Fuente: Elaboración propia en base a ENARGAS, Datos Operativos.

La gestión Macri (enero a octubre de 2019) incorporó 77.561 nuevos usuarios residenciales al servicio público de gas natural. Es el número más bajo desde 2002.

Por otra parte, la de 2019 es además la peor cifra de la era Macri. Interanualmente, retrocedió 5,2%, siendo 34% inferior a los valores de 2015, mismos meses.


Fuente: Elaboración propia en base a ENARGAS, Datos Operativos.

A pesar de las ganancias estratosféricas percibidas por las distribuidoras en estos últimos tres años, beneficios y auxilios de todo tipo por parte del Poder Ejecutivo, (1) dolarización de la tarifa, aplicación de las RTI exigidas por las propias empresas, desregulación absoluta, libre giro de utilidades y distribución de dividendos sin el más mínimo control, a pesar de todo esto, la gestión de Mauricio Macri ha desacelerado fuerte e históricamente la incorporación de nuevos usuarios residenciales a la red de gas.

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(1) A saber: a) Asistencia económica transitoria por 3.450 millones de pesos (entonces 218 millones de dólares) en diciembre de 2016 para "solventar las inversiones obligatorias" comprometidas con el ENARGAS, todo a "cuenta de la Revisión Tarifaria Integral" (Resolución 312 - E/2016); b) Resolución 97/2018 que aprobó la financiación en tres cuotas más intereses del 25% de las facturas de gas del invierno, conocido como "Programa de Financiamiento de Consumos Invernales de Gas Natural"; c) El aval del ente a la estafa del gas combustible doblemente facturado por las distribuidoras (que derivó en una denuncia ante el Poder Judicial); d) Resolución 508 del 29 de diciembre de 2017, normativa mediante la cual el Estado se comprometió a compensar a las distribuidoras por su costo de operación del gas no contabilizado (gas consumido por las propias empresas en la operación de sus redes); e) Traslado al Tesoro Nacional de la deuda contraída con las productoras derivada de la dolarización del precio del gas en la tarifa y la
mega-devaluación de 2018 y 2019; f) Traslado al Tesoro Nacional de los intereses por el diferimiento del 22% de los montos de invierno de 2019 y el congelamiento tarifario decretado en abril del mismo año; y g) Readecuación de las licenciatarias en cuanto a sus inversiones obligatorias (Resolución 521 del 3 de septiembre).