Lucía Corpacci, detalló que "hay tres proyectos presentados y la idea es que podamos en estas charlas -en referencia al plenario de minería y ambiente- enriquecerlos y unificarlos, pero es muy importante tener un proyecto de cierres de minas y eso lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo" destacó.

"El tema es que, desde el Estado, que somos los garantes del medio ambiente, se hagan los controles necesarios. No hay nada que hoy, con tecnología, no se pueda modificar para que genere el mínimo impacto con el ambiente" remarcó la legisladora en sus declaraciones a la prensa legislativa.

La senadora catamarqueña reconoció que la minería genera modificaciones en el ambiente como cualquier otra actividad productiva y por esa misma razón, se hace necesario que el Estado tenga los instrumentos legislativos para regular la actividad minera, que en definitiva es una industria más.

Corpacci recordó que "cuando empezó la minería en nuestro país, en realidad nadie hablaba del cierre de minas, de hecho, Catamarca es pionera en tener un decreto de cierre de minas, porque la verdad es que no se habían cerrado. La primera provincia que cierra una mina grande como fue Alumbrera es Catamarca y en Catamarca nosotros trabajamos muchísimo con eso para dejar el medio ambiente, de la mejor manera. La senadora de la Nación, explicó las exigencias a las empresas mineras planteadas en su proyecto legislativo: "que antes de empezar el desarrollo del yacimiento minero en sí, tiene que acordar y cumplir una serie de pautas y además hacer un depósito económico que nos garantice que la remediación pueda ser posible"

"TODA ACTIVIDAD HUMANA ES CONTAMINANTE"

En el plenario de comisión, participó el representante profesional del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, Mario Juárez, quien respecto de la actividad legislativa realizada el pasado 14 de septiembre, dijo: "se tocan aspectos claves que definen uno de los pilares de la actividad. No tomarlo con seriedad puede hacer que nos volvamos muy poco competitivos, muy poco eficientes en el manejo de nuestros recursos y nuestra idea es venir a pasar el mensaje sobre cuál es la perspectiva de la actividad del cierre de minas" expresó el profesional.

"Toda actividad antrópica produce una afectación sobre el medio ambiente y la minería no es la excepción, no es que queden tan dañados los terrenos, sino como toda actividad quedan impactados y la idea de los presupuestos mínimos es dar, un marco adecuado para que todas las jurisdicciones, cuenten con los estándares mínimos, que deban requerirse para mantener bajo control el impacto ambiental y social de la actividad" manifestó Juárez.

"Es parte a tener en cuenta y el mensaje que hemos venido a dar, que la actividad también impacta positivamente, en lo social y lo económico, y el equilibrio de estas cuestiones es lo que hemos venido a plantear" insistió el vocero del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas.

Juárez remarcó que la minería es una actividad contaminante como todas las realizadas por el ser humano: "lo es como cuando se va al supermercado y se extrae una bolsa de nylon que tiene cianuro. No hay actividad del ser humano que no sea contaminante" aseveró.

"Si pudiéramos prescindir en estos momentos, de los metales fundamentales con los que están hechos los teléfonos celulares, entonces podríamos prescindir de la minería, pero la verdad que no, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la forma como sociedad organizada, para poder desarrollar esta actividad de manera consciente donde se pueda mitigar, contener, las afectaciones que pudieran ocurrir"

"La actividad minera es una generadora de riquezas, no una actividad contaminante, no la rotularía como contaminante porque lo son todas. Siempre digo, usted se sube a un avión, cruza La Pampa, mira por la ventanilla y lo que va a ver es actividad humana. Si usted sube a un avión y pasa por la cordillera, yo los desafío a ver si encuentra una mina" ejemplificó Juárez al realizar el parangón entre una actividad como la agrícola con la minera, las modificaciones ambientales y el impacto territorial.

El objetivo del plenario, tras los tres proyectos presentados por las senadoras Gladys Gonzalez; de Catamarca, Lucia Corpacci (Frente Nacional y Popular) y el senador por Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), fue debatir sobre los procedimientos, presupuestos mínimos y protocolos necesarios para un plan de cierre de minas que regule la actividad y su correspondiente protección ambiental.

Para avanzar sobre dichas iniciativas, fueron invitados a exponer, Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca; Olga Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia y Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca.

