Fuente: Comunicado de Prensa de Consumidores Responsables y CESPMA (Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente).

1. ¿Cuál es la dimensión tienen que tiene esta acción judicial encarada desde la intervención del ENARGAS?
Para nosotros, en nuestro carácter de asociación de Usuarios y Consumidores, esta acción que encara el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, es muy importante porque demuestra un giro de 180º en las políticas que se instrumentaron con el gobierno anterior.

Creemos que esto pone al ENARGAS en el lugar que tiene que estar, que es en defensa de los usuarios ante la relación desigual con las empresas que prestan servicios públicos como, en este caso, las de gas.

Pero no solamente eso, también permite recuperar al Estado su rol de regulador y discutir cómo van a ser los nuevos cuadros tarifarios en pos de llegar a esa ecuación que dijo la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, donde estableció que las tarifas debían ser justas, razonables y no confiscatorias.

Entonces, tratar de desmarañar todo el entramado que se hizo, durante el gobierno anterior, para llevar a las tarifas a un aumento del 3 mil por ciento, nos parece una muy buena iniciativa. Seguramente esto será el comienzo de un actuar que esperamos siga en este sentido.

2. ¿Cuál es el acompañamiento que las organizaciones civiles pueden aportar a esta decisión expresada judicialmente por Bernal?
Lo que las organizaciones civiles, de consumidores, sindicatos y ONGs pueden hacer es manifestar públicamente la adhesión a esta acción y también acompañar lo que nosotros solicitamos que es la derogación del artículo 7 del decreto 1053 del 2018, que es el que permitió que el Estado Nacional se haga cargo de esa deuda que tenían las distribuidoras con las productoras.

Es decir, Aranguren firmó con las empresas un precio en dólares que después, con la devaluación, se intentó transferir a las tarifas de los usuarios. Como el movimiento de organizaciones de consumidores fue fuerte, porque ya estábamos todos embarcados en esa lucha contra el tarifazo, eso no pudo hacerse. Pero el Estado sí se hizo cargo de esa diferencia.

Lo que nosotros queremos es que se derogue ese artículo del decreto 1053/18 que obliga al Estado Nacional a asumir esa deuda porque, en definitiva, el Estado somos todos y fue la ciudadanía quien terminó pagándola de una u otra forma.

3. ¿Cuál es el análisis comparativo que podría realizar sobre la política energética de la actual y la anterior gestión?
Creo que el Gobierno ha decidido girar 180º en política energética con respecto a la gestión anterior. Primero en esto de poner a los Entes Reguladores al servicio de los usuarios y se han dictaminado innumerables cantidad de resoluciones en las cuales los usuarios participamos a través de las distintas comisiones de Inquilinos, Cooperativas Recuperadas, etc, y opinamos dentro del marco del ENARGAS, por ejemplo.

Pero también creemos importante que a partir de la sanción de la Ley de Emergencia se va a auditar todo lo que se hizo con los tarifazos. Es decir, la intención de este Gobierno es lograr que se revise el por qué de tremendos aumentos y eso marca una clara diferencia respecto a la política energética anterior.

Revisar eso y que el usuario tenga información sobre cómo se llegó a esa tarifa, es crucial. Nosotros ya hemos avanzado en algún punto y parte del componente de la tarifa es el patrimonio que tiene cada una de las empresas.

Finalmente, creemos que es fundamental hacer hincapié en la necesidad de que las tarifas vuelvan s ser justas, razonables y no confiscatorias, es decir, que un trabajador no tenga que comprometer una parte importante de su sueldo para pagar los servicios públicos, que como tal se corresponden con nuestros derechos humanos más esenciales.

Conclusión
Afortunadamente, el rol de los usuarios y las usuarias se va re-significando con las actuaciones políticas que el ENARGAS toma para rescatar y salvaguardar los derechos energéticos violentados por Cambiemos a través de un grupo de ex funcionarios seriamente comprometidos en la consumación de delitos penales en perjuicio de la seguridad jurídica y energética de la población.

La administración neoliberal de Mauricio Macri, con su planteo económico atroz, genocida y persecutorio de la ciudadanía que no tiene por más ingreso que aquello generado en la nobleza de sus trabajos cotidianos, ha provocado daños inestimables, y las acciones ejecutadas por sus funcionarios en materia de energía y de tarifas muestran a cada paso un evidente encono contra los intereses del Pueblo argentino.

Tendrán que exponerse ante la Justicia -y en buena hora-, algunos de los repudiables hechos que sumieron a millones de compatriotas en la página más oscura de la historia energética nacional.