Si bien la privatización de las empresas de energía como Gas del Estado e YPF puede ayudar a eliminar las fallas organizacionales, gerenciales y las ineficiencias de procesos que comúnmente asedian al sector estatal de muchos países (incluidas la Argentina y Grecia), esto tiene poco sentido económico cuando la naturaleza del mercado es tal que no puede abrirse a la competencia privada (no a los monopolios) a fin de beneficiar a los consumidores con precios más bajos.

Lamentablemente, las empresas que entran en el mercado de la energía a menudo están muy endeudadas, como parece haber sido el caso de Repsol, y su papel en la apertura de los mercados es, por decir lo menos, cuestionable. Además, aunque la privatización tiende a frenar la corrupción en algunos casos, la literatura científica muestra que en los mercados de alto riesgo (como el de la energía) es posible pasar de un tipo de corrupción a otro. En igual sentido, la privatización impone restricciones de facto sobre la política energética: por ejemplo, si las circunstancias exigen cambios políticos como la renacionalización del 51% de YPF en 2012, el gobierno puede encontrarse envuelto en una larga disputa con sus socios de la privatización anterior y tener que resolver litigios muy costosos.

En términos generales, se podría decir que, normalmente, la privatización en dichos mercados, si bien por un lado mejora la infraestructura, la tecnología y la diversificación de servicios, por otro lado es capaz de crear un oligopolio que aumenta los precios y crea puntos de no retorno para las políticas nacionales. En conclusión, la privatización del sector energético es, con total seguridad, un factor de cambio que no beneficia a los consumidores ni a la nación en su conjunto. En otras palabras, un factor de futura "crisis energética".