Luego de agradecer la convocatoria de "todas las partes involucradas" para el análisis de esta temática, Mignacco afirmó que, "es sustancial que la sanción de esta ley surja del consenso de los actores involucrados, con el establecimiento de reglas claras tendientes abordar los aspectos ambientales, sociales y económicos en el cierre de minas".

A su turno y, en coincidencia con el presidente de CAEM, Murua consideró necesario cubrir el vacío legal existente en el proceso del cierre de minas, y encontró necesaria la búsqueda de "un marco sustentable para las sociedades y una normativa que sea incorporada al Código de Minería Nacional".

Respecto de los presupuestos mínimos necesarios para el cierre de minas, Micone agregó que, "como Estado debemos contar con recursos adecuados para la capacitación y el trabajo ", al compararse con los estándares que manejan las empresas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA

Es importante destacar el trabajo de investigación de la CEPAL, sobre el protocolo de cierra de minas. En el mismo, se ha tomado en cuenta que en "el caso de la industria minera, esta presenta áreas prioritarias de vínculo con los derechos humanos. Se debe aclarar en este punto que la responsabilidad por respetar los derechos humanos no solo recae en las empresas mineras, sino que también sobre los Estados. En aquellos casos donde una empresa vulnere este tipo de derechos, y el Estado no haya hecho lo suficiente porque aquello no suceda, bien se podría perseguir la responsabilidad de ambos a nivel internacional; así como también se puede perseguir a nivel nacional la responsabilidad de ambos por los daños y perjuicios que este incumplimiento imponga a determinadas personas (ver Bowman y Boyle, 2002; y Lee, 2016). Por ejemplo, según el
Consejo Internacional de Minería y Metales, los derechos humanos son parte de los principios mineros, o buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para la industria minera y metalúrgica (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2020b). En tanto, según la ONG Business for Social Responsibility (2017), esas áreas serían: 1) impactos ambientales; 2) riesgos laborales; 3) disrupción social y económica; 4) incidentes de fuerzas de seguridad; 5) adquisición de tierras; 6) comunidades indígenas; 7) cadena de abastecimiento; 8) sobornos y corrupción; 9) impactos acumulativos; y, 10) acceso a remediar de abusos de derechos humanos. Las responsabilidades ambientales son perseguidas ante tribunales internacionales y nacionales, por actos u omisiones cometidos por compañías transnacionales y nacionales, así como también por la falta de servicio del Estado receptor2. A todo lo anterior se agrega la cada vez más urgente necesidad de aminorar los riesgos que el cambio climático impone al planeta (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2020c)" - ver bibliografía-

El documento brinda orientación a los responsables de la toma de decisiones sobre los requisitos mínimos que los titulares mineros deben cumplir en el proceso de cierre y poscierre de minas.
Con este objeto, se propone la realización de una serie de acciones, teniendo en cuenta la realidad de la minería en los países andinos de América Latina y sus diferentes escalas industriales. Se ofrece una caracterización de la pequeña, la mediana y la gran minería y partiendo del reconocimiento de que, en la legislación de países latinoamericanos, se regulan los aspectos ambientales del cierre y el poscierre de minas, se hace hincapié en la estabilidad mecánica del suelo y el control del drenaje de residuos ácidos. Asimismo, se proponen criterios para la exigencia de garantías financieras, a fin de asegurar los recursos necesarios para sufragar el costo de las acciones previstas en los planes. La presente propuesta se basa en un estudio preliminar sobre la regulación del cierre y del poscierre en cinco países andinos e incluye un análisis de las eventuales responsabilidades de los Estados y los operadores mineros por la no adopción de estándares ambientales y de derechos humanos en el cierre de minas" cita la Guía elaborada por CEPAL.

Las garantías que el Estado exija al empresariado deben estar ordenadas institucional y jurídicamente a modo de esquematizar una actividad altamente rentable en favor de todas las partes involucradas.

Una ley en este sentido es mucho más que un manual de buenas prácticas, actitud tibia que el macrismo intentó dibujar para -con su habitual hipocresía- calmar los incesantes reclamos que se hacen sobre el impacto ambiental en las provincias. Una ley es en tal caso, la síntesis del conjunto planteado por todos los actores sociales y el reflejo de la decisión política coherente con las necesidades de los pueblos. Es de esperar que en la construcción legislativa, se llegue a conseguir plasmar el objetivo primordial de preservar y propender al bienestar general.