Fuente: Currículum Vitae del Dr. Chambouleyron publicado en el portal de Compass Lexecon. Página 3. En la página 4 figura otro asesoramiento a empresa distribuidora de electricidad, año 2004. Subrayados son nuestros.

Federico Bernal, ex director de este Observatorio, fue quien encontró y denunció públicamente que Chambouleyron, nombrado por Aranguren como Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, había sido al menos diez veces testigo de parte de transportistas y distribuidoras de gas y energía eléctrica en sus demandas presentadas en el CIADI contra la República Argentina.

Para Bernal, "Chamboulyeron no solamente es uno de los autores intelectuales del tarifazo de Macri, sino que ocupó su cargo en la subsecretaría viniendo de haber representado a empresas energéticas que accionaron legalmente contra el país y el pueblo argentino. Esto es lo más grave".


Fuente: Senado TV. Chambouleyron, ex presidente del ENRE, exponiendo en el plenario el 22 de mayo de 2018. Durante la presidencia de Néstor Kirchner el hoy presidente del ENRE -siempre en calidad de consultor rentado de la firma estadounidense LECG- ofició de testigo experto de parte de cuatro concesionarias del servicio público de electricidad en los segmentos transporte y distribución en sus respectivas demandas contra el Estado nacional y el pueblo argentino ante el CIADI. Las compañías son oriundas de Italia, EE.UU., España, Francia y Alemania.

Sobre el tratamiento que se le dio a este tema por parte de la prensa, Bernal manifestó "leí por ejemplo en El Cronista que el kirchnerismo lo cuestionaba por esta función de testigo en el CIADI contra nuestro país. Así escrito este cuestionamiento a Chambouleyron, parece un capricho partidario o ideológico. De ninguna manera. Le pediría al periodista que revise de nuestros informes el CV del ex presidente del ENRE. Ahí figuran los años y las demandas ante el CIADI en las que trabajó". (1)

Y agregó Bernal: "Todo el arco político opositor debería haber cuestionado la designación de este señor en el Ministerio de Energía. Ni que hablar cuando asumió el ENRE, que se supone que es un ente que debe velar por la seguridad jurídica de los usuarios y las usuarias. (2) Nosotros pusimos el grito en el cielo cuando ingresó al ENRE. ¿A defender a la ciudadanía quien fue por más de diez años un testigo de energéticas que demandaron a esa misma ciudadanía ante el CIADI? ¿Al frente de un ente que debe velar por los derechos y las garantías de los usuarios del servicio público de electricidad quien cobró dinero para que, juicio ganado mediante, los argentinos y las argentinas tengan que poner plata de su bolsillo para hacer frente al capital demandado por estas empresas?"

"Vergonzoso -concluyó Bernal-. Chambouleyron renunció. Ahora esperamos que la Justicia investigue todo su accionar como funcionario y desde diciembre de 2015 al 30 de enero de 2020. Y que incluya por favor cómo obró con el colapso del SADI de junio de 2019 y con el traspaso de Edenor y de Edesur a CABA y a la provincia de Buenos Aires que vino con un regalo del Estado nacional a estas distribuidoras por 637 millones de dólares".

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(1) En Página/12 se escribió al respecto: "Antes de ingresar al gobierno de Macri, Chambouleyron había generado polémica cuando trabajó para el bufete estadounidense Compass Lexecon, dedicado a asesorar a las empresas multinacionales en sus litigios contra Estados soberanos en tribunales internacionales. En particular, los juicios contra la Argentina se dieron ante la ruptura de contratos dolarizados tras la salida de la convertibilidad". Preguntan desde OETEC: ¿Generado polémica? "Este diario también hace un pésimo tratamiento de este gravísimo asunto. Como Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, a diseñar y fijar tarifa y renegociar los contratos en el marco de nuevas RTI, entró un señor que desde 2002 había sido representante de energéticas en sus demandas contra la Argentina ante el CIADI. ¿Generado polémica y punto?", cuestionaron desde este Observatorio.

(2) La ley define al ENRE como "un organismo autárquico encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras Edenor y Edesur) cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión". Entre sus objetivos hay dos que vale la pena recordar: "1) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; y 4) Regular las actividades del transporte y distribución asegurando tarifas justas y razonables".