Sin embargo y por desgracia, el poder conservador pudo más. La presión del frente entre multinacionales petroleras y las clases dominantes provinciales desembocaron en el fracaso de la nueva ley en el Senado. Entre los argumentos opositores, además de las consabidas zonceras del Estado ineficiente y mal administrador, los senadores provinciales esgrimieron el del federalismo, pero un federalismo entendido como un modelo de gestión y explotación de los recursos provinciales al estilo unitario más que verdaderamente federal. Es decir, no como los caudillos del siglo XIX y las masas que los acompañaban proponían con los recursos y las riquezas generadas en suelo patrio, sino como Rivadavia, Mitre y Tejedor -entre otros- terminaron imponiendo al país profundo y autóctono, ciertamente a fuerza de sangre y fusilamientos. Decían las voces unitarias de entonces, que la Aduana, la renta derivada del intercambio comercial, así como la elaboración y objetivos de sus normativas regulatorias (proteccionismo o apertura, por ejemplo) debían quedar en manos de los porteños por el sólo hecho de estar geográficamente emplazada la puerta de ingreso fluvial y administrativa en la ciudad de Buenos Aires y su provincia homónima. Claro que quedar en manos porteñas significaba, además de la burguesía comercial de la ciudad metrópolis, depender en última instancia de las burguesías manufactureras de las metrópolis europeas. El programa de Rivadavia -llevado a sus últimas consecuencias por Sarmiento, Mitre y los representantes de la Argentina del Centenario- convirtió a las Provincias Unidas en patio trasero europeo y a las provincias argentinas en patio trasero de Buenos Aires.

Las luchas por una distribución equitativa, entre los argentinos y entre todas las provincias, de los recursos devenidos del comercio exterior a través del control de la Aduana y de las políticas, leyes y designios que regían su funcionamiento, fueron la razón fundamental de nuestras guerras civiles durante el siglo XIX y, con ellas, de las intervenciones extranjeras interesadas en controlar desde Londres y/o París el comercio del Plata.

En la Argentina del Bicentenario, la cuestión federal no ha sido zanjada aún, ni política ni cultural ni constitucionalmente. No obstante, avances como el registrado en materia de una nueva legislación hidrocarburífera pero enmarcada en el acuerdo alcanzado entre el Estado nacional y las provincias productoras, marca un hito en la consolidación de la República Argentina verdadera y efectivamente federal, donde los recursos estratégicos y las decisiones políticas y técnicas que sobre ellos inciden puedan emanar de las 23 provincias que nos constituyen y dan identidad y justificación como Nación. No otra cosa es el Estado Nacional: 23 provincias (y 24 jurisdicciones) unidas en pos de un objetivo común. Las voces que hoy rechazan el acuerdo antedicho y la reforma hidrocarburífera, doblemente progresivos desde que ocurren en tiempos de una YPF renacionalizada, son las mismas voces que en septiembre de 1927 -y a lo largo de 1928- hicieron fracasar la iniciativa de Mosconi, Baldrich e Yrigoyen; son las mismas voces que, en infinidad de pasajes de nuestra historia no sólo desmembraron el territorio original de las Provincias Unidas, sino que intentaron incluso fragmentarlo mucho más allá de sus límites actuales, por suerte infructuosamente. La superación de la falsa y dañina dicotomía entre Nación y provincias -que por sobre cualquier análisis técnico resulta lo más trascendental del reciente acuerdo petrolero- engrandece al pueblo argentino y consolida la República en calidad de Nación.