El informe releva los resultados de dos auditorías sobre el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) de las empresas Edenor y Edesur llevadas adelante por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Auditoría General de la Nación (AGN), respectivamente.

En cuanto a los resultados de las auditorías efectuadas por la AGN y el ENRE constituye un elemento crítico de cara a renegociación de la RTI vigente, cuya aplicación derivó en los denominados “tarifazos” ocurridos entre 2016 y 2019.

Señala dicho informe del OSP "Los documentos analizados establecieron que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri privilegió la rentabilidad empresarial, con un impacto negativo sobre la economía de los hogares y el sistema productivo en general. Además, que se violó la Constitución Nacional y otras normas.

En la auditoría el ENRE estableció que el “objetivo prioritario” de la política tarifaria eléctrica del gobierno de Mauricio Macri fue “dotar de ingresos a las empresas y reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre los usuarios ni otras consideraciones respecto a la prestación del servicio”.

Estableció que se trató de un “proceso caracterizado por subas extraordinarias de las tarifas, quita de subsidios, incremento del precio estacional, dolarización de la generación eléctrica, con un fuerte impacto negativo sobre la economía de los hogares y los sectores productivos”.



Cabe mencionar como ya se hizo desde nuestro espacio que "Según se desprende de la auditoría técnico, económico, jurídica realizada por el ENRE sobre las dos distribuidoras eléctricas del AMBA a lo largo del 2020, y cuestión que el OETEC advirtió en mayo de 2019, en mayo de 2019, la Secretaría de Energía de Cambiemos suscribió con Edenor y Edesur el famoso "Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales".




El objetivo de dicho acuerdo fue "compensarlas" perdonándole deudas millonarias acumuladas con el Estado (compra de energía, mutuos diversos y sanciones). Básicamente, este acuerdo consistió en el reconocimiento por parte del Estado Nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales.

En términos monetarios, la suscripción de este acuerdo significó, en el caso de Edenor, unos $6.630 MM en deuda condonada, otros $ 7.080 MM en deuda refinanciada, y una ganancia extraordinaria de $ 17.095 MM en 2019. Para Edesur, la condonación representó $ 6.940 MM, la refinanciación $ 11.370 MM y la ganancia extraordinaria $15.641 MM en 2019.

"Este regalo de Mauricio Macri hacia ambas empresas fue avalado por el ENRE presidido por Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria de Juan José Aranguren y, antes de asumir esta función, al menos diez veces testigo de parte de energéticas del gas y la electricidad en sus demandas contra la República Argentina ante el CIADI", explicamos oportunamente desde OETEC.

Al respecto, el informe actual emitido por el OSP de la UNLP, deja en claro que "Para el ENRE las tarifas producto de esa RTI “no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes”
Bien detalla el propio informe de la Auditoría del ENRE “La política tarifaria de la Alianza Cambiemos pretendió, detrás del lema de “defensa de la transparencia”, otorgar institucionalidad a la reducción de subsidios y a la transferencia de ingresos hacia las concesionarias”

El cúmulo de medidas que la presidencia ejercida por Mauricio Macri, aplicó a las tarifas de energía eléctrica en favor de las empresas mencionadas perjudicaron de modo profundo el consumo energético, el desarrollo económico y productivo, además del poder adquisitivo del salario, colocando así una herida estructural a las personas usuarias de la que aún hoy cuesta en general, lograr una recuperación.

Por ello las implicaciones de lo cometido para dar favores económicos a EDENOR y EDESUR, por parte del macrismo, revista una gravedad inusitada. Si se remite al informe de la OSP, se puede dimensionar con mejor detalle, estas consecuencias nefastas: “El proceso de RTI debería haber conducido a la determinación de unas tarifas justas y razonables. En virtud de las cuales las concesionarias tuviesen ingresos suficientes para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica con las condiciones de calidad definidas y una tasa de rentabilidad razonable que, a su vez, proteja adecuadamente los derechos de los usuarios. Sin embargo, en la práctica, el proceso de la RTI resultó una fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras en el marco de una aparente institucionalidad”

Así el proceso de empobrecimiento de los argentinos y las argentinas habilitado desde el 2016 al 2019, todavía supone una crisis de afectación directa que requiere investigaciones de la índole que fuere realizada por la AGN y el ENRE, la que sirve de base al informe del OSP y que pone al público, hechos que no sólo deben ser repudiados sino que además requiere el compromiso de los sectores involucrados para que no se repita la historia del modelo neoliberal en contra del interés general y del bienestar del pueblo.

“Un aspecto que no se puede soslayar de los hallazgos de la auditoría del ENRE es el señalamiento respecto de la sobreestimación de la demanda de energía, lo que afectó la asignación de los costos a cada categoría de usuario y la proyección de los ingresos de las distribuidoras. Los supuestos macroeconómicos utilizados para las proyecciones de energía fueron por demás optimistas. Se sobreestimó el PBI. Las empresas tomaron tasas de crecimiento que rondaban el 3% anual que eran irreales a la luz del desempeño económico que se venía observando durante el año 2016 y en los años previos: durante los cinco años anteriores el PBI había registrado un crecimiento promedio de 0,37% anual” indica el informe del OSP.

Concluye el análisis del OSP: “Las auditorías de ENRE y AGN señalan que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri privilegió la rentabilidad empresarial, con un impacto negativo sobre la economía de los hogares y el sistema productivo en general. También que en el proceso de la RTI eléctrica se violó la Constitución Nacional y otras normas. Señalan ambas: la falta de transparencia, asimetrías de información entre usuarios-ente de control y empresas. Una excesiva informalidad y la ausencia de diversos actores sociales, científicos que posibiliten democratizar y aportar saberes y conocimientos al proceso y al resultado de la RTI”.