económico local, vedando la posibilidad de que una gran cantidad de recursos disponibles (muchas veces ociosos) esté en condiciones de potenciar el crecimiento productivo y la inclusión social.

Al mismo tiempo, el desvío de recursos impide romper con la crónica dependencia del financiamiento externo para impulsar inversiones significativas tanto en el desarrollo de la estructura productiva como en infraestructura que mejore la competitividad de la economía. El desafío sigue siendo lograr encauzar dichos recursos al desarrollo productivo local, permitiendo expandir la capacidad productiva del país y mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto.